Según informaron desde las entidades de trabajadores judiciales, un relevamiento realizado durante este viernes, oficina por oficina, concluyó que se adhirieron a las medidas de paro con retiro y concentración del 24 y paro sin asistencia de este viernes 25, entre el 70 y 75% de los trabajadores, por lo que, aseguraron, “se sintió con fuerza la unidad del colectivo judicial”.
Sábado, 26 de septiembre de 2026
A pesar de las amenazas de descuentos de haberes por parte del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, desde la Intergremial Judicial destacaron que el acatamiento a las medidas de fuerza convocadas para este jueves 24 y viernes 25 de septiembre se ubicó entre el 70 y el 75 por ciento.
La alianza de Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (UTJCH), el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCH) y el Sindicato del Personal Jerárquico y Jerarquizados aseguraron que “esto deja en claro que el trabajador judicial entendió y es plenamente consciente de la gravedad de la situación que estamos atravesando, más allá de las amenazas por descuentos difundidas por la patronal”.
“No es un reclamo salarial. Es un conflicto constitucional de derecho que ataca nuestro sistema salarial de porcentualidad, de propiedad y patrimonial”, recalcaron.
En ese sentido, solicitaron a los trabajadores judiciales que sigan atentos a los informes de la Intergremial Judicial y subrayaron que “la unidad y la información son nuestras principales herramientas”.
El reclamo de fondo
La protesta de los trabajadores del Poder Judicial del Chaco tiene como principal objetivo el rechazo al proyecto de ley 2141/26 referido a la “Intangilidad Salarial” de los jueces y magistrados, enviado a la Cámara de Diputados por el gobernador Leandro Zdero. Según los gremios, la iniciativa busca modificar el sistema salarial del Poder Judicial chaqueño y afectar el régimen de porcentualidad establecido por la Ley 468-A, norma que fija la relación entre los salarios de magistrados y el resto del personal judicial.
La Intergremial planteó tres ejes centrales de reclamo. En primer lugar, exige el rechazo y archivo definitivo del proyecto 2141/26. En segundo término, reclama que se investigue la actuación del tribunal ad hoc y el origen de la iniciativa legislativa. Por último, pide la reglamentación y aplicación inmediata del artículo 9° de la Ley 3424-A —norma que establece la equiparación salarial judicial con la media de la región NEA— para la totalidad de los trabajadores judiciales, y no solo para los jueces y magistrados.
