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El Observatorio para la Transparencia en los Procedimientos de Selección de Jueces y Fiscales, que dirige Mario Manuel Peredo Aguirre, sostiene que el sistema chaqueño tiene fallas de publicidad y motivación. Critica con dureza la Sentencia 478/2026 del Superior Tribunal de Justicia, que dejó firme la declaración de desiertos de dos concursos para fiscales de Sáenz Peña y propone reformas en el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento para garantizar mayor transparencia e independencia judicial.

Viernes, 9 de octubre de 2026

La transparencia en la selección de jueces y fiscales, la influencia de las organizaciones profesionales en los concursos y los límites del poder disciplinario sobre magistrados son algunos de los puntos que pone bajo la lupa un reciente informe elaborado por el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco. El documento advierte sobre prácticas que podrían debilitar las garantías de igualdad, publicidad y fundamentación de las decisiones, y reclama reglas que permitan controlar cómo se elige a quienes tendrán la responsabilidad de administrar justicia.

Con fecha del jueves, el trabajo lleva como título Informe sobre Legalidad y transparencia en el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco. Fue realizado por Mario Manuel Peredo Aguirre, magíster en Ciencias Penales, especialista en Derecho Administrativo, Constitucional, Laboral y de Empresas, director del Observatorio para la Transparencia en los Procedimientos de Selección de Jueces y Fiscales del Colegio de Abogados de Resistencia y abogado litigante full time.

“La legitimidad del Poder Judicial comienza antes de la primera sentencia. Se construye también en el procedimiento mediante el cual una comunidad selecciona a quienes podrán resolver sobre su libertad, su patrimonio y el ejercicio de sus derechos”, contextualiza el documento.

“El Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento ocupa, por ello, un lugar decisivo en la arquitectura constitucional: interviene en el acceso a la función judicial y, constituido como jurado, en la responsabilidad de quienes la desempeñan. Ambas atribuciones exigen independencia respecto de intereses particulares y una sujeción especialmente rigurosa a las reglas que habilitan su ejercicio”, añade.

A partir del análisis de la Constitución provincial, las leyes aplicables, antecedentes institucionales y jurisprudencia chaqueña, Peredo Aguirre identifica cinco ejes problemáticos: la publicidad de los sorteos para integrar las comisiones examinadoras, la intervención de entidades profesionales en los concursos, las abstenciones que impiden seleccionar a postulantes que aprobaron las evaluaciones, la falta de criterios suficientemente objetivos en las entrevistas oficiales y los riesgos de afectar la independencia judicial mediante cuestionamientos vinculados con decisiones jurisdiccionales.

La tesis central del documento es que el problema no radica en la existencia de valoraciones sobre los candidatos, sino en que estas puedan apartarse de criterios establecidos previamente, carecer de respaldo documental o quedar fuera del control de los interesados y de la ciudadanía.

El sorteo de examinadores, bajo cuestionamiento

Uno de los puntos centrales del informe es el mecanismo de designación del abogado que integra las comisiones examinadoras. Según el análisis, el artículo 9, inciso c, de la Ley 1133-B exige que el profesional sea designado previo sorteo público de una lista confeccionada por el organismo encargado del control de la matrícula.

Para Peredo Aguirre, la exigencia no puede ser reemplazada por la elección directa de un abogado ni por la confianza que los integrantes del Consejo depositen en determinado profesional. Tampoco alcanza con que el sorteo se realice entre los propios consejeros: la publicidad debe permitir que los representados controlen cómo se conforma la lista, qué mecanismo se utiliza y cuál es el resultado.

El documento recuerda que el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia ya había planteado objeciones sobre la posibilidad de presenciar esos procedimientos. Sin embargo, aclara que los antecedentes disponibles no permiten determinar, sin una revisión documental adicional, con qué frecuencia se habrían producido designaciones directas ni quiénes podrían haber resultado beneficiados.

Por eso, propone auditar las comisiones examinadoras constituidas desde 2020, revisar las listas de profesionales habilitados, las convocatorias, las actas de los sorteos, las exclusiones y los reemplazos.

El informe también advierte que la integración de esas comisiones puede tener consecuencias en la carrera profesional: la Ley 2082-B contempla puntaje por haber integrado jurados de exámenes del Consejo. De ese modo, la falta de un procedimiento transparente no solo comprometería la igualdad en la selección de examinadores, sino que podría concentrar antecedentes curriculares en un grupo reducido de abogados.

No obstante, el autor distingue ese riesgo de una prueba de favoritismo: la reiteración de determinados profesionales no demuestra por sí sola una irregularidad, pero requiere explicaciones verificables cuando no se conocen los criterios que la originaron.

“La hipótesis institucional es que la selección personal reiterada genera un circuito de influencia acumulativa. Quienes acceden a examinar adquieren antecedentes y visibilidad; esos antecedentes pueden favorecer nuevas convocatorias; y el acceso inicial, si carece de igualdad, se transforma en una ventaja que se reproduce. No hace falta presumir corrupción para advertir que esta estructura aumenta el riesgo de dependencia y reduce la diversidad de perspectivas profesionales”, sostiene Peredo Aguirre.

Entrevistas externas y posibles vetos informales

Otro de los cuestionamientos se dirige a la intervención de entidades profesionales ajenas al Consejo en la evaluación de los aspirantes. El informe reconoce que los colegios y asociaciones de abogados pueden opinar, aportar información, formular observaciones y participar en el debate público sobre las candidaturas.

El límite aparece, según el documento, cuando “una convocatoria externa funciona como requisito material de acceso, cuando su inasistencia se utiliza en contra del concursante o cuando sus conclusiones reservadas sustituyen la evaluación oficial”.

En esos supuestos, advierte Peredo Aguirre, podría configurarse un mecanismo informal de exclusión sin reglas claras de convocatoria, registro, recusación ni posibilidad de respuesta.

La crítica no apunta a impedir la participación de la abogacía, sino a evitar que una organización profesional tenga, de hecho, capacidad de veto sobre una candidatura sin que sus objeciones sean incorporadas al expediente oficial y sometidas a control.

El trabajo remarca que los consejeros deben ejercer su propia responsabilidad institucional. La representación de un sector no equivale a la obligación de obedecer instrucciones externas: cualquier valoración desfavorable debe apoyarse en hechos comprobables y fundamentos relacionados con el cargo que se pretende cubrir.

La controversia por los concursos declarados desiertos

El informe dedica especial atención a la Sentencia 478/2026 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, dictada el 8 de octubre en la causa iniciada por Cristian Ignacio Arana, Geraldine Solange Dilchoff Kesque y Tatiana Nuria Mañak contra el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.

De acuerdo con los antecedentes reseñados en el documento, los tres aspirantes habían alcanzado el nivel de excelencia en concursos para las Fiscalías de Investigación Penal N.º 1 y N.º 5 de Presidencia Roque Sáenz Peña. Sin embargo, durante la votación del 10 de febrero, una consejera se abstuvo respecto de los tres, invocando instrucciones del Colegio de Abogados de esa ciudad. Otros tres consejeros adhirieron a esa posición, mientras que tres integrantes votaron favorablemente. Como resultado, el Consejo declaró desiertos los concursos y dispuso una nueva convocatoria.

El Superior Tribunal rechazó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y confirmó el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, que había revocado una decisión de primera instancia favorable a los postulantes. Entre sus fundamentos, el máximo tribunal provincial señaló deficiencias en la crítica recursiva y en la impugnación de los actos cuestionados, además de reconocer un margen de apreciación institucional al Consejo.

Peredo Aguirre cuestiona el estándar de fundamentación que admite el fallo. En particular, objeta que referencias generales a valores, moralidad, ética o trato a terceros puedan considerarse suficientes para justificar el rechazo de postulantes que superaron las instancias técnicas, sin identificar con precisión los hechos que respaldan esas valoraciones.

El informe sostiene que una decisión de esa naturaleza debería explicar qué conducta se atribuye al aspirante, cuándo habría ocurrido, qué elementos la acreditan y por qué resulta incompatible con el ejercicio de la función pública. Sin esos datos, advierte, resulta difícil distinguir una evaluación profesional legítima de una preferencia personal o sectorial.

El autor también cuestiona que las abstenciones puedan utilizarse para frustrar la selección y habilitar un nuevo concurso sin una fundamentación jurídica suficiente. Aclara, sin embargo, que aprobar las evaluaciones no otorga un derecho automático al nombramiento: lo que debe garantizarse es que la decisión final se adopte conforme a las reglas vigentes, con razones objetivas y susceptibles de control.

La crítica del Observatorio reconoce, al mismo tiempo, los argumentos procesales utilizados por el Superior Tribunal y las precisiones de las juezas que aclararon que la confirmación del fallo no implicaba compartir las apreciaciones morales adversas sobre los postulantes. El cuestionamiento se concentra en las consecuencias institucionales del criterio adoptado y en el alcance del control judicial sobre las decisiones del Consejo.

Entrevistas públicas, exámenes accesibles y reglas claras

Entre las reformas propuestas, el informe plantea establecer criterios de evaluación definidos antes de cada convocatoria, publicar las pautas de calificación y garantizar que las decisiones desfavorables estén respaldadas por hechos concretos. También reclama que los aspirantes tengan la posibilidad de conocer y responder las observaciones que puedan determinar su exclusión.

En cuanto a las entrevistas oficiales, propone una matriz de competencias vinculada con las exigencias del cargo, que contemple la independencia frente a presiones, el razonamiento ético, la gestión del servicio, el trato a personas vulnerables y la capacidad para fundamentar decisiones.

“Cada consejero debe registrar su valoración por dimensión y explicar las discrepancias relevantes con la evaluación técnica. Cuando una observación desfavorable pueda determinar la exclusión, deberá incorporarse al expediente con información suficiente y oportunidad de respuesta. La confidencialidad excepcional de datos sensibles no puede transformarse en imposibilidad de conocer y controvertir la imputación”, sostiene el informe.

El documento también recomienda grabar íntegramente las entrevistas, transmitirlas en directo cuando sea posible y conservarlas en un archivo institucional de acceso gratuito. Para las pruebas orales y escritas, propone ampliar la publicidad, publicar los exámenes corregidos una vez resguardado el anonimato y facilitar el acceso a los dictámenes, las impugnaciones y las resoluciones finales.

Para los concursos destinados a cubrir cargos en el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General, Peredo Aguirre plantea, además, una reforma legislativa que incorpore un tribunal examinador externo, integrado por profesores, jueces y abogados seleccionados mediante sorteo público. El objetivo sería evitar que la calificación de la idoneidad y la selección queden concentradas en el mismo órgano.

Independencia judicial y límites al poder disciplinario

El último eje del informe aborda la relación entre la selección de magistrados y el control de su desempeño. El autor advierte sobre el riesgo de que el poder de nombramiento o de enjuiciamiento pueda utilizarse para condicionar el criterio de quienes deben resolver causas judiciales.

En esa línea, sostiene que una sentencia revocada, una interpretación minoritaria o una decisión que genere desacuerdos no constituyen, por sí solas, prueba de mal desempeño. La eventual responsabilidad de un magistrado debe vincularse con una conducta concreta, encuadrarse en una causal legal y acreditarse mediante un procedimiento que respete el derecho de defensa.

El informe no plantea una inmunidad absoluta frente a cualquier investigación, sino la necesidad de distinguir las opiniones jurídicas protegidas de las faltas funcionales que puedan demostrarse. También advierte que una exhortación institucional puede convertirse en una forma de presión si, por su contenido y sus efectos, busca que un juez abandone determinado criterio bajo amenaza de consecuencias futuras.

Para prevenir esos riesgos, propone documentar los contactos relevantes con aspirantes y magistrados, separar funcionalmente los procedimientos de selección y enjuiciamiento y aplicar las reglas de excusación y recusación cuando corresponda.

Una agenda para auditar los concursos

Como parte de su propuesta de seguimiento, el Observatorio plantea solicitar al Consejo de la Magistratura las actas y nóminas de integración de las comisiones desde 2020, los registros de sorteos y las normas vigentes sobre entrevistas y votaciones. También propone relevar los costos de los concursos reiterados, la duración de las vacantes y los fundamentos de las declaraciones de deserción.

La hoja de ruta contempla elaborar una matriz de verificación para cada concurso y, posteriormente, presentar propuestas de reglamentación y eventuales reformas legislativas. Entre los indicadores sugeridos figuran la proporción de sorteos anunciados y documentados, la reiteración de examinadores, el acceso a los exámenes y registros audiovisuales y la frecuencia con que los procedimientos terminan declarados desiertos.

El objetivo, según el documento, es que las hipótesis sobre posibles concentraciones de influencia puedan comprobarse o descartarse mediante información concreta, en lugar de quedar sujetas a percepciones.

La conclusión de Peredo Aguirre es que la legitimidad del Consejo de la Magistratura no depende solamente de su composición constitucional, sino también de la posibilidad de controlar cómo ejerce sus atribuciones. La selección de jueces y fiscales, sostiene, debe responder a criterios de mérito, igualdad y transparencia, sin que los aspirantes necesiten obtener aprobaciones privadas ni los magistrados deban ajustar sus decisiones a intereses ajenos al derecho.

“La Abogacía tiene el derecho a participar en el procedimiento de Selección de Jueces y Fiscales y demás representantes del Ministerio Público, ya sea como aspirantes a integrar un Tribunal Examinador, o ejerciendo la posibilidad de control mediante el acceso público a los exámenes, orales escritos, entrevistas personales oficiales, comunicación directa con el Consejero, participación previa a la emisión de los votos, y acceso libre al contenido de los votos y la totalidad del expediente, accesos que hoy se encuentran cercenados”, advirtió Peredo Aguirre. Y remarcó que también “la sociedad tiene derecho a conocer cómo se selecciona a quienes administrarán justicia y a exigir que toda decisión relevante pueda ser explicada, discutida y controlada”.

 

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