El Ministerio Público de la Acusación de Rosario descartó las acusaciones de falso testimonio agravado y asociación ilícita contra tres profesionales de esa ciudad santafesina que intervienen en casos de abuso sexual contra las infancias. La resolución cuestiona uno por uno los argumentos con los que abogados de seis acusados habían llevado el caso a los medios.
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Por Sonia Tessa
Las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Glikman desestimaron la denuncia contra tres psicólogas rosarinas por los informes que presentaron en causas por abuso sexual contra las infancias. “Lo denunciado constituye un desconocimiento de las condiciones de los informes desde la idoneidad del testigo experto psicólogo”, es una de las frases de la resolución fiscal.
Las profesionales habían sido denunciadas por “falso testimonio agravado” y “asociación ilícita” por los abogados de seis acusados por abuso sexual en los Tribunales de Rosario. Y la resolución del Ministerio Público de la Acusación considera que corresponde desestimarla “por inexistencia de elementos de convicción suficientes, serios, precisos ni concordantes”.
Por el contrario, consideraron que “la intervención clínica de las profesionales se ajustó estrictamente a los estándares de contención y escucha activa, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las infancias, en un todo de acuerdo con el principio del interés superior del niño”.
En los Tribunales y los medios
La causa tomó alto vuelo mediático en marzo de este año, en el marco de una nueva ofensiva para instalar la problemática de las falsas denuncias, una causa que impulsa Carolina Losada, senadora nacional por Santa Fe.
La ofensiva contra las psicólogas fue impulsada por los abogados Viviana Cosentino, Ramiro Coso, Carina Lurati, Juan Lewis, Froilán Ravena, Renzo Viga, José Nanni, Rafael Tamous, Estela Marelli y Adriana Torchio.
A través de entrevistas en diferentes medios, profesionales y defendidos instalaron la existencia de una “emisión sistemática de informes diagnósticos falsos o prearmados sobre niños y niñas en causas de abuso sexual en la infancia para favorecer a las madres e impedir el contacto paterno filial”.
Para eso, presentaron a los padres como víctimas de estas profesionales -que no son las responsables de decisiones judiciales- y señalaron que las tres forman parte de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), a la que sugirieron como una “fachada” para cometer los ilícitos de manera coordinada.
Todo esto fue desestimado por las fiscales. “Si bien las profesionales forman parte de una Asociación Civil, no se ha podido acreditar con elementos objetivos que exista un pacto entre las mismas y entre éstas y las progenitoras denunciantes para la comisión de ilícitos”, dicen las fiscales.
Apenas se conoció la resolución, Carlos Rozanski, presidente de AEVAS y exjuez, publicó que había sido un “duro golpe en Rosario a quienes defienden la pedofilia”.
“Luego de un año de investigación, quedó al descubierto una vil maniobra de descalificación hacia quienes a diario trabajan en la asistencia a niñas y niños víctimas de abusos”, consideró Rozanski.
En sus redes sociales, el exjuez afirmó: “Desde AEVAS reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra las violencias de género y abusos sexuales. Agradecemos a todas las personas e instituciones que nos acompañaron ante las agresiones”.
Un campo específico
En su argumentada resolución, las fiscales recordaron que las coincidencias en algunos aspectos de los informes se deben a que las profesionales “abordan un campo específico: es frecuente que un grupo reducido de profesionales esté especializado en una materia muy concreta como la presente”.
Entre otras acusaciones, los denunciantes planteaban que las psicólogas recibían dinero para realizar “informes apócrifos”. Pero las fiscales señalan que los acusadores “no han podido precisar en qué consistía el pack, cuánto y a quién se abonaba, quién lo abonaba, cómo se efectuaba ese pago”.
Por eso, para las fiscales, “de los relatos brindados se desprende que se trataron de claras conjeturas, y aseveraciones sin sustento, más allá de sus creencias personales”.
Además, los denunciantes cuestionaron “una deliberada prescindencia del consentimiento del progenitor denunciado” para el tratamiento psicológico clínico de los niños/as posibles víctimas de abuso.
Sin embargo -según señala la resolución-, el Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) plantea que “los psicólogos podrán intervenir sin el consentimiento del o los consultantes en casos de catástrofes, urgencia y/o situaciones de riesgo”.
Uno de los cuestionamientos de los varones ubicados como “víctimas” de estas psicólogas era el parecido entre diferentes informes, que parecían “copiados”.
Por su parte, las fiscales subrayan que “en modo alguno esta fiscalía encuentra ‘copias’ o ‘identidad’ entre los informes presentados”.
Las fiscales encuentran que “más que una copia textual de frases, se trata de indicadores que pueden ser observados por las personas expertas en la materia”.
Por esas y otras consideraciones, no vislumbran la configuración del delito de falso testimonio agravado. “Que pueda existir una discrepancia con los contenidos de los informes presentados por las profesionales denunciadas, no determina que los mismos sean falsos”, señalan.
Consideran que “equiparar el disenso profesional o el diagnóstico erróneo al dolo penal vulnera el principio de legalidad”.
Denuncia sin evidencias
Es por esto que desestiman la denuncia, ya que “no se ha logrado recolectar evidencia alguna para sostener que las profesionales cuestionadas, deliberadamente hayan distorsionado lo informado oportunamente”.
Aún más, “en cada uno de los informes presentados, cada profesional expresó cómo arribó a las conclusiones del mismo y la metodología empleada”.
La decisión de las integrantes del Ministerio Público de la Acusación significa un paso importante para desactivar la ofensiva contra las profesionales de la salud que atienden a infancias víctimas de abuso sexual.
Sin embargo, toda la prédica contra el trabajo de profesionales de la salud ya tuvo consecuencias: según señalan desde Aevas, cada vez menos psicólogas aceptan atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual por temor a represalias, difamaciones y denuncias sin fundamento.
Publicado en Página/12
