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La Cámara Federal de Salta dejó sin efecto el archivo dispuesto por la jueza de primera instancia, al considerar que no explicó por qué cambió de criterio. El expediente había incorporado testimonios de otra causa del mismo juzgado, donde ya hay dos procesados por la detención ilegal de la madre del denunciante, ya condenados en otras causas por delitos de Lesa Humanidad. Los jueces observaron que el denunciante aportó un dato relevante sobre quién podría ser su padre biológico, el comentario atribuido al padre registral sobre un médico, y que no se desarrolló ninguna línea de investigación en ese sentido. Sin embargo, el tribunal confirmó que, por ahora, no corresponde exhumar al hombre que figura como padre del denunciante. 

Miércoles, 14 de octubre de 2026

La Cámara Federal de Salta revocó el archivo de una causa que investiga si un hombre nacido en esa ciudad fue víctima de una sustitución de identidad vinculada con el terrorismo de Estado, y ordenó devolver el expediente al Juzgado Federal N° 2 para que la fiscalía siga investigando. Sin embargo, el tribunal confirmó el rechazo de la exhumación del padre registral y del cotejo genético que había pedido el fiscal, porque con las pruebas reunidas hasta ahora no se advierte un vínculo entre la detención ilegal de la madre y el nacimiento del denunciante.

La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada este miércoles 14 de octubre con la firma de los jueces Alejandro Castellanos y Mariana Catalano.

El origen de la causa

La investigación comenzó con la declaración de un hombre que, en noviembre de 2022, recibió un mensaje de texto atribuido a Abuelas de Plaza de Mayo que lo invitaba a hacer consultas si tenía dudas sobre su identidad. Esa comunicación aumentó una sospecha que ya tenía. Contó que vecinos le habían referido que su padre, inspector de la Policía de Salta que murió en 2004, habría dicho en una discusión que no era su hijo y que “sería hijo de un médico”. También relató que su madre le contó lo que había vivido durante la dictadura y que, cuando le planteó sus dudas, le respondió “pavadas” y le aseguró que era hijo de ambos. La madre murió en abril de 2024.

La fiscalía federal abrió una investigación preliminar. Se tomó una muestra de sangre al denunciante en mayo de 2023 y se la comparó con los grupos familiares de personas desaparecidas que figuran en el Banco Nacional de Datos Genéticos. El resultado fue negativo: no se hallaron índices de parentesco con valores estadísticamente significativos.

La detención de la madre

El expediente incorpora testimonios de otra causa del mismo juzgado, donde ya hay dos procesados por la detención ilegal de la madre del denunciante: Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray. Según esos testimonios, fue detenida por la Policía Federal el 20 de junio de 1975, durante cinco días, mientras estaba en un domicilio con otras personas buscadas por las fuerzas. Habría sido interrogada, golpeada y torturada. Una amiga declaró que, tras la detención, un comisario le propuso “salvarla” a cambio de que se le entregara como pareja, y que él le alquiló una pensión donde la visitaba. Según ese relato, la mujer se desvinculó del comisario cuando conoció al hombre con quien después se casó, un ex policía que tenía una inmobiliaria.

El fiscal sostuvo que existe una conexión entre la detención de la madre, el sometimiento posterior a ese comisario y la concepción del denunciante. Pidió inspeccionar el lugar de sepultura del padre registral, exhumar sus restos y obtener muestras de ADN para compararlas con las del denunciante.

El cambio de criterio de la jueza

La jueza de primera instancia había declarado vigente la acción penal en marzo de 2025, con el argumento de que podía tratarse de graves violaciones a los derechos humanos, imprescriptibles, y había ordenado las medidas del fiscal. Incluso comenzó a ejecutarlas, al enviar un oficio al cementerio. En junio de 2026, sin que hubiera elementos nuevos, ordenó el archivo y rechazó esas mismas medidas.

La Cámara, con las firmas de los jueces Alejandro Castellanos y Mariana Catalano, consideró que ese giro no estaba justificado. Un magistrado puede cambiar de criterio, señalaron, pero debe explicar sus razones y, en su caso, dejar sin efecto lo que había resuelto antes. La jueza, en cambio, omitió toda referencia a su decisión anterior y analizó el caso como si fuera la primera vez.

Por qué no habrá exhumación por ahora

Aun así, los camaristas aclararon que el planteo de la fiscalía no rebatía los argumentos de fondo de la jueza ni explicaba por qué eran necesarias las medidas. Para el tribunal, hoy no está demostrado un nexo concreto entre la privación de libertad de la madre y las circunstancias de la concepción del denunciante. Entre ambos hechos pasaron más de dos años: la detención fue en junio de 1975 y el hijo nació en julio de 1977. Además, la partida de matrimonio de los padres registrales es de mayo de 1976, es decir, un año antes del nacimiento, lo que en principio despeja la duda de si la madre estaba embarazada al casarse.

La Cámara también cuestionó el argumento de que el padre registral era policía, porque no se sabe cuándo dejó la fuerza, qué cargo tenía ni en qué dependencia actuó. Según la testigo, fue justamente quien sacó a la madre de la situación de sometimiento. Y sobre el resultado negativo del Banco de Datos Genéticos, afirmó que no elimina las incertidumbres del denunciante, pero que en el estado actual no permite vincular el caso con una apropiación de menores o una sustitución de identidad ligada al aparato represivo.

Los jueces observaron además que el denunciante aportó un dato relevante sobre quién podría ser su padre biológico, el comentario atribuido al padre registral sobre un médico, y que no se desarrolló ninguna línea de investigación en ese sentido.

Con la revocación del archivo, el expediente vuelve al juzgado de origen para que el fiscal continúe con la pesquisa. Cuando reúna pruebas, deberá definir el objeto de la investigación, los posibles responsables y los delitos que imputa, o desistir de la acción penal. La Cámara dejó abierta la posibilidad de reevaluar la exhumación si surgen nuevos elementos.

 

Para acceder a la sentencia completa escribir a revistalitigio@gmail.com

 


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