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El juez Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 al concluir que el Poder Ejecutivo incurrió en un “uso abusivo del principio de legalidad” y que la norma “no supera un test mínimo de razonabilidad”. En la sentencia, la Justicia advirtió que suspender la ejecución de la ley tras la insistencia del Congreso funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una “figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”. 

Martes, 6 de octubre de 2026

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a la acción de amparo colectiva promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires contra el Poder Ejecutivo Nacional. En su resolución, el magistrado declaró la inconstitucionalidad de la cláusula del Decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y ordenó al Gobierno nacional la aplicación inmediata de la norma aprobada por el Congreso de la Nación.

La controversia judicial se originó cuando el Poder Ejecutivo promulgó formalmente la ley pero añadió una salvedad basada en el artículo 5° de la Ley 24.629 de Administración Financiera, supeditando su cumplimiento a que el Congreso defina partidas presupuestarias específicas. Frente a ello, las autoridades universitarias y los gremios docentes acudieron a los tribunales señalando que esta maniobra configuró una maniobra ilegítima para paralizar los fondos de las casas de altos estudios.

En una dura fundamentación del fallo dictado este martes 6 de octubre, al que tuvo LITIGIO, el juez Cormick remarcó que el texto del Decreto 759/2025 “no supera un test mínimo de razonabilidad” y advirtió que el acto estatal incurrió en un “uso abusivo del principio de legalidad” al activar una norma suspensiva previa para neutralizar la voluntad del Congreso. La sentencia destaca que la conducta de la administración nacional adolece de un “defecto de fundamentación” y que la suspensión de la ley configuró en los hechos un “mecanismo extraconstitucional”, transformándose en una “figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.

El fallo enfatiza que el Presidente violó el mandato directo del artículo 83 de la Carta Magna, el cual impone la obligación de promulgar una norma cuando el Poder Legislativo insiste en su sanción con la mayoría agravada de dos tercios. Asimismo, recordó que la atribución de definir el gasto público y el financiamiento de la educación superior corresponde al Congreso según el artículo 75 inciso 8° de la Constitución. Con estas consideraciones, la Justicia mandó al Poder Ejecutivo a dictar de inmediato las normas reglamentarias necesarias para garantizar los créditos presupuestarios de las universidades e impuso las costas del proceso a la demanda vencida.


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