Jorge Buamden fue denunciado por Alejandro Alfie después de recibir durante dos semanas mensajes con amenazas de muerte y expresiones antisemitas. La Justicia porteña homologó un acuerdo que le impone trabajo comunitario, un curso contra el antisemitismo, una reparación económica y la prohibición de contactar al periodista y a su familia.
Jueves, 8 de octubre de 2026

Amenazas de muerte, mensajes dirigidos contra sus hijos y expresiones atravesadas por el antisemitismo terminaron en un acuerdo judicial que evitó el juicio oral. Ocho meses después del inicio de la causa, Jorge Buamden obtuvo una suspensión de juicio a prueba —la denominada probation— por dos años, con una serie de reglas de conducta que deberá cumplir para no llegar a una instancia de debate.
La denuncia había sido presentada por el periodista de Clarín Alejandro Alfie, quien durante dos semanas recibió mensajes privados a través de Instagram. Las amenazas no estuvieron dirigidas únicamente contra él: en reiteradas oportunidades Buamden mencionó también a sus hijos y llegó a advertirle que los iba a matar.
El acuerdo fue homologado por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 1 de la Ciudad de Buenos Aires Christian Brandoni Nonell y contó con la conformidad del fiscal Hernán Biglino. Entre las condiciones impuestas se encuentran 80 horas de trabajo comunitario en Cáritas, la realización de un curso de reflexión sobre antisemitismo y el pago de $500.000, que a pedido de Alfie serán destinados en partes iguales al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y al Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA).
Además, durante los dos años de duración de la probation, Buamden deberá mantener una estricta prohibición de contacto con Alfie, su esposa y sus hijos, tanto por vías directas como indirectas. La restricción también alcanza cualquier mención de las víctimas en redes sociales y medios de comunicación.
“Quiero pedir disculpas”
Durante la audiencia en la que se formalizó el acuerdo, Buamden pidió disculpas por lo ocurrido y manifestó su compromiso de mantener una conducta respetuosa en adelante.
“Quiero pedir disculpas por la situación que se generó. Lamento lo ocurrido y me comprometo a mantener una actitud respetuosa, en adelante, y cumplir con las pautas que se me ordenen”, expresó.
Alfie aceptó las disculpas en el marco del acuerdo. “Yo vengo de una tradición judía. Nosotros en nuestra tradición aceptamos el perdón, aceptamos las disculpas, con el cambio de actitud correspondiente”, respondió el periodista.
La probation le permite al imputado evitar la realización del juicio oral siempre que cumpla las condiciones establecidas por la Justicia durante el plazo fijado.

La investigación se originó por una serie de mensajes enviados entre el 23 de enero y el 5 de febrero de este año. Las amenazas comenzaron luego de una publicación de Alfie en Clarín sobre el despido de la corresponsal de C5N en Estados Unidos, Silvina Sterin Pensel, a raíz de expresiones consideradas antisemitas.
Buamden cuestionó aquella cobertura y vinculó sus mensajes con el conflicto entre Israel y Hamas. Entre las expresiones que envió al periodista aparecieron amenazas directas contra sus hijos y referencias a su identidad judía y a la decisión de enviar a uno de ellos a estudiar a Israel.
La reiteración de los mensajes se produjo incluso después de que Alfie realizara la denuncia judicial, apenas tres días después de las primeras amenazas.
La Fiscalía consideró inicialmente que se trataba de amenazas simples agravadas por antisemitismo, al entender que habían sido cometidas en un contexto de persecución u odio contra un grupo nacional.
Allanamiento y pericias
La investigación tuvo un avance decisivo cuando la Justicia logró identificar al presunto autor de los mensajes y localizar su domicilio. El 11 de febrero, efectivos de la Policía de la Ciudad allanaron la vivienda de Buamden, ubicada en Parque Chacabuco. Por orden judicial fueron secuestrados distintos dispositivos electrónicos que podían contener elementos vinculados con las amenazas: un teléfono celular, una notebook, dos iPads, dos lectores Kindle, un disco rígido y una tarjeta de memoria, además de un libro considerado de interés para la investigación.
La medida había sido solicitada por el fiscal Biglino y autorizada por el juez Rodolfo Ariza Clerici. El objetivo era preservar evidencia informática y buscar otros elementos que pudieran aportar información sobre los hechos investigados. Buamden fue citado posteriormente a prestar declaración indagatoria, pero decidió no declarar.
En ese contexto, la Fiscalía dispuso medidas restrictivas por considerar el contexto de los hechos, la reiteración de los episodios y el riesgo para la víctima. Se le prohibió contactar por cualquier medio a Alfie y a su familia, además de realizar menciones sobre ellos en redes sociales o medios de comunicación mientras avanzaba el proceso.
La causa había comenzado inicialmente en la Justicia nacional, pero el juzgado que intervenía se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia porteña. A partir de allí quedaron a cargo de la investigación el juez Ariza Clerici y el fiscal Biglino, con intervención de la Policía de la Ciudad.
Durante las primeras semanas, Alfie y su esposa incluso recibieron botones antipánico como medida de protección.
De las amenazas al acuerdo judicial
El desenlace llegó ocho meses después de iniciada la causa. Frente a la acumulación de elementos obtenidos durante la investigación, la defensa de Buamden propuso una suspensión del juicio a prueba.
La propuesta implicó reconocer una serie de obligaciones concretas durante dos años: trabajo comunitario, formación específica sobre antisemitismo, una reparación económica destinada a organizaciones vinculadas con la defensa del periodismo y la lucha contra el antisemitismo y, fundamentalmente, el alejamiento absoluto de Alfie y su familia.
Con la aceptación de las partes, la Justicia homologó el acuerdo y evitó así la apertura de un juicio oral. La probation, sin embargo, no supone que las condiciones sean optativas: su incumplimiento puede tener consecuencias sobre el beneficio concedido.
Con información de Clarín