El Superior Tribunal de Justicia del Chaco convalidó las abstenciones que hicieron caer los concursos para dos fiscalías de Sáenz Peña. La decisión tiene antecedentes: en 2022 había avalado un procedimiento similar en el caso Miño, aunque entonces reconoció que la Justicia podía intervenir frente a decisiones manifiestamente irrazonables del Consejo de la Magistratura. La sentencia termina así por consolidar una práctica preocupante: la posibilidad de frustrar concursos mediante decisiones cuya justificación concreta queda prácticamente fuera del control judicial.
Domingo, 11 de octubre de 2026

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco convalidó las abstenciones que hicieron caer los concursos para dos fiscalías de Sáenz Peña. La decisión tiene antecedentes: en 2022 había avalado un procedimiento similar en el caso Miño, aunque entonces reconoció que la Justicia podía intervenir frente a decisiones manifiestamente irrazonables del Consejo de la Magistratura. En 2023, los mismos jueces que hoy integran el STJCh rechazaron las costumbres políticas contrarias a la legalidad en una causa promovida, entre otros, por Leandro Zdero. Tres sentencias que permiten examinar la coherencia de los criterios judiciales y las sospechas de complacencia con el poder de turno.
La sentencia 478/26 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, firmada por Emilia María Valle, Iride Isabel María Grillo y Alberto Mario Modi, convalidó las cuatro abstenciones que frustraron los concursos para las Fiscalías de Investigación Penal Nº 1 y 5 de Sáenz Peña. Los tres postulantes que alcanzaron el nivel de excelencia —Cristian Arana, Geraldine Dilchoff Kesque y Tatiana Mañak— quedaron sin posibilidad de ser propuestos en esos procedimientos por una decisión sustentada en apreciaciones genéricas sobre su moralidad, ética y condiciones personales, sin identificar hechos concretos que permitieran verificarlas.
La consejera Carolina Meiriño reconoció expresamente que respondía a un mandato político del Poder Ejecutivo. Los restantes consejeros que se abstuvieron invocaron instrucciones y acuerdos entre representantes de la abogacía. Para el STJCh, esas explicaciones resultaron suficientes. Incluso sostuvo que la práctica de acompañar decisiones sectoriales encontraba respaldo en la costumbre como fuente del derecho constitucional, con cita de Germán Bidart Campos.
El antecedente “Miño”
El caso tiene un antecedente directo que el propio tribunal conoce. En noviembre de 2021, el Consejo de la Magistratura declaró desierto el concurso para la Fiscalía de Investigación N.º 1 de General San Martín, pese a que Noelia Beatriz Miño era la única postulante que había quedado en condiciones de ser propuesta. Cinco consejeros se abstuvieron y solamente dos acompañaron su candidatura.
Miño acudió a la Justicia y obtuvo una medida cautelar que ordenaba proponerla y tomarle juramento. Sin embargo, mediante la sentencia 38/22, el STJCh anuló las actuaciones judiciales y consideró válida la decisión del Consejo, porque la postulante no había reunido los cuatro votos afirmativos exigidos por la reglamentación.
Aquel pronunciamiento, suscripto por un tribunal integrado, entre otros, por Alberto Modi, reconoció la autonomía del Consejo para seleccionar candidatos. Pero también dejó establecido que la Justicia podía intervenir ante transgresiones graves del ordenamiento jurídico o decisiones manifiestamente irrazonables que convirtieran el procedimiento en una «parodia del concurso».
La diferencia con Sáenz Peña merece atención. En el caso Miño, una resolución judicial había llegado a ordenar directamente su propuesta y designación. En 2026, la jueza Lorena Hruza se limitó a anular las abstenciones cuestionadas y disponer un nuevo acto de selección con otra integración, sin imponer la designación de ninguno de los concursantes.
La pregunta es qué control queda disponible cuando las abstenciones que frustran un concurso se apoyan en descalificaciones morales sin hechos concretos que las respalden.
La contradicción con el fallo favorable a Zdero
La cuestión adquiere otra dimensión al revisar la sentencia 23/23, dictada en marzo de 2023. Entonces, el STJCh hizo lugar a las acciones promovidas, entre otros, por Leandro Zdero contra decisiones de la Legislatura vinculadas con la suspensión de las PASO y las candidaturas múltiples.
En aquella oportunidad, Grillo, Valle y Modi —junto con Víctor Del Río— defendieron un control judicial riguroso sobre los procedimientos de los órganos políticos.
El tribunal fue categórico: «Las reglas de juego […] son, ante todo, reglas de derecho». Y rechazó que las costumbres pudieran utilizarse contra la legalidad por quienes circunstancialmente ejercieran una mayoría.
En 2026, esos mismos tres jueces recurren a la costumbre para respaldar una práctica de acatamiento de mandatos sectoriales que terminó frustrando dos concursos públicos.
Los casos tienen objetos diferentes, pero plantean una cuestión constitucional común: los límites jurídicos de las decisiones políticas y la obligación judicial de controlarlos. El STJCh podía distinguirlos. Lo que debía hacer era explicar por qué las prácticas institucionales merecían un examen tan exigente en 2023 y una interpretación más permisiva en 2026.
La contradicción se profundiza cuando Valle y Grillo aclaran que su decisión no implica compartir las descalificaciones morales formuladas contra los concursantes. Reconocen sus antecedentes profesionales y académicos, pero mantienen la validez de las abstenciones sustentadas en aquellas apreciaciones. Las juezas toman distancia de las razones, mientras convalidan sus consecuencias.
Los antecedentes de «Miño» y «Aguirre» reconocen un margen propio de valoración al Consejo de la Magistratura. También dejan abierta la posibilidad de controlar judicialmente los excesos manifiestos de esa facultad. La cuestión que sigue sin resolverse satisfactoriamente es cuándo una abstención fundada en mandatos políticos y objeciones morales indeterminadas atraviesa ese límite.
La sentencia 478/26 termina así por consolidar una práctica preocupante: la posibilidad de frustrar concursos mediante decisiones cuya justificación concreta queda prácticamente fuera del control judicial.
Y la comparación con 2023 deja una pregunta inevitable: ¿cambiaron los principios constitucionales o cambió el poder político al que deben aplicarse?
La independencia judicial también se mide por la coherencia de las decisiones. Cuando los criterios parecen endurecerse o flexibilizarse según el conflicto político, las sospechas de complacencia con el poder de turno adquieren una dimensión institucional.
Los jueces son los mismos. El gobierno cambió. También cambió el rigor con el que interpretan los límites del poder político.
Porque la costumbre más peligrosa para la República es que los jueces dejen de explicar por qué hoy resuelven de manera distinta de como lo hicieron ayer.