Una investigación de ACIJ/JusTA relevó 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales presentadas entre 1999 y agosto de 2026. De las 4.910 que ya fueron cerradas, apenas 64 terminaron con una sanción o remoción. El informe advierte sobre demoras, caducidades, falta de transparencia y obstáculos para acceder a los expedientes.
Lunes, 28 de septiembre de 2026
Durante 27 años, el Consejo de la Magistratura de la Nación recibió 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales. Sin embargo, de las 4.910 que ya fueron cerradas, apenas 64 terminaron en una sanción o remoción: el 1,3%.
El dato surge de la investigación “¿Justicia intocable?”, realizada por el equipo de ACIJ/JusTA, que analizó información oficial, expedientes disciplinarios, pedidos de acceso a la información pública y testimonios de denunciantes y especialistas. La investigación tomó como período desde el inicio de las actividades del Consejo, en 1999, hasta el 31 de agosto de 2026.
La investigación pone bajo la lupa el funcionamiento del sistema encargado de controlar la conducta de quienes integran la magistratura nacional y federal. El informe advierte que una garantía pensada para proteger la independencia judicial —la inamovilidad de jueces y juezas— puede convertirse en un mecanismo de falta de rendición de cuentas si los procesos destinados a investigar denuncias no funcionan adecuadamente.
De acuerdo con la base elaborada por ACIJ/JusTA, 260 denuncias permanecían abiertas al 31 de agosto de 2026, mientras que 4.910 habían sido cerradas.
Entre estas últimas, 3.700 fueron desestimadas, lo que representa el 75,36%. Otras 469 finalizaron por caducidad, equivalente al 9,55% del total de causas cerradas. Además, en 633 casos los datos disponibles no permiten conocer la causa del cierre.
En contraste, fueron 43 las sanciones aplicadas —21 multas y 22 apercibimientos— y 21 las remociones de magistrados y magistradas. En total, 64 denuncias terminaron con una sanción o remoción.
Las sanciones estuvieron vinculadas, entre otros hechos, con abusos de autoridad, violencia laboral, demoras en el dictado de sentencias, utilización de licencias sin autorización, intervención en causas por fuera de la competencia del magistrado y vínculos con personas involucradas en expedientes.
El paso del tiempo
Uno de los aspectos que destaca la investigación es el peso de las caducidades. La legislación establece que las denuncias caducan cuando transcurren tres años desde su presentación sin que el Plenario del Consejo de la Magistratura haya dictado una resolución.
Según ACIJ/JusTA, 469 denuncias finalizaron por caducidad entre 1999 y agosto de 2026. Esto significa que un expediente puede terminar cerrado sin que exista una decisión sobre los hechos denunciados.
El informe también señala que la falta de un calendario fijo de reuniones y la ausencia de una mayor proactividad para resolver las denuncias contribuyen a prolongar los procedimientos. En ese contexto, el vencimiento del plazo legal puede convertirse en la vía de salida de expedientes que no llegaron a una definición.
Un caso incluido en la investigación es el del juez nacional Diego Hernán Papa. Tras una investigación en la que se recibieron 58 declaraciones testimoniales y se debatieron distintas alternativas de sanción, el expediente terminó archivado por el transcurso del plazo de caducidad. El Consejo había votado sucesivamente una multa del 30% del salario, el rechazo de la denuncia y un apercibimiento, pero ninguna de las mociones alcanzó la mayoría necesaria.
Difícil de controlar
La investigación también cuestiona el nivel de transparencia del Consejo de la Magistratura. Según ACIJ/JusTA, aunque la legislación establece que los expedientes del organismo son públicos y, especialmente, aquellos relacionados con denuncias contra magistrados, en la práctica el acceso a las actuaciones puede resultar dificultoso.
El equipo investigador realizó pedidos para acceder a 69 expedientes próximos a caducar. Después de casi cuatro meses de trámite, solo pudo acceder a siete denuncias desestimadas o archivadas, algunas resoluciones ya disponibles públicamente y autorizaciones para consultar determinados expedientes de manera presencial.
En otro tramo de la investigación, relacionado con la Comisión de Acusación, se documentaron obstáculos para obtener copias o fotografías de actuaciones. El pedido de acceso fue derivado entre distintas áreas del propio Consejo y, según el informe, no obtuvo una respuesta efectiva durante varios meses.
Afuera del proceso
Otro de los problemas señalados es la falta de participación de quienes presentan las denuncias. El reglamento permite denunciar hechos que podrían constituir faltas disciplinarias o causales de remoción, pero establece que quien denuncia no es parte de las actuaciones.
Para ACIJ/JusTA, esto implica que quienes impulsan una denuncia pueden quedar sin información sobre las medidas de prueba, el avance del expediente o las razones por las que finalmente se archiva.
El informe recoge, entre otros testimonios, el de integrantes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional que describen dificultades para conocer qué ocurre con las denuncias una vez presentadas.
También analiza el caso de cuatro juezas del distrito de Cuyo que denunciaron a un colega por presuntas conductas violentas y machistas. Según la investigación, durante casi dos años el Consejo avanzó hacia el archivo sin convocar a las denunciantes para que explicaran los hechos.
¿Quién decide?
El recorrido de una denuncia tampoco es único. El Consejo cuenta con una Comisión de Disciplina y una Comisión de Acusación, con competencias diferentes según la gravedad de los hechos.
La primera analiza faltas que pueden derivar en advertencias, apercibimientos o multas. La segunda interviene en casos considerados más graves y puede impulsar un proceso de remoción.
Pero el informe identifica otro punto sensible: el Comité de Asignación, integrado por las presidencias de ambas comisiones, que define inicialmente por cuál de ellas tramitará cada denuncia. Según la investigación, los criterios previstos no son taxativos y pueden generar disputas sobre el camino que debe seguir cada expediente.
La investigación cita al consejero Rodolfo Tailhade, uno de los integrantes del Consejo que respondió al pedido de entrevista, quien planteó que existen márgenes de subjetividad en la asignación de los expedientes y mencionó casos en los que, a su criterio, el criterio aplicado generó controversias.
El interrogante
El resultado estadístico plantea una pregunta de fondo: ¿qué explica que solo 64 de 4.910 denuncias cerradas hayan terminado en una sanción o remoción?
La propia investigación plantea dos posibilidades: que la enorme mayoría de las denuncias sean infundadas o que una parte de ellas sea cerrada de manera injustificada, ya sea por negligencia o por mecanismos que terminan favoreciendo a magistrados y magistradas denunciados. ACIJ/JusTA sostiene que, a partir del análisis realizado, la segunda hipótesis no puede descartarse.
Especialistas consultados por el equipo investigador apuntaron a distintos aspectos del problema. El académico Alfonso Santiago sostuvo que el Jurado de Enjuiciamiento ha funcionado adecuadamente desde su creación, pero consideró que no todos los casos que debieron llegar a esa instancia fueron efectivamente derivados por el Consejo.
El académico Mauro Benente, en tanto, puso el foco en la falta de transparencia y señaló que la dificultad para acceder a los expedientes impide determinar si la baja cantidad de sanciones responde a la conducta de los magistrados o a la ineficacia del diseño institucional.
La investigación “¿Justicia intocable?” no presenta el relevamiento como un punto final. Sus autores aclaran que se trata de una primera evidencia sobre el funcionamiento de los mecanismos disciplinarios y que el objetivo es aportar datos al debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el control de la magistratura nacional y federal.
