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En tres decisiones recientes, el máximo tribunal se pronunció sobre el bloqueo de contenidos, la responsabilidad de las plataformas y la identificación de usuarios anónimos. Los fallos muestran una tensión cada vez más evidente entre la protección constitucional del discurso en internet y otros derechos como el honor, la intimidad y la defensa en juicio.

Miércoles, 7 de octubre de 2026

Internet amplificó como nunca antes la posibilidad de expresarse, pero también multiplicó el alcance de los conflictos que nacen de una publicación. Qué puede decirse, cuándo puede ordenarse la eliminación de un contenido y hasta dónde llega la protección del anonimato son algunas de las preguntas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner en discusión a través de tres decisiones recientes.

Los casos abordaron situaciones diferentes: una medida judicial que impedía a una influencer mencionar públicamente a otra persona, la responsabilidad de Facebook Argentina frente a un pedido de eliminación de contenido y un reclamo originado en publicaciones anónimas que denunciaban una situación de violencia de género.

En los tres expedientes intervino el procurador fiscal Víctor Abramovich. Pero mientras en los dos primeros la discusión giró especialmente alrededor de la protección de la libertad de expresión y las garantías del debido proceso, en el tercero la Corte adoptó una posición diferente y admitió tanto el bloqueo de determinados contenidos como la identificación de quienes estaban detrás de las cuentas desde las cuales se difundieron.

El resultado es un conjunto de criterios que vuelve a marcar una cuestión central: la libertad de expresión tiene una protección preferente en internet, pero no funciona como un derecho absoluto ni impide que, en determinadas circunstancias, pueda ceder frente a otros derechos constitucionales.

Eliminar contenido 

Uno de los casos tuvo como protagonista a una influencer a la que la Justicia había ordenado abstenerse de mencionar públicamente a otra persona, eliminar de sus redes sociales los contenidos en los que hiciera referencia a ella y publicar un texto relacionado con el cumplimiento de la decisión judicial.

La medida había sido confirmada por la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sin embargo, la Corte Suprema dejó sin efecto esa decisión por considerar que la restricción a la libertad de expresión había sido establecida con una amplitud y vaguedad que no encontraban una justificación suficiente.

El planteo había surgido a partir de expresiones que podían resultar hirientes, pero que, según el dictamen de Abramovich, no constituían contenido ilícito o discriminatorio, no incitaban a la violencia ni a la comisión de delitos y tampoco excedían el ejercicio regular de la libertad de expresión.

La discusión adquirió una particularidad por el ámbito en el que se produjeron las expresiones: Twitter e Instagram. El procurador fiscal señaló que en las redes sociales la frontera entre lo público y lo privado puede resultar menos nítida, especialmente cuando se trata de personas que participan activamente en ellas y utilizan esos espacios para difundir aspectos de su vida personal y de su actividad comercial.

La Corte puso el acento en otro punto: no alcanza con ordenar la eliminación de contenidos; es necesario identificar con precisión qué expresión se considera ilícita y qué derecho se pretende proteger.

Los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvieron que las medidas destinadas a eliminar contenidos digitales implican una restricción a la libertad de expresión y, por interrumpir el proceso comunicacional, deben ser interpretadas de manera restrictiva. Para los magistrados, esas medidas están alcanzadas por una fuerte presunción de inconstitucionalidad.

También señalaron que cuando están involucradas personas públicas o cuestiones de interés público, la protección de la libertad de expresión es todavía más intensa y solo cede frente a expresiones que constituyan insultos o una “vejación gratuita e injustificada”.

Ricardo Lorenzetti agregó una mirada vinculada con la propia lógica de internet. Diferenció el mensaje producido por una persona, que puede tener un contexto y una vigencia limitada, de su reproducción algorítmica, capaz de multiplicarlo y prolongar indefinidamente su alcance.

Para el juez, la decisión cuestionada había terminado configurando una restricción genérica y de duración indeterminada, equivalente a una censura previa.

Facebook Argentina

El segundo caso puso en discusión una cuestión diferente, pero igualmente relevante: quién responde jurídicamente cuando el conflicto involucra a una plataforma multinacional.

La Corte Suprema hizo lugar al recurso extraordinario presentado por Facebook Argentina S.R.L. y revocó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había ordenado eliminar una publicación y entregar datos de registración, servidor e IP de un usuario.

El expediente se había iniciado a partir de una acción de habeas data presentada por el exdiputado provincial Héctor Andrés Quinteros para que se eliminara una publicación titulada “De chófer a millonario”, difundida en el sitio “Diario La Única Verdad” y en el perfil del medio en la red social.

Uno de los puntos centrales del caso fue determinar si Facebook Argentina podía ser considerada parte legitimada para responder por cuestiones vinculadas con el tratamiento de datos personales realizado a través de la plataforma.

La mayoría de la Corte, integrada por Rosatti y Rosenkrantz, rechazó el planteo de falta de legitimación pasiva de la filial argentina. Al mismo tiempo, dejó sin efecto la condena que le exigía entregar información destinada a identificar al titular de la cuenta.

Lorenzetti coincidió en que Facebook Argentina podía ser demandada. Consideró que se trata de una persona jurídica distinta de Facebook Inc., pero sostuvo que el usuario no puede ser obligado a conocer la compleja estructura societaria detrás de una plataforma tecnológica.

El magistrado recurrió así a la doctrina de la apariencia jurídica: si la propia marca genera en los usuarios la confianza de estar tratando con una determinada empresa, esa apariencia debe tener consecuencias jurídicas.

El fallo también introdujo la relación de consumo entre las plataformas y sus usuarios como un elemento relevante para determinar las obligaciones de las empresas involucradas.

Pero la Corte marcó un límite respecto de la identificación del usuario. En ese punto, entendió que la condena había sido dictada sin respetar adecuadamente el derecho de defensa de Facebook Argentina, que no había tenido oportunidad de discutir que el pedido original se limitaba a la eliminación de la publicación.

Anonimato

El tercer caso presenta el escenario más complejo. Un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata había demandado a Facebook Argentina para que fueran eliminadas publicaciones realizadas en 2018 por un perfil denominado “Comisión de género FaHCE”.

En esas publicaciones se lo cuestionaba y se difundía su imagen sin autorización. Además de pedir que los contenidos fueran retirados, solicitó que se entregaran los datos que permitieran identificar a las personas responsables de las cuentas, con la intención de iniciar una eventual demanda por daños y perjuicios.

En este expediente, la Corte terminó adoptando una posición distinta de la que había sostenido Abramovich en su dictamen.

El procurador fiscal había considerado que las publicaciones se encontraban vinculadas con un asunto de interés público y que la pretensión de eliminarlas implicaba una restricción que no superaba un examen estricto de razonabilidad. También había entendido que existían otras vías menos restrictivas de la libertad de expresión para que el afectado pudiera defender su reputación.

Sin embargo, el 23 de septiembre pasado, la Corte admitió el recurso extraordinario, revocó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y ordenó a Facebook eliminar las URL correspondientes a las publicaciones e identificar a los titulares de las cuentas desde las cuales habían sido realizadas.

La Corte reconoció que la libertad de expresión tiene una tutela preferente, pero recordó que no se trata de un derecho absoluto. En el entorno digital también entran en juego el honor, la intimidad y el derecho de defensa.

El tribunal destacó una característica que resulta central para comprender su decisión: internet permite una circulación masiva e inmediata de información y opiniones, pero esa misma capacidad puede incrementar considerablemente el daño que una publicación provoca sobre derechos personalísimos.

Por eso, admitió que en situaciones excepcionales puede ordenarse la supresión o el bloqueo de información disponible en internet, siempre que se acredite la ilicitud de los contenidos y el daño producido.

Derecho de defensa

La cuestión del anonimato fue uno de los puntos más delicados del fallo. La Corte aclaró que no buscaba desconocer el valor que puede tener el anonimato para denunciar situaciones de violencia de género, especialmente cuando existe una relación desigual entre las personas involucradas.

Pero sostuvo que esa protección no puede traducirse en la imposibilidad absoluta de que quien fue señalado conozca quién realizó la acusación y pueda ejercer su derecho de defensa.

Para los jueces, la ausencia de datos mínimos que permitan identificar al denunciante puede dejar al acusado frente a un daño potencialmente irreparable en su honor e intimidad sin contar con herramientas suficientes para defenderse.

Rosatti sostuvo que el anonimato podía cumplir una función legítima como mecanismo de denuncia, pero que en el caso concreto también había generado una situación en la que el denunciado carecía de toda posibilidad de defensa.

Rosenkrantz agregó otro elemento: el hecho de que una publicación trate sobre un tema de interés público no convierte automáticamente a la persona involucrada en una figura pública. El nivel de protección de su intimidad depende también de quién es el destinatario de la información y de la relación concreta entre el contenido difundido y el interés público invocado.

Lorenzetti, por su parte, señaló que la exposición cotidiana en redes sociales tampoco convierte por sí sola a una persona en pública. Y consideró que identificar al titular de una cuenta no implica anticipar su responsabilidad, sino remover el obstáculo que el anonimato puede representar para acceder a la Justicia.

Una frontera 

Los tres casos muestran que la Corte Suprema enfrenta un problema que la expansión de las redes sociales vuelve cada vez más complejo: cómo proteger la libertad de expresión sin convertirla en una licencia para afectar otros derechos, pero también cómo evitar que el honor o la intimidad sean utilizados como argumentos para imponer censuras amplias sobre el discurso digital.

Los criterios fijados por el tribunal no establecen una prohibición general para bloquear contenidos ni una protección absoluta del anonimato. Por el contrario, exigen analizar cada situación y justificar de manera concreta cualquier restricción.

En un caso, la Corte consideró que impedir de manera amplia e indeterminada que una persona pudiera mencionar a otra equivalía a una restricción incompatible con la libertad de expresión. En otro, reconoció que una filial local de una multinacional puede responder frente a los usuarios. Y en el tercero entendió que el anonimato no podía impedir que una persona denunciada pudiera ejercer su derecho de defensa.

La discusión, en definitiva, ya no pasa solamente por qué se dice en internet. También alcanza a quién puede pedir que algo sea eliminado, quién debe responder frente a ese pedido, cuándo puede identificarse a un usuario y qué requisitos debe cumplir una decisión judicial que limite la circulación de un contenido.

En ese terreno, la Corte volvió a marcar una regla que atraviesa sus decisiones: en las redes sociales, como fuera de ellas, restringir la libertad de expresión exige razones concretas. Pero cuando están comprometidos otros derechos fundamentales, esa libertad tampoco funciona como un escudo absoluto.

 

 

Con información de Fiscales 


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