Después de varias postergaciones, este lunes comenzará finalmente el juicio oral contra diez policías acusados por el operativo ocurrido en mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, donde jóvenes de la comunidad Qom fueron brutalmente golpeados, insultados con expresiones racistas y amenazados de muerte, tras un allanamiento ilegal. El debate estará a cargo del tribunal de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.
Sábado, 3 de octubre de 2026
Después de más de seis años de los hechos y tras una nueva suspensión que obligó a reprogramar el inicio del debate, este lunes comenzará a partir de las 7.30 el juicio oral por el violento operativo policial realizado durante la madrugada del 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana.
Diez policías llegarán al debate con distintas imputaciones por su presunta participación en los hechos. La acusación sostiene que los agentes ingresaron a una vivienda sin orden judicial y sometieron a golpes y otros actos de violencia a jóvenes pertenecientes a la comunidad Qom, entre ellos una adolescente.
La investigación sostiene además que las agresiones continuaron posteriormente en la Comisaría Tercera de Fontana, donde las víctimas fueron trasladadas y permanecieron detenidas. En ese contexto también fueron denunciados insultos de contenido racista y discriminatorio, además de amenazas de muerte.
El juicio había sido previsto originalmente para el 23 de junio. Sin embargo, se pospuso para el 14 de septiembre debido a licencias de las juezas María Virginia Ise y Cristina Pisarello, y en la agenda del tribunal para otros juicios. Ise, cabe recordar, el 30 de junio expuso en la Comisión de Acuerdos del Senado en el marco del análisis del pliego que concluyó con su designación como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Tras sortear el reemplazo de Ise en el tribunal, el cual recayó en el juez Ernesto Azcona, se fijó nueva fecha: 22 de septiembre. Sin embargo, a menos de 24 horas del inicio, fue suspendido luego de que uno de los imputados comunicara el cambio de abogado. Su nuevo defensor solicitó tiempo para estudiar el expediente y preparar la estrategia de defensa. La presidenta del tribunal, Dolly Fernández, hizo lugar al planteo y fijó como nueva fecha de inicio, ahora sí, el 5 de octubre.
La suspensión generó preocupación en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que interviene como querellante institucional. El organismo cuestionó las sucesivas demoras y planteó la necesidad de que el debate se desarrolle sin nuevas postergaciones y con perspectiva intercultural.
Diez policías al banquillo
La causa, identificada como expediente N° 12.386/2020-1, tiene como imputados a Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martín Cabrera, Sebastián Alberto Vallejos y Claudia Beatriz Lucena.
Los cargos son diferentes según la participación que la acusación atribuye a cada uno. Fernández, Torres, Latorre y González están acusados por vejaciones agravadas. Benítez, Flores y Cabrera enfrentan cargos por allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones agravadas.
Foschiatti está imputado por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y detención ilegal, todos en concurso real. Vallejos enfrenta cargos por vejaciones en concurso real con falsedad ideológica agravada, mientras que Lucena está acusada por encubrimiento agravado en concurso real con detención ilegal cometida por un funcionario público.
Durante el debate se prevé analizar registros audiovisuales del procedimiento policial, grabaciones de las cámaras de seguridad de la dependencia policial y testimonios de las víctimas, testigos y personas que registraron el operativo.
La causa tiene un condimento más: el ascenso irregular de Claudia Beatriz Lucena. Según documentación a la que accedió LITIGIO, mediante el Decreto N° 974/25, firmado el 13 de junio de 2025, el gobernador Leandro Zdero dispuso su promoción de comisario inspector a comisario mayor, pese a que el Régimen de Promociones Policiales prohíbe expresamente ascensos de agentes sometidos a procesos judiciales.
Quien propuso el ascenso de Lucena es Fernando Romero, jefe de la Policía del Chaco, que también ocupaba ese cargo cuando ocurrieron los hechos. En aquella ocasión, lejos de condenar lo sucedido, salió a respaldar públicamente a los implicados; tanto fue así que renunció en protesta por la separación preventiva de los acusados que habían exigido la entonces ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, y el exgobernador Jorge Capitanich.
La causa tiene un bloque acusador importante: intervienen como querellantes institucionales la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, representado por Guillermo Cuellar. También interviene la defensora oficial N° 14, Karina Paz, en representación de las víctimas.
La causa cuenta además con la participación de Amnistía Internacional Argentina como “amigo del tribunal”, representada por Mariela Belski, con el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula. La traducción durante el proceso estará a cargo de Yolanda González.
Los hechos
El operativo del 31 de mayo de 2020 se convirtió en uno de los casos de violencia policial más resonantes de los últimos años en la provincia. Las imágenes del violento allanamiento se viralizaron rápidamente y generaron repudio a nivel nacional. El entonces presidente Alberto Fernández calificó las escenas como “inaceptables” y celebró que el gobierno provincial apartara preventivamente a los efectivos involucrados.
Las víctimas relataron haber recibido golpes de puño, patadas y culatazos, acompañados de insultos racistas. “Indios de mierda, los vamos a matar”, les gritaron los policías, según sus testimonios. El operativo habría comenzado tras un supuesto ataque con piedras a la comisaría, hecho que nunca pudo ser acreditado.
“Tenía miedo, no sabía adónde me estaban llevando ni si iba a volver a ver a mi mamá y a mis hermanos”, relató una de las jóvenes detenidas. “Nos sacaron y nos estuvieron paseando en la camioneta. Tuve miedo de que nos maten, que nos tiren por ahí como pasó en otros casos”, contó otro de los jóvenes.
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