La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia ordenó revisar si fue legal la internación involuntaria de un joven de 19 años en una clínica privada, pese a que ya había recibido el alta. El tribunal sostuvo que el fin de la internación no exime a la Justicia de pronunciarse sobre la legalidad de la medida. La resolución cuestionó así el accionar del juez Juan Pablo Lubary quien cerró la causa sin un análisis de fondo sobre el respeto de los derechos de la persona internada.
Martes, 13 de octubre de 2026

La Justicia chaqueña revocó una resolución del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 3 de Resistencia, a cargo de Juan Pablo Lubary, que había declarado abstracta una causa de control de legalidad por la internación involuntaria de un joven en la Clínica San Gabriel. La decisión fue adoptada mediante una sentencia firmada el pasado 7 de octubre, por las magistradas de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia.
Según pudo saber LITIGIO, el expediente se había iniciado a partir de una internación ocurrida entre el 17 y el 19 de febrero de 2025. Según el informe de la institución médica, el paciente recibió el alta luego de una evaluación psiquiátrica que determinó que no existía riesgo para sí mismo ni para terceros. A partir de esa circunstancia, el juzgado de primera instancia consideró que ya no había una cuestión que resolver.
Sin embargo, esa decisión fue apelada por Claudia Sforza, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de la provincia del Chaco, quien cuestionó que se hubiera cerrado el proceso sin verificar si la internación había cumplido con los requisitos legales. El planteo puso en discusión el alcance del control judicial sobre las internaciones involuntarias y la obligación de los magistrados de garantizar los derechos de las personas con padecimientos de salud mental.
El alta médica
En su resolución, las camaristas Wilma Martínez y Eloísa Barreto remarcaron que la internación involuntaria constituye una medida excepcional, de carácter restrictivo, que únicamente puede justificarse cuando existe un riesgo cierto e inminente de que la persona cause un daño de entidad a sí misma o a terceros.
En ese marco, señalaron que la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 establece un procedimiento específico para controlar la legalidad de estas internaciones. La normativa exige la notificación a la Justicia y al Órgano de Revisión, además de una evaluación judicial dentro de un plazo máximo de tres días desde la notificación.
La Cámara subrayó que el hecho de que una persona haya sido externada no vuelve abstracta la necesidad de determinar si su internación fue legal. Por el contrario, consideró que el control debe abarcar la medida desde sus fundamentos iniciales, independientemente de que la persona continúe o no alojada en la institución sanitaria.
En ese sentido, el fallo recordó un antecedente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, la Sentencia 195 del 18 de julio de 2025, que ya había establecido que una mera declaración de abstracción resulta insuficiente en este tipo de procesos.
Según ese criterio, los jueces deben pronunciarse expresamente sobre la legalidad o ilegalidad de la internación involuntaria, incluso cuando esta haya finalizado. La exigencia busca determinar si la eventual restricción de la libertad ambulatoria se produjo conforme a las garantías constitucionales y legales.
Obligación de proteger
Las magistradas también destacaron que el artículo 41 del Código Civil y Comercial de la Nación exige que toda internación involuntaria esté fundada en una evaluación interdisciplinaria, que no exista una alternativa eficaz menos restrictiva de la libertad y que se garantice el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa.
A su vez, el artículo 239 del Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia del Chaco establece que el juez debe convalidar la internación cuando se cumplan los requisitos legales, solicitar informes ampliatorios o peritajes si fueran necesarios, o denegar la medida cuando no se encuentren acreditados sus presupuestos. También dispone que la decisión debe comunicarse al Órgano de Revisión de Salud Mental.
Para la Cámara, el control judicial no es una formalidad que pueda darse por cumplida con la sola comunicación del alta médica. Se trata de una garantía destinada a proteger los derechos fundamentales de quien atraviesa una internación involuntaria, una medida que puede afectar directamente su libertad personal.
El tribunal recordó que esa función se vincula con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, tutela judicial efectiva y debido proceso, y con la responsabilidad del Estado de garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
“Concluímos que en la internación involuntaria, si bien es decidida por el equipo de salud corresponde de inmediato el control judicial”, señalaron las juezas en el fallo. “Ello es necesario con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la persona que se encuentra internada, y especialmente implica la necesidad de que el juez de oficio procure que la medida tutele a la persona, asegure el principio del debido proceso en la medida adoptada”, remarcaron.
Y añadieron que no pueden dejar de mencionar que la función judicial de control inmediato “tiene raigambre constitucional, por lo que el juez debe tomar las medidas urgentes que la situación requiera, todo ello en consonancia con los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad, tutela judicial efectiva y el debido proceso como fundamentales y básicos para la protección de los derechos de los pacientes con padecimientos de salud mental”.
Volver al juzgado
Finalmente, la Sala Primera revocó la resolución del 19 de marzo de 2025 y ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la internación del joven en la Clínica San Gabriel.
La decisión no determinó que la internación hubiera sido ilegal, sino que estableció que esa cuestión todavía debía ser examinada judicialmente. El juzgado deberá analizar las constancias incorporadas al expediente y emitir una resolución expresa sobre el cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación vigente.
De esta manera, el fallo reafirma que el alta médica no pone fin a la obligación judicial de controlar una internación involuntaria: aun cuando la medida haya concluido, la Justicia debe determinar si se ajustó a derecho y si se respetaron las garantías de la persona afectada.
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