La Red Argentina de la Magistratura de Niñez y Familias emitió una enérgica declaración pública en apoyo a la jueza Laura De Marinis, en respuesta a las descalificaciones personales y al pedido de juicio político promovido tras la difusión de una de sus recientes sentencias. La entidad remarcó que cuestionar a una magistrada por el contenido de sus decisiones constituye una abierta intromisión en el Poder Judicial y una seria amenaza al principio republicano de división de poderes.
Jueves, 24 de septiembre de 2026
El conflicto institucional se originó a partir de una resolución dictada por De Marinis, mediante la cual declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 para el caso particular de un adolescente de 14 años. Al respecto, la asociación nacional sostuvo que la decisión representa un acto legítimo de control de constitucionalidad y convencionalidad, amparado por los incisos 22 y 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional y por la Convención sobre los Derechos del Niño, normativas que otorgan a la infancia la categoría de sujetos de tutela constitucional preferente.
Desde la red señalaron que los intentos de sancionar a la jueza buscan ejercer un disciplinamiento político contra los magistrados que aplican las garantías fundamentales. Asimismo, advirtieron que esta clase de presiones no solo vulnera el libre ejercicio de la magistratura, sino que expone a los niños, niñas y adolescentes a respuestas punitivas estatales desproporcionadas, ineficaces e incompatibles con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Canales institucionales para el disenso
El organismo remarcó que la independencia judicial no debe interpretarse como un fuero ni como un privilegio corporativo de los jueces, sino como la garantía ciudadana indispensable para frenar eventuales excesos del Estado y asegurar la protección efectiva de las personas en situación de vulnerabilidad.
Para concluir, la Red Argentina de la Magistratura de Niñez y Familias instó a encauzar cualquier desacuerdo con el fallo a través de los recursos de apelación en los tribunales de alzada. Exigieron desterrar en forma definitiva los mecanismos de coacción o intimidación, reafirmando su total acompañamiento a la doctora De Marinis y solicitando que las discusiones jurídicas se mantengan estrictamente en los ámbitos procesales previstos por la ley.
