A casi dos años de la presentación judicial en reclamo de agua y alimentos para las comunidades Wichí de El Impenetrable, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco aún no resuelve si reactivará o no la medida cautelar que le costó el cargo al exjuez Jorge Sinkovich y que fue revocada hace un año por la Cámara de Apelaciones, tras la apelación del gobierno de Leandro Zdero. En agosto, el procurador subrogante dictaminó por revocar el fallo de Cámara y hacer lugar a la medida cautelar. Desde fines de agosto, el máximo tribunal tiene la definición en sus manos. En el amparo paralelo, la Justicia rechazó escuchar al pueblo Wichí en audiencia pública hasta tanto se resuelva la cautelar.
Sábado, 10 de octubre de 2026

Las familias wichí del Impenetrable siguen esperando una respuesta judicial por lo básico: agua y comida. Lo reclama la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, a quien se sumó el respaldo de un dictamen de la Procuración General firmado a mediados de agosto pasado. En el escrito, al que tuvo acceso LITIGIO, el procurador general subrogante, Sergio Cáceres Olivera, aconsejó al Superior Tribunal de Justicia hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y, por la naturaleza de los derechos en juego, ejercer “jurisdicción positiva”, es decir, resolver directamente en lugar de devolver el caso.
A casi dos años de la presentación judicial, y tras el dictamen del Ministerio Público Fiscal, el máximo tribunal del Chaco tiene en sus manos darle una respuesta a la acuciante situación de las comunidades Wichí de El Impenetrable, absolutamente desamparadas y que siguen sin ser escuchadas por parte de las autoridades del Poder Judicial. Durante el trámite de esta causa quedó en el camino el juez Jorge Sinkovich, quien hizo lugar a la medida cautelar y, ante el incumplimiento del gobierno provincial, fijó multas que lo terminaron eyectando de su cargo bajo amenazas de juicio político por parte del oficialismo.
Una cautelar que duró poco
El conflicto se originó en un amparo colectivo que Gauna Wirz presentó ante el STJ, en noviembre de 2024, en favor de las comunidades indígenas de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y de parajes como El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías y Fortín Belgrano. Son territorios que quedaron fuera de la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de la Nación en 2007 en el reclamo del Defensor del Pueblo de la Nación. Por ese motivo, en aquella oportunidad el STJ consideró que el planteo debía tramitarse en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, que monitorea esa medida.
Así, el juez de primera instancia, Jorge Sinkovich, dispuso una nueva medida cautelar para asegurar agua potable y alimentos al pueblo Wichí. Pero el 22 de septiembre de 2025 la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial la revocó. Entendió que el reclamo no debía tramitar de manera autónoma sino dentro de la ejecución de la causa colectiva iniciada en 2007 por el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) y los pueblos Qom, Wichí y Moqoit. También dejó sin efecto las astreintes, lo que terminó de eyectar al juez Sinkovich de su cargo, tras las amenazas de juicio político por parte de los diputados que responden al gobernador Leandro Zdero.
La Defensora Adjunta recurrió el fallo de la Cámara y sostuvo que aquel proceso tiene un objeto, un alcance territorial y unos antecedentes distintos, que la prueba muestra que la asistencia estatal es insuficiente y que las comunidades tienen derecho a intervenir por medio de sus propios referentes y formas de organización. El gobierno provincial pretende que los reclamos se canalicen a través del IDACh, un organismo al que controla políticamente.
“La sentencia en crisis no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido”
El dictamen de Procuración coincide con ese planteo y califica de arbitraria la decisión de la Cámara. Primero, porque a su criterio interpretó mal la resolución del propio STJ que había remitido las actuaciones al Juzgado Civil y Comercial Nº 6. Ese pronunciamiento, remarca, habló de conexidad y no de cosa juzgada, y ordenó que el trámite continuara y que se evaluaran acciones positivas de refuerzo en agua y alimentos. Si la cuestión hubiera estado ya resuelta, razona el procurador, no habría habido pretensión que continuar.
Segundo, porque la Cámara resolvió con un criterio “predominantemente formal” sin ponderar el factor que justifica toda tutela cautelar: el tiempo. “La falta o insuficiencia de agua y alimentos no constituye un perjuicio que pueda simplemente repararse al final del proceso”, sostiene el dictamen, que describe estas necesidades como condiciones materiales indispensables para conservar la vida y la integridad de las personas. El eventual daño, advierte, tiene rasgos de irreversibilidad: deterioro físico, enfermedad y, en situaciones extremas, pérdida de la vida.
Cáceres Olivera también reprocha que el tribunal planteó la cuestión en términos binarios: o seguía la cautelar o todo pasaba al proceso anterior. Había soluciones intermedias, como mantenerla por un plazo, sujetarla a revisión periódica o sustituirla de forma progresiva a medida que se implementaran las medidas en la ejecución colectiva, hasta acreditar una cobertura efectiva de agua y alimentos.
El tercer eje es la condición de los destinatarios. El procurador recuerda que no se trata de un litigio entre partes en igualdad material, sino de comunidades indígenas de una región marcada por la pobreza, el aislamiento y el déficit de servicios, y cita los casos Yakye Axa, Xákmok Kásek y Lhaka Honhat de la Corte Interamericana, este último una condena a la Argentina por violar los derechos a la alimentación adecuada y al agua potable. La igualdad, concluye, “se mide por los resultados protectores” y no por la existencia de expedientes o programas.

El reloj del amparo
Hay un punto en el que el dictamen se detiene especialmente: la demora. La decisión que, en sus palabras, “dejó desamparadas” a las comunidades fue dictada hace casi un año. Para el procurador eso es un “apartamiento manifiesto” de los estándares de plazo razonable de la Corte Interamericana, agravado porque se trata de un amparo, una vía pensada por la Constitución como rápida, expedita y urgente. La tardanza, afirma, desnaturaliza la garantía y configura por sí sola una violación autónoma del artículo 8.1 de la Convención Americana. Cita además los casos Furlan y Fornerón, donde la Corte IDH advirtió que el paso del tiempo puede agravar la vulneración original.
La acción, además, tiene su propia antigüedad: fue promovida a partir de reuniones y asambleas con líderes y lideresas wichí que la Defensora Adjunta mantuvo en 2024, y el reclamo ya llevaba entonces el pedido expreso de una cautelar por la cercanía de los recesos y las altas temperaturas. Desde entonces, las condiciones que describió siguen a la vista.
Lo que dice el expediente sobre la urgencia
El escrito de la Defensora Adjunta reúne cifras que explican por qué insistió en que no se podía esperar:
–En Misión Nueva Pompeya, el 20% de los hogares tenía red de agua potable en 2010; en 2022, con la población multiplicada, más del 40% de los hogares estaba sin red.
–En el departamento General Güemes, según el Censo 2022, 11.747 de 68.429 viviendas no tienen acceso a agua potable y deben recurrir a cisternas, lluvia, ríos o acequias.
–En parajes como Pozo del Toba, familias consumen agua de aljibes y lagunas que, según el escrito, no es apta para el consumo humano.
–Según las propias comunidades, para el 80% de los niños, niñas y adolescentes la única ración diaria es la que reciben en los comedores. Los ingresos familiares provienen sobre todo de la AUH, la tarjeta alimentaria y la Renta Mínima Progresiva, de alrededor de $20.800.
–En Fortín Belgrano, a 110 kilómetros de El Sauzalito, el centro de salud no tiene médico y los traslados se hacen por caminos de tierra que se vuelven intransitables con las lluvias.
Más allá de la cautelar, el amparo pide que se conforme una Mesa de Coordinación Interinstitucional e Intercultural, con funcionarios provinciales con capacidad de decisión, representantes legítimos de las comunidades y los intendentes, para elaborar un plan con metas medibles y respaldo presupuestario que trascienda a esta gestión. Solicita además audiencias públicas en Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito y la participación de amicus curiae.

Sin escuchar a la comunidad Wichi
Por otro lado, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia confirmó la resolución de la jueza Civil Nº 6 de Resistencia, María Soledad Serrano, que denegó la realización de una audiencia pública para escuchar a la comunidad Wichí, en el marco de la acción de amparo que se tramita ante ese tribunal.
El 11 de septiembre, las camaristas Wilma Martínez y Eloísa Barreto desestimaron el recurso de queja de la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, contra la decisión de la jueza de primera instancia quien difirió la misma hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia resuelva sobre la medida cautelar.
En su resolución, las camaristas señalaron que “la audiencia pública pretendida no posee una implementación positiva en la reglamentación vigente del proceso intentado, lo que sin perjuicio de ello, consideramos que es una facultad exclusiva de la sentenciante su fijación y en la oportunidad procesal que estime pertinente”.
En ese contexto, consideraron que “la prerrogativa de la que hizo uso la magistrada de grado resulta solamente el ejercicio de una facultad de mero conocimiento, no decisoria, no se advierte que pueda causar gravamen irreparable alguno a las recurrentes dado que sólo pretende difiere la oportunidad en que el pedido será considerado, sin que implique denegar lo peticionado”, sostuvieron las juezas de Cámara.
Así las cosas, el pueblo Wichí debe seguir esperando que el STJ resuelva la medida cautelar. Recién en ese momento podrán saber si, por primera vez, serán escuchados o no en esta causa por parte del Poder Judicial del Chaco.