El Comité Provincial contra la Tortura pidió aplicar la Ley de Reiterancia y dictar prisión preventiva para el policía Juan Pablo Quintana, investigado por su presunta participación en dos hechos de violencia institucional contra personas con discapacidad. El organismo indicó que el efectivo tiene dos procesos penales en trámite y solicitó además ser querellante institucional en la causa por la golpiza ocurrida en Villa Ángela.
Sábado, 3 de octubre de 2026
A pocas semanas de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Reiterancia en el Chaco, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura solicitó su aplicación contra el oficial subayudante Juan Pablo Quintana, investigado por su presunta participación en dos hechos de violencia policial que tuvieron como víctimas a personas con discapacidad, el más reciente ocurrido el mes pasado en Villa Ángela. El organismo pidió además ser constituido como querellante institucional y requirió la prisión preventiva del efectivo.
La Ley 4261-N fue sancionada el 26 de agosto y modificó el Código Procesal Penal de la provincia para precisar la figura de la reiterancia delictiva y establecer su valoración al momento de resolver medidas de coerción y prisión preventiva. La norma determina que esa circunstancia debe ser considerada por fiscales y jueces junto con los demás elementos particulares de cada caso.
Desde su discusión legislativa, la modificación fue presentada principalmente como una herramienta de política criminal destinada a intervenir frente a personas que registran más de un proceso penal en trámite. Su aplicación es ahora solicitada por el Comité en una investigación por presunta violencia institucional que involucra a efectivos de la Policía del Chaco.
La investigación
La causa se originó a partir de un procedimiento policial realizado el 1 de septiembre en Villa Ángela, cuya secuencia quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales y medios de prensa.
Las imágenes muestran la intervención de efectivos de la Comisaría Segunda sobre un hombre en situación de vulnerabilidad y con problemas de salud mental. Durante el procedimiento, la persona fue reducida y llevada al suelo y, cuando se encontraba inmovilizada, uno de los policías le propinó una patada en la cabeza.
A partir de la difusión de las imágenes se iniciaron actuaciones administrativas y una investigación penal, actualmente a cargo de la Fiscalía Adjunta en lo Penal de Derechos Humanos.
En la causa se encuentran involucrados Quintana, Pedro Alejandro Pared y Germán Augusto Defagot. Según las imputaciones incorporadas al expediente, Pared y Defagot están investigados como presuntos autores de apremios ilegales cometidos con violencia. Son los dos efectivos policiales que se ve en el video difundido originalmente por el medio Gente de Pueblo, en primer plano.
Mientras que Quintana, de acuerdo a la acusación fiscal, aparece parcialmente: en su calidad de jefe del operativo, se ve cómo desde dentro del patrullero le arroja las esposas a uno de sus subordinados para que este pueda maniatar completamente a la víctima. En su informe sobre lo ocurrido, dijo que se aplicó “la fuerza mínima e indispensable”. De este modo, Quintana quedó imputado por encubrimiento en concurso real con privación ilegítima de la libertad por abuso funcional.
La investigación también deberá determinar si la intervención policial respetó los protocolos vigentes para el abordaje de personas con padecimientos de salud mental. La Fiscalía ya incorporó información sobre la normativa provincial y los procedimientos específicos que deben seguir las fuerzas de seguridad en estas situaciones.
Aplicación de la Ley de Reiterancia
Al solicitar su incorporación como querellante, el Comité planteó que respecto de Quintana se encuentran reunidas las condiciones previstas por la Ley 4261-N para que sea evaluada la reiterancia delictiva.
El organismo señaló a través de un comunicado de prensa que el efectivo registra otro proceso penal en trámite en el que también se encuentra formalmente imputado. Se trata de una causa anterior por lesiones leves contra un joven con discapacidad ocurrida en Villa Berthet, el 7 de septiembre de 2025.
De acuerdo con la denuncia, la víctima se dirigía hacia un local bailable cuando fue interceptada y trasladada hasta las inmediaciones de una vivienda, donde habría sido golpeada. Uno de los agresores habría manifestado ser policía y lo habría amenazado para que no denunciara lo ocurrido. Un examen médico forense constató que el joven sufrió lesiones de carácter leve, con un tiempo de incapacidad inferior a 30 días.
La causa tramita ante la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Villa Ángela, a cargo de Gisela Oñuk. ¿Por qué la lleva una fiscalía ordinaria y no la especial de Derechos Humanos si hay policías implicados? Esto se debe a que en esa ocasión tanto Quintana como el otro policía imputado (el agente Miguel Martín) estaban de licencia. Se espera que próximamente la causa sea elevada a juicio oral.
De esta manera, el Comité sostiene que existen dos procesos penales abiertos contra el mismo funcionario y pidió que esa circunstancia sea valorada junto con los restantes elementos de la investigación para resolver la medida de coerción.
En concreto, el organismo solicitó a la Fiscalía la aplicación de la figura de reiterancia y el dictado de la prisión preventiva de Quintana, planteando la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
La reiterancia no implica por sí misma una condena ni equivale a la reincidencia. La propia reforma procesal establece que debe ser analizada junto con las demás circunstancias del caso al momento de evaluar una medida de coerción.
Querellante institucional
Además del planteo referido a la reiterancia, el Comité solicitó ser admitido como querellante institucional en la investigación, en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley 3264-B.
La presentación sostiene que los hechos investigados podrían constituir apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional y encubrimiento agravado, sin perjuicio de la calificación que corresponda determinar durante el avance de la investigación.
El organismo también pidió que la investigación se desarrolle conforme a los estándares establecidos para casos de presunta violencia institucional y que se apliquen los principios del Protocolo de Estambul para la investigación y documentación de posibles hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En particular, la presentación pone el foco en la situación de vulnerabilidad de la víctima y en las obligaciones especiales que corresponden al Estado cuando sus agentes intervienen frente a una persona con padecimientos de salud mental.
Nota relacionada
