La medida apunta a reforzar el cumplimiento de la cautelar que prohíbe los desmontes en la provincia. El Juzgado Federal 1 de Resistencia puso el foco en zonas cercanas al Parque Natural Loro Hablador y al corredor de conectividad con el Parque Nacional Copo, donde se denunciaron nuevas intervenciones forestales.
Jueves, 22 de octubre de 2026

La Justicia Federal ordenó a la Gendarmería Nacional intensificar los patrullajes preventivos en las zonas de bosque nativo del Chaco alcanzadas por la prohibición judicial de desmontar y convocó a una audiencia interinstitucional para coordinar mecanismos de vigilancia, fiscalización y detección temprana de posibles incumplimientos. La decisión se produjo después de que la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunciara nuevos desmontes y solicitara medidas para garantizar la efectividad de la cautelar.
La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada el martes por el Juzgado Federal de Resistencia 1, a cargo de Zunilda Niremperger, en el marco del expediente iniciado en 2024. El juez dispuso que Gendarmería actúe en coordinación con la autoridad forestal provincial y requirió que, en un plazo de cinco días, informe las primeras medidas operativas adoptadas, los sectores priorizados y los mecanismos de articulación con los organismos chaqueños.
Además, fijó para el 3 de noviembre, a las 8.30, una audiencia por medios telemáticos con participación de autoridades nacionales y provinciales, organismos de seguridad y la querella ambientalista. El objetivo será establecer un esquema de control que permita hacer efectiva la medida cautelar restablecida por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia el pasado 22 de septiembre.
Zonas sensibles
Uno de los puntos centrales de la resolución es la identificación de áreas que requieren especial atención por el riesgo de nuevos desmontes. Entre ellas, el juzgado mencionó los sectores próximos al Parque Natural Provincial Loro Hablador y al corredor de conectividad ambiental con el Parque Nacional Copo.
En particular, ordenó prestar atención a un inmueble ubicado en el departamento Almirante Brown, identificado como parcela 68, lote 55, circunscripción IV, donde se denunciaron recientemente actividades de desmonte. La resolución individualiza el lugar mediante sus coordenadas geográficas y requiere que los organismos competentes aporten información sobre eventuales autorizaciones y actuaciones administrativas vinculadas con ese predio.
Las tareas de vigilancia deberán orientarse a detectar tempranamente posibles intervenciones forestales, constatar los hechos y comunicar de inmediato las novedades a las autoridades competentes y al Ministerio Público Fiscal, con el propósito de impedir que continúe o se agrave el daño ambiental.
El magistrado también dispuso que Gendarmería priorice los bosques nativos comprendidos en las categorías de conservación alcanzadas por la prohibición judicial y otras áreas en las que los antecedentes disponibles o la información técnica indiquen un riesgo concreto de nuevos incumplimientos.
Mesa interinstitucional
La audiencia convocada para el 3 de noviembre reunirá al Ministerio Público Fiscal Federal, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas —que interviene como querellante—, las autoridades nacionales competentes en materia de bosques nativos y ambiente, y los organismos provinciales con responsabilidades forestales y ambientales.
También deberán participar Gendarmería Nacional, la Policía del Chaco, especialmente las dependencias con funciones de prevención rural y ambiental, y la Administración de Parques Nacionales.
El encuentro buscará definir las zonas prioritarias de fiscalización, implementar mecanismos de vigilancia territorial, patrullaje preventivo y monitoreo satelital, y distribuir las responsabilidades entre las distintas jurisdicciones.
Otro de los objetivos será establecer un protocolo de comunicación inmediata ante la detección de desmontes presuntamente ilegales o de incumplimientos de la orden judicial. También se deberán determinar responsables institucionales, periodicidad de los controles, mecanismos de intercambio de información y presentación de informes al Ministerio Público Fiscal.
En paralelo, el juzgado requirió a la Dirección de Bosques del Chaco y a la autoridad nacional competente que informen qué herramientas de monitoreo satelital, alertas tempranas y fiscalización tienen disponibles, así como las posibilidades de articular un sistema de seguimiento periódico de las áreas alcanzadas por la cautelar.
Ambos organismos deberán aportar, antes de la audiencia, los antecedentes administrativos que registren sobre el inmueble señalado, las autorizaciones que pudieran existir y las constataciones que se hayan realizado.
La cautelar
La decisión se inscribe en una causa que investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de cambio de uso del suelo, recategorizaciones de predios y decisiones administrativas y legislativas que habrían favorecido desmontes ilegales en zonas protegidas del Chaco.
La medida cautelar fue dictada en 2024 y suspendió los desmontes autorizados que todavía no se habían ejecutado, además de impedir el otorgamiento de nuevos permisos. Sin embargo, el 14 de agosto de este año, la jueza federal de primera instancia había dispuesto el cese de esa protección, al considerar que las circunstancias habían cambiado tras la sanción de la Ley provincial 4152-R y la aprobación de un nuevo Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos.
El 22 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó esa decisión e hizo lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la querella ambientalista. El tribunal consideró que la modificación normativa no bastaba para dar por superado el riesgo ambiental y que todavía era necesario contar con los resultados de una pericia ambiental en curso. Con ese fallo, la prohibición volvió a regir en los términos originales mientras avanza la investigación.
Ahora, ante la denuncia de nuevas intervenciones forestales, el Juzgado Federal dispuso medidas concretas para reforzar su cumplimiento. No obstante, aclaró expresamente que las nuevas órdenes no amplían ni modifican el alcance territorial, material o temporal de la cautelar vigente, sino que buscan asegurar su efectiva observancia.
El tratamiento definitivo de las restantes medidas de control solicitadas por la querella quedó pendiente para la audiencia del 3 de noviembre, cuando las partes y los organismos convocados deberán evaluar qué herramientas adicionales resultan necesarias y factibles para prevenir nuevos daños sobre el bosque nativo chaqueño.
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