La Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó el rechazo a dos planteos de la defensa de Oscar Alberto Olari, el ex gendarme señalado como el oficial instructor que en 1980 avaló la versión del “suicidio” de Gervasio Martín Guadix, militante de Montoneros secuestrado en el marco de la Contraofensiva. El falso suicidio fue montado el 2 de diciembre de ese año en la localidad de Paso de los Libres (Corrientes), en la frontera con Brasil.
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó esta semana el rechazo a dos planteos de la defensa de Oscar Alberto Olari, el ex gendarme señalado como el oficial instructor que en 1980 avaló la versión del “suicidio” de Gervasio Martín Guadix, militante de Montoneros secuestrado en el marco de la Contraofensiva.
El tribunal —integrado por los jueces Marcelo Darío Fernández, Juan Pablo Salas y Marcos Morán— desestimó los recursos de apelación contra dos autos que habían rechazado, respectivamente, un planteo de falta de acción por litispendencia y otro por violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, junto con un pedido de exclusión probatoria.
Con ambas resoluciones firmes en esta instancia, el proceso contra Olari continúa en el marco de la megacausa por la Contraofensiva montonera que tramita ante el Juzgado Federal N°2 de San Martín, sin que prospere ninguno de los planteos con los que su defensa buscó frenar o desviar la investigación hacia el expediente correntino sobre falso testimonio.
Quién es Olari y por qué está imputado
Olari fue el Primer Alférez que, como oficial instructor, tramitó en 1980 el sumario de prevención Nro. 16/80 en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, caratulado “Gervasio Martín Guadix s/ suicidio por envenenamiento”. Guadix, arquitecto y militante de Montoneros, había sido secuestrado el 26 de agosto de 1980 en Buenos Aires por un grupo de tareas del Batallón de Inteligencia 601 y permanecido detenido en Campo de Mayo hasta aparecer sin vida, meses después, en Paso de los Libres. Esa causa fue cerrada en 1982 por extinción de la acción penal ante la (falsa) muerte del investigado.
Recién en 2006, la hija de Guadix, Dolores Eloísa Guadix, denunció que la muerte de su padre había sido en realidad un homicidio disfrazado con una “teatralización”: según reconstruyó públicamente en su testimonio ante el TOCF N°4 de San Martín en 2019 —en el marco del juicio de lesa humanidad por la Contraofensiva montonera—, un agente de inteligencia parecido físicamente a su padre habría fingido el suicidio en un colectivo mientras Guadix, ya envenenado, era trasladado y sustituido. Esa versión reabrió el caso y, con las contradicciones detectadas entre los testimonios de la causa original y los de la nueva investigación, derivó en 2008 en un expediente por falso testimonio y falsedad ideológica contra Olari, entre otros.
Las resoluciones rechazadas
La defensa de Olari, a cargo del Dr. Martín Alejandro Olari Ugrotte, había planteado que la citación a indagatoria de su asistido en la causa principal —la megacausa que investiga los hechos de la Contraofensiva, tramitada ante el Juzgado Federal N°2 de San Martín— violaba el principio ne bis in ídem, porque el mismo suceso ya habría sido investigado en otro expediente del Juzgado Federal de Paso de los Libres, donde en 2010 se había dispuesto la falta de mérito de Olari.
La Cámara desestimó el argumento: reconstruyó que, tras las incompetencias declaradas y la intervención de la Cámara Federal de Corrientes, en 2011 se ordenó remitir conjuntamente los expedientes de Paso de los Libres al Juzgado Federal N°2 de San Martín, donde fueron acumulados al “Caso Nro. 9” y de allí al “Caso Nro. 459”, caratulado justamente “Contraofensiva montonera”. Para los jueces, al tratarse de un único proceso que se sustancia en esa jurisdicción y sobre el que no existe ninguna decisión con efecto de cosa juzgada respecto de Olari, no hay litispendencia posible: la nueva indagatoria no duplica el proceso sino que continúa la pesquisa ya iniciada.
En el segundo expediente, la defensa había cuestionado que no se analizara la garantía del plazo razonable según los estándares del fallo “Cavallo”, alegando una inactividad injustificada en el trámite del caso. La Cámara volvió a apoyarse en la acumulación de los expedientes de Paso de los Libres a la causa de San Martín para sostener que no hubo tal inactividad: la investigación fue profundizada en esa jurisdicción con numerosas medidas probatorias impulsadas por las partes acusadoras, en el marco de un caso —la “Contraofensiva montonera”— que el tribunal describió como complejo por la cantidad de partes y testigos involucrados y las dificultades propias de la recolección de prueba en delitos de lesa humanidad. Citó además la doctrina de la Corte Suprema en “Arancibia Clavel” y “Simón”, según la cual los crímenes contra la humanidad no se ven alcanzados por el paso del tiempo de la misma manera que los delitos ordinarios.
En cuanto a la exclusión probatoria, la defensa había pedido apartar del expediente las declaraciones de Vicente Alcaraz y Natividad de Jesús Pérez —hoy coimputados junto a Olari— y la versión taquigráfica del testimonio que Pérez prestó ante el TOCF N°4 de San Martín en el juicio de 2019, por entender que se habían obtenido en violación al principio de no autoincriminación. La Cámara rechazó el planteo: recordó que ese mismo cuestionamiento sobre el testimonio de Pérez ya había sido resuelto en 2021, y remarcó que, al momento de declarar como testigos en 2007 y 2008, ni Alcaraz ni Pérez estaban imputados ni eran sospechosos en esa causa.
