Catorce diputados de la oposición presentaron un proyecto de resolución para interpelar a la administradora general de la Administración Tributaria Provincial, Bibiana Kuncheff. El planteo busca reconstruir cómo se contrató un primer diagnóstico sobre los sistemas y procesos del organismo, qué producto recibió el Estado y si ese trabajo terminó siendo utilizado para elaborar el concurso actualmente en marcha por 48 meses. También piden explicaciones sobre la intervención de ECOM Chaco, ATS Sistemas y Gestión (empresa vinculada al presidente de River Plate) y el resguardo de los datos fiscales.
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
La polémica por la multimillonaria “modernización” de la Administración Tributaria Provincial (ATP) ingresó formalmente a la Legislatura chaqueña. El lunes, 14 diputados de la oposición presentaron el Proyecto de Resolución 2325/2026, mediante el cual solicitan la convocatoria al recinto de la administradora general del organismo, Bibiana Massiel Kuncheff, para que brinde explicaciones sobre una secuencia de contrataciones que comenzó con una consultoría de $1.800 millones y continuó con un concurso público de alcance plurianual que puede superar los $30.000 millones.
La importancia del planteo no radica solamente en el monto de las operaciones. El interrogante central que atraviesa el pedido es otro: qué relación existe entre una primera contratación destinada a relevar y diagnosticar los sistemas y procesos de la ATP y el nuevo concurso que busca intervenir integralmente sobre esas mismas áreas durante cuatro años.
Los diputados no sostienen en su proyecto que esa continuidad implique, por sí misma, una irregularidad. Lo que reclaman es información que permita reconstruir cómo se pasó de una etapa a la otra, quién tomó las decisiones, qué empresas participaron, qué documentos produjo la primera consultoría y en qué medida ese trabajo pudo haber sido utilizado para diseñar las condiciones técnicas del procedimiento posterior.
El proyecto lleva las firmas de los diputados Santiago Pérez Pons, Nicolás Slimel, Tere Cubells, Sebastián Benítez Molas, Katia Blanc, María Pía Chiacchio Cavana, María Luisa Chomiak, Analía Inés Flores, Rubén Omar Guillón, Atlanto Honcheruk, Elda Insaurralde, Luciano Graciano Moser, Lucas Damián Nass y Rodolfo Schwartz.
La secuencia que quieren reconstruir
Según surge de los fundamentos del proyecto, a fines de 2025 comenzaron los pedidos de información formulados por el Sindicato de Empleados de Rentas de la Provincia del Chaco (SiEmpRe) sobre la participación de empresas privadas en procesos vinculados con sistemas informáticos, gestión tributaria, cobranzas y modernización de la ATP.
El 30 de diciembre de 2025, el sindicato presentó un requerimiento formal para conocer, entre otros aspectos, la existencia de convenios, las empresas participantes, el objeto de las contrataciones, sus condiciones y el eventual acceso de terceros a información y sistemas tributarios.
El 9 de marzo de 2026 la ATP reconoció formalmente la existencia de un convenio y lo describió como un relevamiento integral de sistemas y procesos destinado a identificar brechas tecnológicas, funcionales y de gestión.
El planteo opositor señala que esa respuesta no permitió conocer entonces datos esenciales de la operación, como el precio, el procedimiento de contratación, la modalidad de pago o las empresas privadas que finalmente participaron. Posteriormente fueron apareciendo actuaciones administrativas que permitieron dimensionar económicamente el contrato.
Una de ellas registra una primera cuota de $629 millones, instrumentada a través de una orden de pago a favor de ECOM Chaco S.A.. El proyecto también individualiza otras dos actuaciones correspondientes a las cuotas siguientes y sostiene que, consideradas en conjunto, la contratación habría representado unos $1.800 millones.
Por eso, uno de los primeros interrogantes que la oposición pretende que responda Kuncheff es elemental pero decisivo: qué compró exactamente el Estado por esos $1.800 millones. El proyecto exige que la ATP entregue los informes, diagnósticos, relevamientos, recomendaciones, bases de datos, proyectos y demás documentos que hubieran sido recibidos como contraprestación.
La pregunta que cambia el eje del reclamo
A partir de allí aparece el segundo tramo de la secuencia. El pasado 31 de agosto, Fiduciaria del Norte S.A. realizó la apertura del Concurso Público N.º 01/2026, destinado a contratar durante 48 meses una “Consultoría Integral en Sistemas y Procesos Tributarios, Business Intelligence e Integración Catastro-Tributaria” para la ATP.
Se presentaron tres propuestas de entre 31 mil y 32 mil millones de pesos. Entre ellas, empresas que habrían participado de la elaboración del diagnóstico pedido por ATP y que dio nacimiento al concurso de precios. El punto que la oposición considera necesario aclarar es la eventual conexión entre ambos procesos.
En concreto, los legisladores preguntan si el estudio, relevamiento o diagnóstico producido por la contratación anterior fue utilizado como antecedente, fundamento o insumo técnico para confeccionar el nuevo pliego.
La razón de esa pregunta es que, si un diagnóstico previo sirvió para definir qué debía hacerse después, resulta relevante establecer quién lo realizó, quién tuvo acceso a esa información y qué empresas conocieron con anticipación las necesidades técnicas del organismo.
Por eso el proyecto dedica varios de sus puntos a la participación de ATS Sistemas y Gestión S.A., una de las firmas que los diputados vinculan con la contratación precedente y cuya eventual participación como oferente en el nuevo concurso pretenden confirmar y documentar. La firma, vale recordar, está vinculada con el presidente del club River Plate,
La iniciativa pide, además, que ATP informe si realizó un relevamiento de las vinculaciones societarias, personales, comerciales o económicas entre las empresas que se presentaron al concurso y si verificó que alguna de ellas hubiera intervenido previamente en la elaboración del diagnóstico o de las especificaciones técnicas.
La pregunta, tal como está formulada en el proyecto, no da por probado que haya existido una ventaja competitiva. Busca determinar qué mecanismos adoptó la administración para evitarla, si efectivamente existía un riesgo de ese tipo.
ECOM, ATP y el circuito de contratación
Otro aspecto que los diputados quieren esclarecer es por qué determinadas prestaciones dirigidas a la ATP fueron canalizadas a través de estructuras externas al propio organismo.
El proyecto requiere información específica sobre el papel de ECOM Chaco SA en la primera contratación: el instrumento jurídico celebrado con ATP, su objeto, el monto, las condiciones y la normativa que permitió instrumentar de esa manera la operación.
También pretende identificar a las empresas privadas contratadas por ECOM para realizar materialmente los servicios y conocer quiénes son sus accionistas, autoridades, representantes y beneficiarios finales.
La cuestión reaparece en el nuevo concurso, pero con otra estructura: esta vez la convocatoria fue realizada por Fiduciaria del Norte SA, en el marco del Fideicomiso de Compras y Contrataciones Estratégicas de la Administración Pública.
Por eso, los legisladores quieren saber quién solicitó ese concurso, mediante qué acto administrativo, quién pagará la contratación, de qué partidas saldrán los fondos y por qué se eligió ese mecanismo en lugar de una contratación directa de la propia ATP.
En otras palabras, buscan reconstruir el circuito administrativo y económico completo, desde la decisión de contratar hasta la identificación del organismo que finalmente asumirá el costo.
El dinero como punto de partida
Aunque los montos son uno de los aspectos centrales del reclamo, el proyecto plantea que el análisis legislativo no puede agotarse en determinar cuánto dinero se pagó. También pregunta qué resultado concreto produjo la primera consultoría, qué utilidad tuvo ese producto para la administración y por qué, después de destinar aproximadamente $1.800 millones a un diagnóstico, fue necesario avanzar hacia una nueva contratación de cuatro años y de una magnitud económica muy superior.
El interrogante que los diputados formulan es si se trata de dos operaciones independientes o de dos etapas de una misma reingeniería: una primera destinada a relevar y diagnosticar y una segunda orientada a implementar las soluciones surgidas de ese trabajo. Esa distinción es relevante porque permite entender qué se contrató en cada etapa y evitar que el Estado termine pagando dos veces por prestaciones que pudieran superponerse.
El pedido incorpora además una dimensión especialmente sensible por tratarse de la ATP: el acceso de terceros a información de los contribuyentes. Los legisladores solicitan que se informe qué medidas se adoptaron para proteger el secreto fiscal, la confidencialidad de las bases de datos y la seguridad informática tanto en la contratación anterior como en el nuevo concurso.
Quieren saber si se emitieron dictámenes jurídicos, técnicos o de seguridad antes de autorizar el acceso de ECOM, ATS u otras empresas a sistemas internos o bases de datos, quién autorizó esos accesos, cuál fue su alcance y qué mecanismos de trazabilidad se implementaron.
El planteo parte de una premisa institucional: la modernización de un organismo tributario no involucra solamente software, procesos o tecnología, sino también información fiscal de miles de contribuyentes, por lo que cualquier tercerización requiere conocer con precisión bajo qué condiciones se realizó.
Antes de sacar conclusiones
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados remarcan que su pedido no pretende reemplazar las competencias de los organismos administrativos, contables o judiciales que eventualmente deban determinar responsabilidades.
Lo que reivindican es la facultad constitucional de la Cámara para fiscalizar la administración pública y exigir explicaciones sobre el uso de recursos estatales.
Por eso, además de la comparecencia de Kuncheff, reclaman que la funcionaria entregue con anticipación la documentación completa de las contrataciones: convenios, contratos, facturas, órdenes de pago, órdenes de compra, dictámenes, informes, diagnósticos y actos administrativos.
El objetivo es que la discusión parlamentaria no quede limitada a explicaciones generales. La oposición pretende reconstruir, documento por documento, qué decidió la ATP, por qué lo decidió, cuánto pagó, qué recibió, quién intervino en cada etapa y cómo una contratación de $1.800 millones terminó conectándose —o no— con otra que puede comprometer más de $30.000 millones durante 48 meses.
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