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La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una queja y dejó sin efecto la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había negado la pensión por fallecimiento a una mujer, con el argumento de que no había acreditado haber quedado en situación de desamparo tras la muerte de su esposo. El Máximo Tribunal ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Lunes, 5 de octubre de 2026
Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una queja y dejó sin efecto la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había negado la pensión por fallecimiento a una mujer, con el argumento de que no había acreditado haber quedado en situación de desamparo tras la muerte de su esposo. El Máximo Tribunal ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Se trata de la causa “Bustos, Cristina del Valle c/ ANSES s/ pensiones”, una sentencia a la que tuvo acceso LITIGIO, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El caso

Bustos demandó a la ANSES para que se declarara la nulidad de la resolución administrativa que le había denegado la pensión derivada del fallecimiento de su esposo. La primera instancia le dio la razón y ordenó al organismo otorgar el beneficio, pero la Cámara revocó esa decisión por mayoría.

Para hacerlo, el tribunal de alzada consideró que, dado el carácter sustitutivo de la prestación, no había pruebas fehacientes de que la actora hubiera quedado desamparada tras el deceso. Señaló que los cónyuges se habrían separado años antes y que esa separación se había producido sin asistencia alimentaria, según se había establecido en sede administrativa. En ese contexto, entendió que no se justificaba que el sistema previsional supliera un aporte económico ya interrumpido.

Contra esa decisión, la actora interpuso recurso extraordinario federal. Al ser denegado, recurrió en queja ante la Corte. Planteó que la sentencia era arbitraria y que violaba sus derechos a una jubilación digna y a la propiedad, además de los principios de inocencia y de jerarquía normativa. Sostuvo, además, que la separación de hecho, principal sustento de la decisión, nunca fue probada.

Una presunción, no una prueba

La Corte comenzó por reconocer que los agravios remitían a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que por regla son ajenas a la instancia extraordinaria. Pero hizo una excepción porque, a su criterio, la Cámara no trató adecuadamente la controversia y basó su decisión en afirmaciones dogmáticas, con un fundamento solo aparente.

El Tribunal remarcó que la Cámara dio por existente una separación de hecho a partir de la eventualidad de que ambos cónyuges hubieran tenido domicilios distintos al momento del fallecimiento. Para la Corte, eso es apenas una presunción que no está fehacientemente acreditada en el expediente.

Tampoco se probó, añadió, la culpabilidad de la mujer en la supuesta separación, exclusiva o compartida. Ese es el requisito que tanto la ley 17.562 (art. 1°, inc. a) como la ley 24.241 (art. 53, in fine) exigen para excluir a la cónyuge supérstite del derecho a pensión, y la Cámara “eludió toda consideración” sobre ese punto.

Los supremos recordaron que es doctrina reiterada del Tribunal dejar sin efecto las sentencias que niegan el beneficio sin que se haya probado la culpa de la peticionaria en la separación. Ese elemento subjetivo es condición para perder el derecho, y no puede aplicarse esa sanción a una persona inocente, o cuya culpa no fue fehacientemente probada, aunque estuviera separada de hecho del causante desde varios años antes de su muerte.

Un requisito que la ley no prevé

El segundo eje del fallo es que la Cámara, al exigir pruebas de una situación de desamparo, introdujo un requisito que la legislación vigente no contempla para la viuda, a quien no se le pide justificar dependencia económica.

La Corte explicó que el derecho de la cónyuge supérstite no culpable no está sujeto a ningún recaudo adicional ni debe condicionarse a una relación alimentaria preexistente. Esa relación aparece, en cambio, como un recaudo previsto en favor de la subsistencia del beneficio frente a la culpabilidad de la requirente o a la concurrencia de una conviviente.

Con esos fundamentos, concluyó que la sentencia no era una derivación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a las circunstancias comprobadas de la causa. Por eso declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto el fallo y devolvió las actuaciones al tribunal de origen para que dicte uno nuevo.


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