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La Cámara Federal de Resistencia confirmó los procesamientos del clan encabezado por Ramón “Tito” López, de los hermanos Walter y Diego Brua y de una escribana por fraude en perjuicio de la administración pública en una causa que investiga la adjudicación irregular de unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales en General Güemes y el cobro de fondos estatales a través de tres fundaciones. En cambio, desvinculó del fraude a los exfuncionarios Raúl John París, Marta Soneira y Cinthia Kaplan, que seguirán procesados por incumplimiento de deberes.

Jueves, 8 de octubre de 2026

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de nueve personas por fraude en perjuicio de la administración pública en una causa que investiga la adjudicación irregular de unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales en General Güemes y el cobro de fondos estatales a través de tres fundaciones. En cambio, para tres exfuncionarios provinciales, el tribunal excluyó la acusación por fraude y mantuvo únicamente la de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Así surge de una resolución a la que tuvo acceso LITIGIO. La decisión fue firmada por las juezas María Virginia Ise y Patricia García, y por el conjuez Fernando Carbajal, tras revisar lo resuelto el 17 de abril pasado por el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia.

Quiénes seguirán procesados por fraude

Los camaristas confirmaron el procesamiento de Ramón Alberto “Tito” López, su esposa Librada Romero, sus hijos David Alberto López, Walter Ramón López, Daniel Orlando López y su nuera Dévora Liliana Acosta como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita.

También quedaron confirmados los procesamientos de Walter Emanuel y Diego Hernán Brua, como coautores de fraude, y de la escribana María Luisa Artieda, como partícipe necesaria. Para estas nueve personas se mantuvo además el embargo de 100 millones de pesos por cada una.

En mayo pasado, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a 10 años de prisión a “Tito” López tras encontrarlo culpable de los delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita. En la misma causa también fueron condenados su esposa, Librada Romero, y sus tres hijos, David, Walter y Daniel López, quienes recibieron penas de 9 años de cárcel.

Las fundaciones

Según la Cámara, hay elementos para sostener, de manera provisoria, que tres fundaciones ligadas a la familia (“Dueños de la Raza”, “Buen Vivir y Trabajo” y “Construyendo País”) fueron utilizadas como vehículos formales para obtener fondos públicos sin una estructura real que respaldara lo facturado.

El fallo estima que, en conjunto, habrían facturado al Estado provincial más de 167 millones de pesos. Los jueces remarcaron la desproporción entre esos ingresos y los escasos gastos registrados, y señalaron que, según los informes de ARCA, las fundaciones no tendrían empleados registrados ni bienes a su nombre, y fijaban su sede en el domicilio particular de la familia, en la ciudad de Resistencia.

Las tierras

El segundo tramo de la causa se refiere a tierras que estaban reservadas para un proyecto productivo del Movimiento de Trabajadores Desocupados “17 de Julio”. Para el tribunal, integrantes del grupo López-Romero las habrían pedido a título individual con información falsa, como residir en los predios, algo que las inspecciones no habrían confirmado. Las parcelas terminaron adjudicadas y tituladas a nombre de distintos miembros de la familia, lo que generó una concentración de casi 3.000 hectáreas.

Después, según la resolución, las tierras se incorporaron a un fideicomiso llamado “La Alejandra Uno”, constituido en octubre de 2022, y a contratos de leasing firmados en septiembre de 2023 con los hermanos Brua. Los seis contratos se instrumentaron el mismo día y ante la misma escribana.

La ley provincial de tierras prohíbe vender los lotes durante diez años desde la inscripción del título y también cederlos a terceros sin autorización. La Cámara consideró razonable que el leasing funcionara como “ropaje jurídico” para dar apariencia de regularidad a una operación vedada: el grupo familiar habría recibido una contraprestación y los Brua se habrían asegurado el uso de las tierras y la posibilidad de adquirirlas cuando venciera la restricción. Entre los indicios, mencionó que los contratos permitían adelantar el pago de cuotas y ejercer antes la opción de compra.

Sobre Artieda, el tribunal descartó que su actuación fuera una tarea notarial neutral. Sostuvo que intervino en la formalización del fideicomiso y autorizó las seis escrituras, y que esa intervención fue necesaria para la modalidad elegida.

Los exfuncionarios: sin fraude, pero procesados

El cambio central de la resolución alcanza a Raúl John París, Marta Soneira y Cinthia Kaplan, quienes firmaron resoluciones del Instituto de Colonización (hoy de Tierras Fiscales) sobre estas tierras. La Cámara concluyó que las pruebas actuales no permiten acreditar un acuerdo entre funcionarios de distintas gestiones y los particulares beneficiados, y que las irregularidades administrativas no bastan por sí solas para sostener un plan delictivo común.

Aun así, confirmó su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público: entendió que dictaron actos contrarios a la ley y no controlaron el régimen de tierras, pese a que los antecedentes mostraban que se adjudicaban lotes contiguos a integrantes de una misma familia. Como el delito que subsiste es menor, revocó sus embargos y ordenó al juez fijar nuevos montos.

Los planteos de las defensas

El tribunal rechazó el pedido de nulidad y de incompetencia de la defensa de Soneira, que cuestionaba la intervención de la justicia federal. Recordó que ya había resuelto en 2024 que la competencia federal se mantenía por conexidad con la causa por lavado de activos contra el mismo grupo familiar.

También desestimó los planteos de arbitrariedad y el argumento de que se habría valorado dos veces la misma conducta para el fraude y la asociación ilícita. Y no trató una objeción por ne bis in idem vinculada con la causa de lavado, porque se presentó recién en el memorial y no al apelar.

La resolución aclara que todo se evaluó con el grado de probabilidad propio de esta etapa del proceso. Es decir, no hay condenas ni determinación definitiva de responsabilidad: los procesados son inocentes hasta que se dicte una sentencia firme.


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