Juan Pablo Quintana, quien estuvo a cargo del operativo realizado el 1 de septiembre en Villa Ángela, quedó imputado por encubrimiento en concurso real con privación ilegal de la libertad por abuso funcional. Sus subordinados, Pedro Alejandro Pared y Germán Augusto Defagot, fueron imputados por apremios ilegales cometidos con violencia. Los tres policías se abstuvieron de declarar. La víctima permanece internada en el Área de Salud Mental del Hospital Perrando y, según un informe médico forense, todavía no se encuentra en condiciones de prestar declaración.
Viernes, 25 de septiembre de 2026
La investigación penal por el violento procedimiento policial ocurrido en Villa Ángela avanzó con la imputación de los tres efectivos que participaron del operativo. La causa se inició de oficio luego de la viralización de videos en los que se observa cómo dos policías reducen y golpean a un hombre con padecimientos de salud mental.
Fuentes judiciales indicaron a LITIGIO que la investigación que lleva adelante la Fiscalía Adjunta de Derechos Humanos de Sáenz Peña, a cargo de Silvia Sluzar, no quedó circunscripta a los dos efectivos que aparecen en las imágenes. También alcanzó al policía de mayor rango que estaba a cargo del procedimiento y permaneció dentro del móvil policial. Según la hipótesis fiscal, desde el vehículo, Juan Pablo Quintana habría ordenado la privación ilegítima de la libertad del hombre y posteriormente habría incurrido en una conducta de encubrimiento.
Por ese motivo, Quintana fue imputado por encubrimiento en concurso real con privación ilegítima de la libertad por abuso funcional. En tanto, Pedro Alejandro Pared y Germán Augusto Defagot fueron imputados como autores del delito de apremios ilegales cometidos con violencia, en relación con la agresión que quedó registrada en los videos. Al notificarles de sus imputaciones, los tres efectivos hicieron uso de su derecho de abstenerse de declarar.
No pudo declarar
Uno de los principales obstáculos para avanzar con el testimonio directo de la víctima es su actual estado de salud. El hombre se encuentra internado en el Área de Salud Mental del Hospital Perrando y la Fiscalía no pudo concretar su comparendo.
Fuentes judiciales señalaron a este medio que la persona padece una enfermedad mental desde hace más de ocho años y que, si bien no se pudo determinar si cuenta con Certificado Único de Discapacidad, se trata de una persona considerada de especial vulnerabilidad.
Además, un examen realizado por médicos forenses del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) determinó que actualmente no se encuentra en condiciones de prestar declaración.
La imposibilidad de contar por ahora con su testimonio no impidió que la investigación avanzara sobre la base de otros elementos incorporados al expediente, entre ellos los registros audiovisuales del procedimiento, testimonios y distintos informes técnicos.
Una versión policial
El episodio ocurrió en inmediaciones de calle Leopoldo Lugones y avenida Lorenzo Cobello. Las imágenes, difundidas inicialmente por el portal de noticias Gente de Pueblo, muestran a dos efectivos interviniendo sobre un hombre que se encontraba en una situación de evidente vulnerabilidad.
En la secuencia se observa primero a uno de los policías manteniendo al hombre detenido mientras permanece de pie. Luego, otro efectivo comienza a discutir con él y le aplica un golpe en el pecho. Ante la reacción del hombre, el primer policía interviene y realiza una maniobra para reducirlo hasta llevarlo al suelo.
Cuando ya se encontraba inmovilizado, el segundo efectivo vuelve a intervenir y le propina una patada en la cabeza. Posteriormente, dentro del patrullero, se ve la mano de persona que le pasa unas esposas a uno de los efectivos que mantenía reducida a la víctima quien luego las utilizó para maniatarlo completamente. Según la fiscalía, esa persona era Quintana.
Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron no sólo un repudio generalizado, sino que también derivaron en la apertura de una investigación penal y de un sumario administrativo dentro de la Policía del Chaco.
A pesar de lo registrado en video, en el acta de la detención, Quintana había asegurado que el procedimiento se realizó utilizando la “fuerza mínima e indispensable”. Según el informe elaborado por el entonces jefe del operativo, la intervención policial se produjo después de que un trabajador de una estación de servicio solicitara la presencia de los efectivos por el comportamiento del hombre. De acuerdo con esa versión, habría molestado a clientes, escupido, orinado en el playón, arrojado objetos y exhibido sus genitales.
Quintana también sostuvo que el hombre se negó a retirarse del lugar y que incluso habría intentado arrojarse debajo de vehículos, razón por la cual los policías decidieron reducirlo. Esa explicación quedó incorporada al expediente, pero ahora los tres efectivos fueron formalmente imputados con distintas calificaciones penales.
Videos y testimonios
La Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial en Derechos Humanos incorporó distintos registros audiovisuales para reconstruir el procedimiento y dispuso un relevamiento de las cámaras de seguridad existentes en la zona. La investigación quedó en manos de Slusar luego de que la Fiscalía de Investigación Penal 1 de Villa Ángela se declarara incompetente.
Además de los videos, la Fiscalía ordenó un sondeo vecinal, la elaboración de un croquis del lugar y un informe técnico del Gabinete Científico Judicial, que incluyó fotografías y la ubicación de las cámaras relevadas.
También se solicitaron antecedentes y documentación médica de los hospitales 4 de Junio y Salvador Mazza, se dispuso la intervención de un médico forense especializado en Salud Mental y se ordenó la aplicación del Protocolo de Estambul.
Una testigo declaró haber visto a dos policías uniformados golpeando al hombre y aportó tres registros audiovisuales. Según su relato, uno de los efectivos le habría dado una trompada y posteriormente observó golpes en la zona de la cabeza.
Otra persona vinculada al establecimiento desde donde se pidió la intervención policial había señalado inicialmente que el hombre se tornaba agresivo y que era necesaria una intervención urgente de Salud Mental. Posteriormente aclaró ante la Fiscalía que no había presenciado directamente la agresión policial y autorizó la extracción de las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.
Salud Mental
La investigación busca determinar además si el procedimiento policial respetó los protocolos específicos previstos para intervenir ante personas con presunto padecimiento mental.
En ese sentido, el Órgano de Revisión de Salud Mental informó a la Fiscalía sobre la vigencia de la Ley Provincial 3381-G y del protocolo de intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad frente a personas con presunto padecimiento mental y/o intoxicación por consumo problemático de sustancias.
El organismo también solicitó la intervención de la Defensoría Civil y del Ministerio de Salud. En la causa participan, además, la Defensoría Oficial 1, la Municipalidad de Villa Ángela y un equipo interdisciplinario.
En paralelo, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco inició un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.
Pared y Defagot habían sido suspendidos preventivamente de sus funciones, con retención de haberes, y se había dispuesto la entrega de sus armas y credenciales. Quintana, por su parte, fue notificado del inicio de las actuaciones administrativas y de las normas y circulares internas vinculadas con el accionar policial.
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