En la última audiencia por el histórico reclamo de intangibilidad salarial de magistrados y funcionarios judiciales, el Superior Tribunal de Justicia ad hoc dejó asentado que se tomó conocimiento del proyecto de ley enviado por el gobernador Leandro Zdero a la Legislatura. Los amparistas advirtieron por el riesgo de un enfrentamiento con los trabajadores judiciales en el recinto legislativo y reclamaron que no se les traslade la responsabilidad de defender en la Cámara de Diputados un derecho reconocido judicialmente.
Lunes, 21 de septiembre de 2026
La discusión por el desenganche salarial de jueces y funcionarios chaqueños entró en una zona de máxima tensión. No solo por el proyecto de Ley 2141/26 que el gobernador Leandro Zdero envió a la Legislatura, sino también por un riesgo que quedó expuesto en la última audiencia de la causa “Alonso de Martina”: que el cumplimiento de una sentencia judicial termine enfrentando en el recinto legislativo a integrantes del propio Poder Judicial.
La audiencia se realizó el pasado 7 de septiembre, luego de que el Poder Ejecutivo presentara finalmente el proyecto que crea un concepto de “Intangibilidad” para magistrados y funcionarios. La iniciativa había sido comprometida en una audiencia anterior, celebrada en abril de 2025, y su presentación llegó después de que venciera holgadamente el cuarto intermedio de 30 días solicitado entonces por el Gobierno.
Según indica el acta a la que tuvo acceso LITIGIO, la audiencia se realizó ante la Secretaría N° 3 de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia y estuvo presidida por el juez subrogante de trámite Juan Martín Bogado. También participó el juez subrogante del STJ Adrián Fernando Alberto Farías, junto con las representantes de la Procuración General María Celeste Núñez, María Eugenia Arechavala Viola y María Riva.
En representación de los accionantes comparecieron Gustavo Serrano, César Augusto, Claudio Escalada, Diego Derewicki, Javier Custidiano, Oriel Neri López, Edda Villa y Félix Beinaravicius. Por el Poder Ejecutivo intervino la fiscal de Estado subrogante, Andrea Quevedo, junto a Miguel Tourn. En tanto, el Poder Legislativo estuvo representado por Elba del Pilar Canteros.
El encuentro había sido convocado luego de que el Poder Ejecutivo se comprometiera a elaborar un proyecto de ley que estableciera un mecanismo para cumplir con la sentencia. Bogado dejó en claro que el tribunal no consideraba cumplida la sentencia por la sola presentación del proyecto. Explicó que se trataba del cumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo y que el tratamiento legislativo escapaba a la competencia del tribunal.
Bogado recordó que el fallo había establecido un plazo de 90 días para implementar un mecanismo que garantizara la intangibilidad de las remuneraciones y que ese plazo se encontraba vencido. Sin embargo, explicó que la audiencia había sido convocada precisamente para intentar alcanzar un consenso antes de avanzar judicialmente.
Durante la audiencia, López preguntó qué debía entenderse por un “tiempo razonable” para el tratamiento del proyecto y si el Poder Ejecutivo contaba con los votos necesarios para lograr su aprobación en la Cámara de Diputados. Bogado respondió que seis meses no constituirían un plazo razonable, mientras que desde la Fiscalía de Estado señalaron que desconocían si el Ejecutivo tenía garantizados los votos para aprobar la iniciativa.
La representante del Poder Legislativo, por su parte, sostuvo que los interesados no necesitan esperar una convocatoria formal de la Cámara para participar del debate. Explicó que pueden asumir desde ahora un rol activo, impulsando el tratamiento, siguiendo el recorrido parlamentario y realizando las observaciones que consideren necesarias para perfeccionar el proyecto.
“Una carnicería”
Los representantes de los amparistas plantearon reparos. Serrano sostuvo que el proyecto debía ser analizado antes de determinar si efectivamente satisface lo ordenado por la Justicia y advirtió sobre el riesgo de que la iniciativa quede paralizada en la Legislatura.
Sostuvo que los amparistas llevan desde 2005 reclamando el reconocimiento de un derecho que, según recordó, ya fue establecido mediante sentencias judiciales. Reconoció que no habría inconveniente en trabajar para impulsar la sanción de la ley, pero cuestionó que deban asumir ahora la tarea de convencer a los legisladores para obtener el cumplimiento de una decisión judicial.
“No hay problemas en gestionar, el tema es que, si van a hacer un proyecto de ley, que no los expongan a una carnicería peleando los derechos que ya tienen certificados por sentencia judicial debiendo tener que pelear en la Legislatura para que se cumpla con la ley que un tribunal ordenó”, reclamó Serrano.
En ese punto, Serrano sostuvo que los amparistas no quieren generar un conflicto con “otro sector judicial” y pidió evitar que el tratamiento legislativo termine convirtiéndose en una disputa interna.
“Mandarlos a un corralito con los empleados que también van a ir a discutir sobre esta ley puede generar conflictos sobre los que hay que tener cuidado, para no terminar destruyendo al Poder Judicial”, afirmó.
Serrano también buscó despejar la interpretación de que el reclamo pretende eliminar la denominada ley de enganche que vincula las remuneraciones de los distintos escalafones judiciales. Afirmó que los magistrados están reclamando una garantía constitucional reconocida por distintas decisiones judiciales y que el conflicto no fue provocado por los amparistas.
“No es que quieran romper la ley de enganche, como se dice por allí públicamente. Están peleando por un derecho. Por un derecho que les corresponde y que fue reconocido, y que no solamente en esta provincia, en varias provincias argentinas ya lo tienen”, sostuvo.
Un conflicto de más de 20 años
La causa acumula numerosos expedientes de amparo y lleva aproximadamente 21 años de litigio. Según expusieron los representantes de los accionantes, existe además una sentencia firme desde hace seis años y una orden judicial cuyo plazo de cumplimiento venció en noviembre de 2024.
Ahora, el expediente queda a la espera del tratamiento legislativo del proyecto enviado por Zdero. El tribunal dejó abierta la posibilidad de que, si transcurre un tiempo razonable sin una solución definitiva y los amparistas consideran incumplida la sentencia, puedan utilizar nuevamente los mecanismos procesales correspondientes.
El proyecto de ley busca ponerle un cierre a un conflicto que atraviesa al Poder Judicial chaqueño desde hace más de dos décadas. El origen está en la causa “Alonso de Martina”, iniciada en 2005 por magistrados que plantearon que el deterioro de sus remuneraciones afectaba la garantía constitucional de intangibilidad salarial.
En 2014, un Superior Tribunal integrado especialmente hizo lugar al reclamo y ordenó avanzar en la recomposición salarial respecto de cargos equivalentes de la Justicia Federal. El expediente llegó luego a la Corte Suprema, que en 2019 reconoció la existencia de un deterioro salarial que había afectado la garantía de intangibilidad.
Al mismo tiempo, sostuvo que el Poder Judicial provincial no podía establecer por sí mismo un régimen permanente de equiparación futura, porque la determinación de las remuneraciones corresponde a los poderes políticos. Ese antecedente es clave para entender por qué el Gobierno busca ahora que el mecanismo sea establecido mediante una ley.
El proyecto establece la creación de un concepto remunerativo y no bonificable denominado “Intangibilidad”. Este adicional funcionará como un mecanismo de equiparación con la media salarial nacional en un plazo de dos años, dividido en cuatro semestres, pero con un detalle de fuerte impacto corporativo: estará destinado de manera exclusiva a la cima de la pirámide judicial.
Al dejar afuera a las bases de empleados administrativos, técnicos y de maestranza, el proyecto quiebra el principio de porcentualidad (Ley 468-A), que históricamente ataba la suerte salarial de todo el escalafón a los aumentos de los jueces. La consecuencia será la coexistencia de dos mecanismos salariales dentro del mismo Poder Judicial: los jueces tendrán aumentos automáticos, en una suerte de cláusula gatillo, mientras que a los trabajadores judiciales les corresponderá lo que el gobierno de turno esté dispuesto a ofrecerles.
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