Compartir

La Cámara Federal de Posadas confirmó que la causa por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, en marzo de 2008, seguirá en el fuero federal. El tribunal ratificó así la detención del exjefe de guardia de la comisaria de la localidad de 2 de Mayo, Carmelo Cerdán Cruz, quien realizó una serie de planteos contra su aprehensión y cuestionó la competencia federal en la causa, que nunca había sido objetada desde 2021. Los camaristas descartaron todos los planteos de la defensa y ratificaron la detención del exagente de la Policía de Misiones, imputado junto a otros 16 funcionarios y exfuncionarios policiales. Además, señalaron que aunque, la calificación es provisoria, la desaparición forzada “es un delito permanente” y que por la gravedad de los hechos se mantendrá la competencia federal.

Miércoles, 21 de octubre de 2026
Mario Fabián Golemba tenía 27 años cuando desapareció en 2 de Mayo (Misiones)

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas rechazó el recurso de Carmelo Alberto Cerdán Cruz, uno de los policías imputados por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba en Dos de Mayo, Misiones, y confirmó que la investigación seguirá en la Justicia Federal. En una resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, los jueces Mario Boldú y Fabián Cardozo también dejaron firme el rechazo a los pedidos de nulidad y de libertad inmediata del exjefe de guardia.

La resolución es un nuevo capítulo de la causa que recobró impulso en agosto pasado, cuando la Justicia Federal ordenó la detención de 16 efectivos de la Policía de Misiones, en actividad y retirados, por la desaparición de Golemba, ocurrida el 27 de marzo de 2008. La fiscalía sostiene que hubo un “pacto de silencio institucional” para encubrir lo sucedido.

Los planteos de la defensa

Cerdán Cruz había sido citado a indagatoria el 13 de agosto, imputado por el artículo 142 ter del Código Penal. Según el Libro de Guardia secuestrado, el día de la desaparición se desempeñaba como jefe de guardia entrante en la comisaría de Dos de Mayo. Ante la imputación, se abstuvo de declarar.

Su defensa apeló la decisión de primera instancia con cuatro agravios. Sostuvo que se lo obligaba a aportar “datos veraces” sobre el paradero de la víctima y que se pretendía usar una declaración suya de 2009 en un sumario administrativo, lo que violaría la garantía contra la autoincriminación. Planteó además que el delito de desaparición forzada se incorporó al Código Penal en 2011, mediante la ley 26.679, y que los hechos son de 2008, cuando su asistido ya había entregado el servicio y se había retirado de la fuerza. De ahí dedujo que la causa debía pasar a la justicia provincial, al Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá, y que la detención preventiva era nula por haber sido dictada por un juez incompetente.

“Delito permanente”

La Cámara rechazó cada punto. Sobre la autoincriminación, remarcó que la declaración en el sumario administrativo y la indagatoria son actos de distinta naturaleza, y que en esta última el imputado estuvo asistido por su defensa y ejerció su derecho a no declarar. A criterio del tribunal, nunca fue conminado a hablar. Agregó que la defensa no demostró un perjuicio concreto que justifique anular lo actuado, y recordó que la Corte Suprema no admite declarar nulidades “por la nulidad misma”.

El núcleo del fallo está en el análisis de la ley penal. Los jueces recordaron que la desaparición forzada es un delito permanente: no se agota en la detención inicial, sino que se sigue cometiendo mientras la persona no aparezca o no se determine el paradero de sus restos. Si esa conducta continúa bajo una norma posterior más grave, su aplicación no es retroactiva sino inmediata. Como el artículo 142 ter rige desde abril de 2011 y Golemba sigue desaparecido, concluyeron que no hay violación al principio de legalidad.

La Cámara añadió un argumento subsidiario. Aun si se aceptara el planteo de irretroactividad, la solución no sería enviar la causa a la justicia provincial ni dejar impune al imputado, sino reencuadrar los hechos en figuras que ya existían en 2008, como la privación ilegal de la libertad agravada por la condición de funcionario público, las torturas o el homicidio agravado. La calificación, subrayó, es provisoria en la etapa de instrucción, y la competencia federal se mantiene por la gravedad del hecho y por haber sido cometido por personal policial en ejercicio de sus funciones.

La detención, firme

Sobre la prisión preventiva, el tribunal sostuvo que fue dictada por la autoridad judicial que tenía jurisdicción en ese momento. Consideró que está fundada en riesgos procesales concretos, en particular el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y que cumple los parámetros de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. La Fiscalía General había pedido rechazar el recurso en todos sus términos, y recordó que la competencia federal fue declarada en 2021 y que nunca había sido cuestionada durante más de cinco años de instrucción. También indicó que los riesgos procesales deben evaluarse de forma individual para cada uno de los 17 imputados.


Compartir