La investigación por el robo de cocaína durante una quema judicial quedó encaminada hacia un juicio oral para Franco Ramírez, César Alegre y Gustavo Quizama. Otros cinco efectivos acordaron penas mediante juicios abreviados que ya fueron homologados por la jueza federal Zunilda Niremperger. La Fiscalía sostiene que los policías integraban una organización que aprovechó la custodia de estupefacientes para sustraer droga antes de su destrucción.
Viernes, 2 de octubre de 2026
La causa conocida como “narcopolicías” entró en una nueva etapa luego de que cinco efectivos de la Policía del Chaco reconocieran su participación en los hechos investigados y resolvieran su situación mediante acuerdos de juicio abreviado con la Fiscalía Federal de Resistencia. Todos los acuerdos fueron homologados por la jueza Federal de Garantías N°1, Zunilda Niremperger.
De este modo, cinco de los ocho policías que habían sido alcanzados por la acusación original ya resolvieron su situación procesal, mientras que los restantes deberán enfrentar un juicio oral. Se trata de Franco Andrés Ramírez, Rubén Héctor César Alegre y Gustavo Andrés Quizama, para quienes la Fiscalía había requerido penas de entre 11 y 15 años de prisión.
Según pudo corroborar LITIGIO, el juicio oral no se realizará de inmediato. Antes deberá completarse la etapa de control de acusación, instancia intermedia que se desarrolla ante la Cámara Federal. Por ese motivo, se prevé que el debate recién pueda concretarse durante el próximo año.
Entre quienes acordaron penas mediante abreviados se encuentran Juan Nicolás Almirón Núñez, Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García. En algunos casos, los acuerdos contemplaron penas de prisión efectiva y, en otros, condenas en suspenso por la figura de encubrimiento agravado.
Uno de los acuerdos fue el de Almirón Núñez, cabo primero de la Policía del Chaco, quien reconoció su participación y acordó una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva, 45 unidades fijas de multa ($5,4 millones) e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. El acuerdo mantuvo las figuras de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado, aunque la pena fue inferior a los 11 años que originalmente había solicitado la Fiscalía al presentar la acusación formal ante Niremperger.
Una pena similar había sido acordada por Urne Canteros, también condenado mediante un procedimiento abreviado a seis años y seis meses de prisión, 45 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta. En tanto, Acosta, Villalba y García recibieron penas de tres años de prisión en suspenso, bajo la calificación de encubrimiento agravado.
Los tres que llegan al juicio
La situación es diferente para los tres policías que quedaron fuera de los acuerdos. Franco Ramírez, subcomisario de la Policía del Chaco, enfrenta un pedido de 12 años de prisión, 50 unidades fijas de multa ($6 millones) e inhabilitación absoluta. La acusación le atribuye tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la cantidad de partícipes y por su condición de funcionario público, además de peculado.
Para César Alegre, comisario de la Policía del Chaco, la Fiscalía solicitó 15 años de prisión y 90 unidades fijas de multa ($10,8 millones). En su caso, la imputación contempla el delito de organización de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por su condición de funcionario público, también en concurso material con peculado.
En tanto, para Gustavo Quizama, cabo primero de la Policía del Chaco, el pedido de pena alcanza los 11 años de prisión, 50 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado.
El robo
La investigación se inició a partir del procedimiento de incineración de estupefacientes realizado el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en Colonia Benítez. La operación fue de una temeridad sorprendente: se realizó de día, con varios medios de comunicación en el lugar y ante la vista de autoridades tales como el ministro de Seguridad Hugo Matkovich; el jefe de Policía Fernando Romero y hasta el juez Federal de Garantías 2 de Resistencia Ricardo Mianovich.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los efectivos que tenían bajo su responsabilidad la custodia, traslado e incineración de la droga habrían aprovechado esas funciones para retirar de la esfera de custodia estatal 9,490 kilos de cocaína.
La maniobra quedó descubierta por un secretario del juzgado de Mianovich a partir de constatar diferencias en los pesajes. Una primera medición había arrojado 8,700 kilos, mientras que una segunda registró 7,585 kilos. Posteriormente, durante la requisa de una camioneta policial, fueron encontrados nueve paquetes de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo y en una mochila.
La investigación también detectó en una mochila perteneciente a Urne Canteros un paquete que simulaba contener cocaína pero que, en realidad, tenía yeso. Para la Fiscalía, ese elemento habría sido utilizado como parte de una maniobra para reemplazar la droga sustraída y disimular el faltante durante la destrucción de los estupefacientes.
A la evidencia física se sumaron las comunicaciones extraídas de los teléfonos celulares de los policías. Para la acusación, mensajes, fotografías y audios permitieron reconstruir una planificación previa y establecer los distintos roles que habrían cumplido los integrantes de la organización.
La acusación menciona conversaciones en las que se hace referencia a la próxima “quema”, a la posibilidad de “rescatar algo” y a contactos para colocar rápidamente el material en el mercado ilegal.
También se incorporaron mensajes vinculados con la necesidad de contar con cinta y con la eventual confección de “panes” de yeso para sustituir los paquetes de cocaína que serían retirados del procedimiento.
Para la Fiscalía, el comisario Alegre ocupaba el lugar central dentro de la estructura. La acusación sostiene que, por su cargo como jefe de la División Operaciones Metropolitana (de la cual depende Dirección General de Consumos Problemáticos) y por su intervención en la organización del procedimiento de quema, tenía conocimiento del material que iba a ser incinerado y capacidad para seleccionar al personal que participaría del operativo.
El Ministerio Público Fiscal atribuye a Alegre haber organizado la estructura y coordinado funcionalmente las acciones de sus subordinados.
“La quema del merengue”
Uno de los elementos centrales mencionados por la Fiscalía es el análisis de un teléfono celular perteneciente a Almirón Núñez. De allí surgió la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “Los laaaaaru laaaaaru”, integrado, según la acusación, por Almirón Núñez, Urne Canteros, Villalba y otro usuario cuya identidad no pudo ser determinada.
En ese grupo, minutos antes del inicio del procedimiento de quema, Almirón Núñez habría enviado una fotografía en la que, según pudo determinar la investigación, aparecían él mismo y Urne Canteros mientras trasladaban la droga hacia el predio de incineración de Colonia Benítez.
Minutos después, Villalba respondió a esa imagen con una serie de mensajes que, para la Fiscalía, se vinculan con la maniobra investigada. Entre ellos, les recriminó que llevaran cinta, un elemento que la acusación asocia con el plan de manipulación y eventual sustitución de los “panes” de cocaína por yeso.
La acusación también incorpora una conversación mantenida un día antes de la quema entre Almirón Núñez y un contacto agendado como “Black”, identificado por la investigación como García.
Según la reconstrucción fiscal, Almirón Núñez le anticipó que al día siguiente se realizaría la quema y le planteó la posibilidad de “rescatar algo”, consultándole si tenía un contacto para que el material pudiera ser colocado rápidamente. García habría respondido mediante un audio que, según la Fiscalía, indicaba que contaba con la posibilidad de realizar de inmediato un “pasamano”.
Otro de los intercambios analizados surgió de un grupo de WhatsApp denominado “DIV. TRANSPORTE”, integrado por García junto a otros integrantes de esa dependencia policial.
El mismo día del procedimiento, García preguntó en ese grupo si uno de sus contactos se encontraba “en la quema del merengue” y luego envió mensajes que, según la Fiscalía, se referían a la posibilidad de obtener parte de la droga. En la conversación, además, manifestó que saldría de sus deudas con “una cajita de esas” y pidió prestar atención a que el contenido fuera “blanco” y tuviera determinadas características de identificación.
La acusación también señala que, horas después del procedimiento, comenzaron a circular en ese grupo mensajes vinculados con las detenciones de algunos de los policías involucrados y con la eventual situación procesal de García. “Chau Black”, decía uno de esos mensajes.
Días más tarde, otros participantes hicieron referencia a que los investigadores ya tenían los teléfonos de personas que habían mantenido comunicaciones con integrantes de la División Drogas. Los mensajes que García habría enviado en respuesta fueron eliminados y no pudieron ser recuperados, según surge de la acusación.
