El Tribunal Oral Federal de Tucumán aprobó el cómputo de las penas impuestas a Rafael Chibilisco Guzmán y Daniel Leandro Fregenal, condenados por intimidación pública agravada por odio religioso, y fijó para el 16 de septiembre de 2030 la fecha de cumplimiento de ambas condenas.
Jueves, 29 de octubre de 2026

El Tribunal Oral Federal de Tucumán aprobó el cómputo de las penas impuestas a Rafael Chibilisco Guzmán y Daniel Leandro Fregenal, condenados por intimidación pública agravada por odio religioso, y fijó para el 16 de septiembre de 2030 la fecha de cumplimiento de ambas condenas. La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue firmada por el juez Pablo Roberto Toledo, que integró el tribunal de forma unipersonal.
Además de aprobar los cómputos y la planilla de costas practicados por secretaría el 9 de octubre, el magistrado intimó a cada uno de los condenados a pagar 4.700 pesos en concepto de tasa de justicia, que no habían abonado. También ordenó realizar las comunicaciones previstas por la ley 22.117 del Registro Nacional de Reincidencia.
Condenas condicionales
Las penas habían sido impuestas el 16 de septiembre de este año, mediante un juicio abreviado. Chibilisco Guzmán recibió tres años de prisión de ejecución condicional y Fregenal, dos años y siete meses, también condicional. A ambos se les impusieron las costas del proceso y reglas de conducta. La fecha de 2030 que ahora fija el tribunal marca el vencimiento del plazo de la condicionalidad. En consecuencia, ninguno de los dos irá a prisión mientras cumpla las reglas impuestas.
La sentencia, a la que también tuvo acceso LITIGIO, calificó los hechos como intimidación pública (art. 211 del Código Penal), agravada por la ley 23.592 contra actos discriminatorios, que eleva en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal cuando el delito se comete por persecución u odio a una religión.
El origen de la causa
La investigación comenzó con una denuncia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), formulada por su apoderado, Gabriel Camiser. Según el acuerdo de partes, desde junio de 2020 los acusados integraron, junto con otras personas no identificadas, un grupo de ideología nacionalsocialista y marcado contenido antisemita. Desde allí difundieron mensajes negacionistas del Holocausto y expresiones judeofóbicas, con referencias a posibles acciones violentas contra la comunidad judía de Tucumán. También planificaron pintadas antisemitas contra instituciones judías.
La pesquisa reveló, además, que el grupo no se limitaba a la difusión ideológica. En los allanamientos de abril de 2021 se secuestraron, en el domicilio de Chibilisco Guzmán, una pistola, un rifle de aire comprimido, armas blancas, carabinas, escopetas, municiones, un pasamontañas y dos handies. En la casa de Fregenal se incautaron seis teléfonos celulares, una notebook y una CPU. Se halló también material sobre fabricación de explosivos y documentación de formación para actuar bajo una metodología de “células”.

Reglas de conducta
Durante tres años, los condenados deberán fijar residencia, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) de Tucumán, presentarse ante el tribunal cuando sean requeridos y abstenerse de cometer nuevos delitos. También tienen prohibido concurrir o vincularse con organizaciones o actividades destinadas a promover persecución, odio o violencia racial o religiosa.
Se les impuso, además, una restricción de acercamiento a siete instituciones de la comunidad judía de Tucumán y Yerba Buena: la Kehila de Tucumán, el Templo Sefaradí, Beit Jabad, la Escuela Integral Argentino Hebrea Independencia, el Colegio Maimónides, la Unidad Sionista Tucumana y el Cementerio Israelita. Las partes habían pedido una distancia mínima de 300 metros. El juez la redujo a 100 metros en situación de permanencia, por tratarse de sitios ubicados en zonas de alto tránsito. El tránsito eventual, sin detenerse y sin pasar por el frente de los establecimientos, no se considerará violación. El incumplimiento de cualquiera de las reglas puede derivar en la revocación de la condicionalidad.
La sentencia ordenó el decomiso de las armas sin dueño legítimo, lo que deberá acreditarse por vía incidental, y de los demás elementos secuestrados. En el caso de Fregenal, la defensa pidió en la audiencia que se le aplicara el mínimo de la escala, a lo que prestaron conformidad la fiscalía y la querella, de modo que su pena quedó por debajo de los tres años del acuerdo original.