El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó este lunes a una banda integrada por cuatro policías de esa provincia y a un civil, por el secuestro extorsivo de un joven que fue retenido en una dependencia policial, donde su madre debió pagar un rescate para liberarlo. El tribunal les impuso penas de 10 años de prisión efectiva, y el mismo tiempo de inhabilitación. La sentencia también hizo lugar a la acción promovida por la Defensoría de Víctimas y los condenados y la Provincia de Tucumán deberán pagar una indemnización por daño moral a la víctima.
Lunes, 19 de octubre de 2026

El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó este lunes a cuatro agentes de la policía de esa provincia y a un civil por el secuestro extorsivo de un joven que fue retenido en una dependencia policial, donde su madre debió pagar un rescate para liberarlo.
La sentencia, a la que tuvo acceso LITIGIO, condenó a Gustavo Ezequiel Morales, Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz y Franco Javier Jiménez a 10 años y 6 meses de prisión efectiva. A Facundo Nahuel Amaya le impuso 10 años. A los cuatro primeros también les aplicó inhabilitación especial por 10 años para ejercer cargos policiales.
El tribunal, integrado por Pablo Toledo, Marta Snopek y Ángel Luna Roldán, consideró a los cinco responsables de secuestro extorsivo consumado, agravado por el cobro del rescate y por la participación de tres o más personas. A Morales, Gómez, Díaz y Jiménez se les sumó la agravante de haber pertenecido a la Policía de Tucumán al momento del hecho. En el caso de Amaya, la condena no incluye esa agravante. El tribunal consideró a Morales partícipe necesario y a los otros cuatro, coautores. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el lunes 26 de octubre, a las 12:30.
El caso
La causa se originó en febrero de 2024. Según la acusación del fiscal federal Agustín Chit, los policías Gómez, Díaz y Jiménez, junto a un civil y bajo las órdenes del comisario Morales, jefe de la Jefatura de Zona III, irrumpieron en la vivienda de un joven de 28 años en un barrio privado de la capital tucumana. Lo habían contactado a través de un grupo de Telegram con el pretexto de comprarle cannabis.
La víctima fue obligada a subir a un Renault Megane y llevada a la dependencia policial. Allí, según la fiscalía, la golpearon, la obligaron a desnudarse y le sacaron fotografías. Mientras tanto, otros integrantes del grupo llamaron a su madre y le exigieron dinero a cambio de la liberación, con el argumento de que tenían elementos para vincularlos con el narcotráfico. La mujer fue citada a la jefatura y, durante la madrugada, entregó 240 mil pesos.
La investigación determinó que el ingreso del joven nunca se asentó en los libros oficiales y que no existía orden judicial de detención ni una causa en su contra por la ley de estupefacientes. Además, los peritajes sobre los celulares de los imputados permitieron recuperar fotografías de la víctima tomadas ese día y conversaciones de WhatsApp que mostraban coordinación y pedidos de dinero.
Un dato relevante es la calificación de la participación de Morales. Cuando la causa fue elevada a juicio en mayo, el Juzgado Federal N°1 había mantenido el criterio de los procesamientos, confirmados por la Cámara Federal, y lo había considerado partícipe secundario, pese a que el fiscal Chit había pedido que se lo juzgara como partícipe necesario. Ahora el Tribunal Oral lo condenó bajo esa última figura, la misma que había planteado la fiscalía, y le aplicó la misma pena que a los coautores.
Prisión preventiva, decomiso e indemnización
La sentencia mantiene las prisiones preventivas de los cinco condenados hasta que el fallo quede firme y ordena el decomiso del Renault Megane y de los demás elementos secuestrados en la causa. También mantiene la medida cautelar de impedimento de acercamiento y de contacto a favor de las víctimas.
En el plano civil, el tribunal hizo lugar a la acción promovida por la Defensoría de Víctimas y condenó solidariamente a los cinco condenados y a la Provincia de Tucumán a pagar una indemnización por daño moral. Deberán abonar 2.000.000 de pesos al joven y 1.500.000 pesos a su madre, además de las costas del proceso civil. Las sumas están calculadas a valores actuales y devengarán intereses según la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central desde la sentencia hasta el pago efectivo.