En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Matías Leandro Rodríguez, abogado y comunicador, reflexiona en esta columna para LITIGIO sobre la salud mental como un derecho que no puede sostenerse desde una perspectiva individual ni quedar sujeto a la capacidad de cada persona para conseguir ayuda. Frente al deterioro de los recursos públicos, plantea la importancia de fortalecer los lazos comunitarios sin trasladarles responsabilidades que corresponden al Estado. Una defensa del cuidado colectivo como condición para una vida digna, la inclusión y la democracia.
Sábado, 10 de octubre de 2026

Por Matías Leandro Rodríguez
Hay una forma silenciosa de desmantelar el cuidado que no consiste únicamente en cerrar un servicio, reducir un presupuesto o dejar un equipo sin profesionales. También ocurre cuando el sufrimiento de una persona deja de ser una preocupación compartida y se convierte en un asunto que debe resolver por sí misma. Cuando conseguir un turno, sostener un tratamiento, atravesar una crisis o encontrar a alguien que escuche se transforma en una carrera individual de obstáculos. Cuando, además de padecer, hay que tener los recursos, el tiempo, los contactos y la energía necesarios para conseguir ayuda.
En ese escenario, hablar de salud mental exige algo más que volver a señalar la insuficiencia de los recursos públicos. Exige preguntarnos qué sucede con los vínculos cuando las condiciones materiales para cuidar se deterioran. Y, sobre todo, qué lugar ocupa la comunidad en una sociedad que parece acostumbrarse a que cada quien deba arreglárselas como pueda.
La salud mental nunca fue un asunto estrictamente individual. Sin embargo, con frecuencia la pensamos desde una gramática que aísla: una persona que enferma, un diagnóstico que explica, un tratamiento que intenta reparar. Esa dimensión clínica es indispensable, pero insuficiente si perdemos de vista las condiciones de existencia, las relaciones y los entornos en los que transcurre la vida. Nadie sufre en el vacío. Tampoco se recupera necesariamente en soledad.
Por eso, los lazos comunitarios no son un agregado amable a las políticas de salud mental. Son parte de las condiciones que hacen posible una vida digna. Tener a quién llamar, contar con alguien que advierta una ausencia, disponer de un espacio donde ser esperado, poder volver a un lugar sin que la propia historia se convierta en una condena: son experiencias cotidianas que pueden marcar una diferencia decisiva. No reemplazan un tratamiento, no resuelven una crisis por sí mismas ni eliminan la necesidad de dispositivos especializados. Pero pueden evitar que el sufrimiento se convierta, además, en abandono.
Hay una diferencia fundamental entre afirmar que la comunidad puede cuidar y sostener que debe hacerse cargo de aquello que las políticas públicas dejan sin respuesta. La primera afirmación reconoce una dimensión constitutiva de la vida social; la segunda corre el riesgo de convertir la solidaridad en una obligación sin recursos, y el compromiso afectivo en una prestación informal que nadie remunera, organiza ni acompaña.
Las familias, las amistades, los vecinos, las organizaciones sociales, los clubes, las escuelas y los espacios culturales pueden construir redes de pertenencia y acompañamiento. Pero no todas las personas cuentan con esos vínculos, ni todos los vínculos son protectores. Hay quienes viven en soledad, quienes han sido expulsados de sus familias, quienes encuentran violencia allí donde deberían encontrar cuidado y quienes sostienen a otros hasta quedar, ellos mismos, exhaustos. Idealizar a la comunidad sería desconocer precisamente a quienes más necesitan que el Estado esté presente.
La respuesta, entonces, no consiste en elegir entre Estado y comunidad, como si fueran alternativas excluyentes. Consiste en comprender que la política pública puede fortalecer los vínculos sociales o contribuir, por omisión, a su agotamiento. Puede crear espacios de encuentro, sostener equipos territoriales, acompañar a quienes cuidan y garantizar que una red comunitaria tenga a quién recurrir cuando la situación excede sus posibilidades. O puede retirarse y dejar a cada persona frente a una responsabilidad que, en rigor, es colectiva.
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 ofrece un horizonte que no se agota en la atención clínica: propone una perspectiva de derechos, una mirada integral y comunitaria, y una transformación de las respuestas tradicionales frente al padecimiento psíquico. Pero ese horizonte no debería leerse solamente como una lista de dispositivos que todavía faltan. También nos invita a revisar una concepción del cuidado que históricamente separó a las personas de sus entornos, convirtió la diferencia en motivo de exclusión y depositó en las instituciones cerradas la respuesta a problemas que requieren intervenciones múltiples.
En tiempos de restricción presupuestaria, esa perspectiva adquiere una tensión particular. Sería injusto romantizar la capacidad de las comunidades para responder a necesidades crecientes cuando los recursos se achican. También sería equivocado suponer que toda respuesta comunitaria constituye, por definición, una conquista. Una red puede acompañar, pero también vigilar; puede incluir, pero también expulsar; puede ofrecer pertenencia, pero también imponer silencios. La comunidad no es buena por naturaleza. Necesita condiciones, espacios, reconocimiento y políticas que hagan del cuidado una práctica respetuosa de la autonomía y la dignidad.
La resistencia, en este punto, no consiste en pedirle a la gente que haga más con menos. Consiste en impedir que la escasez se traduzca, además, en aislamiento. En defender los espacios donde todavía es posible encontrarse sin tener que demostrar productividad, resolver un problema o justificar la propia existencia. En sostener que nadie debería quedar reducido a su diagnóstico, a su crisis o a la dificultad que representa para un sistema desbordado. En construir respuestas que no obliguen a elegir entre la autonomía y la compañía, entre recibir atención profesional y conservar los vínculos que hacen habitable la vida cotidiana.
También supone reconocer que cuidar tiene un costo y que ese costo no puede recaer siempre sobre las mismas personas. Si una madre debe abandonar su trabajo para acompañar a un hijo, si una hermana se convierte en la única referencia durante una crisis, si una organización barrial absorbe demandas que exceden ampliamente sus posibilidades, no alcanza con celebrar su compromiso. Hay que preguntarse qué apoyos reciben, qué responsabilidades pueden asumir y cuáles deben permanecer indelegablemente en manos de las instituciones públicas. El cuidado comunitario no puede construirse sobre la invisibilidad de quienes cuidan.
Quizás por eso, frente a la escasez, defender los lazos comunitarios sea también defender una determinada idea de democracia. Una democracia no se mide solamente por las prestaciones que ofrece, sino también por las condiciones que crea para que nadie quede definitivamente afuera de la vida compartida. El derecho a la salud mental no se agota en acceder a una consulta: comprende la posibilidad de vivir sin que el padecimiento implique perder la palabra, los vínculos, el lugar propio y la pertenencia a una comunidad.
No se trata de reemplazar derechos por afectos, ni de pedirle a la solidaridad que haga el trabajo de un presupuesto. Se trata de algo más exigente: evitar que el retroceso de los recursos se convierta también en un retroceso de nuestra capacidad colectiva de reconocer al otro como alguien cuya vida nos concierne.
Porque una comunidad que acompaña no resuelve por sí sola las deudas del Estado. Pero una sociedad que abandona sus vínculos queda todavía más expuesta a que el sufrimiento se privatice, la exclusión se naturalice y la soledad aparezca como un destino individual.
En salud mental, resistir también puede ser esto: no aceptar que una persona tenga que atravesar sola aquello que nos corresponde sostener entre todos. Y trabajar para que ese nosotros no sea una consigna vacía, sino una trama concreta de derechos, instituciones, afectos y responsabilidades compartidas.