A menos de 24 horas del inicio previsto del debate por el operativo policial ocurrido en mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, la Cámara Segunda en lo Criminal resolvió postergar el juicio hasta el 5 de octubre. La decisión se tomó a partir del cambio de defensor de uno de los diez policías imputados, quien solicitó tiempo para estudiar el expediente. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura expresó su preocupación por las nuevas dilaciones y reclamó que el debate se concrete sin nuevas postergaciones y con perspectiva intercultural.
Martes, 22 de septiembre de 2026
El juicio oral por la golpiza a jóvenes de la comunidad Qom durante un operativo policial en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, previsto para comenzar este martes, fue postergado hasta el 5 de octubre por decisión de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.
La resolución fue adoptada el lunes (a menos de 24 horas del inicio del juicio oral), luego de que el imputado Orlando Sergio Martín Cabrera informara que había cambiado de abogado y su nuevo defensor, Cristian Festorazzi Verbek, Defensor Oficial 6, solicitara la suspensión del debate para contar con tiempo suficiente para preparar la defensa.
La presidenta del tribunal, Dolly Fernández, hizo lugar al planteo y estableció como nueva fecha de inicio el 5 de octubre a las 7.30. Las restantes jornadas previstas para la audiencia oral se mantendrán a partir de esa fecha.
En su resolución, la jueza Fernández señaló que el pedido encuentra sustento en el artículo 132 del Código Procesal Penal, que contempla el derecho de solicitar la suspensión de la audiencia, y en las garantías establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En particular, recordó que entre las garantías judiciales mínimas se encuentra el derecho de contar con el tiempo y los medios necesarios para preparar la defensa. Según sostuvo, conceder el pedido resulta necesario para preservar el debido proceso y el derecho de defensa en juicio y evitar eventuales nulidades.
La suspensión fue establecida por nueve días. No obstante, el tribunal dispuso que los diez imputados y sus defensores igualmente deberán presentarse este martes, con el objetivo de evitar sustituciones o incorporaciones de profesionales de manera sorpresiva.
Nuevas demoras
La nueva postergación generó “preocupación” en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que interviene en el proceso como querellante institucional. Desde el organismo señalaron que las sucesivas dilaciones y la manera en que se ha prolongado el proceso evidencian también, según su consideración, una falta de adecuada perspectiva intercultural.
“La pertenencia de las víctimas a un pueblo indígena no puede ser considerada un dato accesorio: exige que su identidad cultural y su particular situación de vulnerabilidad sean contempladas de manera efectiva durante todo el proceso judicial”, señaló el organismo.
El Comité advirtió además que las reiteradas postergaciones “prolongan la incertidumbre de las víctimas y sus familias y comprometen derechos reconocidos por la Ley de Víctimas”. En esa línea, sostuvo que el acceso efectivo a la Justicia no se limita a la posibilidad de denunciar o participar de un proceso, sino que también requiere obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable.
Ante la nueva suspensión, el organismo reclamó que se adopten las medidas necesarias para que el debate pueda desarrollarse finalmente sin nuevas dilaciones, respetando las garantías de todas las partes y asegurando a las víctimas una respuesta judicial efectiva, oportuna y con perspectiva intercultural.
Diez policías
La causa, identificada como expediente N° 12.386/2020-1, tiene como imputados a Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martín Cabrera, Sebastián Alberto Vallejos y Claudia Beatriz Lucena.
Los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos policiales realizaron un operativo en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana.
De acuerdo con la acusación, los agentes ingresaron al domicilio sin orden judicial y sometieron a golpes y distintos actos de violencia a jóvenes pertenecientes a la comunidad Qom, entre ellos una adolescente.
La investigación sostiene además que las agresiones continuaron posteriormente en la Comisaría Tercera de Fontana, donde las víctimas fueron trasladadas y permanecieron detenidas. En ese contexto también se denunciaron insultos de contenido racista y discriminatorio.
Durante el juicio se prevé analizar registros audiovisuales del procedimiento policial, grabaciones de las cámaras de seguridad de la dependencia policial y testimonios de las víctimas, testigos y personas que registraron el operativo.
Las acusaciones
Los diez policías llegan al debate con diferentes imputaciones, de acuerdo con la participación que se les atribuye en los hechos. Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González están acusados por vejaciones agravadas.
Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Sergio Martín Cabrera enfrentan cargos por allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones agravadas. Cristian Eduardo Foschiatti está imputado por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y detención ilegal, todos en concurso real.
Sebastián Alberto Vallejos enfrenta cargos por vejaciones en concurso real con falsedad ideológica agravada, mientras que Claudia Beatriz Lucena está acusada por encubrimiento agravado en concurso real con detención ilegal cometida por un funcionario público.
El ascenso
Otro de los aspectos que atravesó el caso durante los últimos años fue la situación de Claudia Beatriz Lucena, quien se encuentra imputada por encubrimiento agravado y detención ilegal.
Según documentación a la que accedió LITIGIO, mediante el Decreto N° 974/25, firmado el 13 de junio de 2025, el gobernador Leandro Zdero dispuso su ascenso de comisario inspector a comisario mayor, pese a que el proceso judicial se encontraba en curso.
La medida fue cuestionada a partir de las disposiciones del Reglamento del Régimen de Promociones Policiales, que establece restricciones para el ascenso de agentes sometidos a procesos judiciales.
Querellas
En el proceso intervienen como querellantes particulares la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, representado por Guillermo Cuellar.
También interviene la defensora oficial N° 14, Karina Paz, en representación de Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Alejandro Delio Saravia, Rebeca Griselda Garay y Elsa Fernández.
La causa cuenta además con la participación de Amnistía Internacional Argentina como amicus curiae, representada por Mariela Belski, con el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula. La traducción durante el proceso estará a cargo de Yolanda González.
Desde el Comité Provincial contra la Tortura, su vicepresidenta Romina Duarte había expresado expectativas respecto del debate y de la valoración de la prueba, al señalar que existe “esperanza” de que las evidencias sean evaluadas con perspectiva de derechos humanos y teniendo en cuenta “el origen de las víctimas, una población vulnerable perteneciente al pueblo Qom”.
