El fiscal Gustavo Valero resolvió archivar la denuncia penal contra el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, por el presunto uso irregular de fondos municipales para la compra de instrumentos financieros de alto riesgo. Además, el Ministerio Público Fiscal también pidió sobreseer al secretario de Gobierno y mano derecha de Cipolini, Diego Landriscina, imputado en la causa. El diputado provincial y querellante, Santiago Pérez Pons, anticipó que apelará la medida y denunció que el equipo fiscal casi no produjo pruebas sino que la mayoría fue aportada por la propia querella. “La inactividad de este equipo fiscal es abrumadora”, alertó.
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Tal como se avizoraba en los pasillos de los tribunales de Sáenz Peña, el intendente local, Bruno Cipolini, consiguió que el fiscal Gustavo Valero y la fiscal de Cámara archiven la causa penal por la que fue denunciado por presuntas irregularidades en la inversión de fondos de ese Municipio en instrumentos financieros de alto riesgo. La medida también se extendería al secretario de Gobierno, Diego Landriscina, el único imputado en la causa.
Así, el jefe comunal saenzpeñense conseguiría librarse de la causa penal que explotó a principios de 2026 con fuertes acusaciones cruzadas entre Cipolini y la Bolsa de Comercio del Chaco por la pérdida de 1.800 millones de pesos invertidos en cheques de pago diferidos que no pudieron ser afrontados por el empresario agropecuario Rubén Medula y la empresa correntina Estancia Real SRL.
Para llegar a este desenlace, el intendente de Sáenz Peña motorizó una batería de maniobras a varias bandas. En primer lugar, logró apartar al fiscal Marcelo Soto lo que derivó en una intrincada seguidilla de excusaciones del resto de los fiscales incluyendo al mismo Valero que ahora decidió archivar la causa. En un principio, el fiscal se había excusado de intervenir con el insólito argumento de que era contribuyente del Municipio de Sáenz Peña, uno de los querellantes en la causa. Finalmente, la Procuración lo confirmó al frente de la causa, acompañado de la fiscal de Cámara, Andrea Bastos, y este martes ambos resolvieron el archivo de la causa penal contra Cipolini.
Quitar del medio al fiscal Soto que lo estaba investigando no fue la única maniobra del intendente. También lo intentó con la querella del diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien aportó la mayor parte de los elementos que forman parte de esta investigación y que ahora el Ministerio Público Fiscal pretende cerrar. Cipolini consiguió en primera instancia que la querella sea apartada aunque luego esa decisión fue revocada por la Cámara. Es por eso que Pérez Pons ya anticipó que se opondrá al cierre de la investigación.
Los fundamentos del fiscal para archivar la causa
En la resolución a la que tuvo acceso LITIGIO, fechada el 15 de septiembre, los fiscales Valero y Bastos sostienen que las inversiones financieras entre el Municipio y la Bolsa de Comercio del Chaco no ocasionaron perjuicio patrimonial a los recursos públicos, y que la realización de este tipo de actos económicos es una facultad propia del intendente en su carácter de titular del Poder Ejecutivo local, sin que exista una norma que lo obligue a pedir autorización previa del Concejo Municipal para invertir.
El fiscal se apoya centralmente en tres piezas: la testimonial de la presidenta del Concejo Municipal, la oficialista Nora Gauna, quien afirmó que no hubo pedido de autorización del intendente para invertir en la Bolsa pero que tampoco existe ordenanza que lo exija; la declaración de la fiscal del Tribunal de Cuentas provincial, Noemí Moraes, sobre cómo se registran las inversiones municipales en el rubro “Inversiones” del presupuesto; y el Dictamen N°72/2026 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que aprobó sin observaciones la rendición de cuentas de la Municipalidad de Sáenz Peña correspondiente al ejercicio 2025.
A esto se suma el convenio transaccional firmado el 14 de abril de 2026 entre el Municipio y la Bolsa de Comercio del Chaco, que fijó un esquema de pago y el desistimiento de las acciones judiciales, y que el Concejo Municipal ratificó mediante la Ordenanza N°9428/26 del 23 de abril de 2026. Sobre esa base, el MPF decretó el archivo de la causa respecto de Bruno Cipolini y ordenó instar el sobreseimiento de Diego Landriscina ante el Juzgado de Garantías.
Lo que se denuncia
Lo que se trataba de establecer era la responsabilidad de el o los funcionarios del Municipio de Sáenz Peña en la inversión de fondos municipales en instrumentos financieros de alto riesgo en la Bolsa de Comercio del Chaco que habrían provocado una pérdida de 1800 millones de pesos a las arcas municipales.
Tras el escándalo generado a principios de este año y el avance de la causa penal, el Municipio firmó un acuerdo con la entidad financiera en el que ninguna de las partes reconoció irregularidades en su accionar a pesar de que públicamente se acusaron mutuamente. De hecho, en su declaración como imputado Landriscina intentó desligarse de su responsabilidad y apuntó directamente que la Bolsa de Comercio operó sin autorización del Municipio.
Sin embargo, en el acuerdo firmado entre las partes —que oportunamente publicara LITIGIO— la Bolsa reconoció tácitamente su responsabilidad y se comprometió a devolver en cuotas los fondos que habrían sido invertidos en instrumentos de alto riesgo sin autorización por parte del Municipio.
Pérez Pons: “Lo que falta no son pruebas: falta decisión de investigar”
Como querellante en la causa, Santiago Pérez Pons cuestionó con dureza la decisión del equipo fiscal y adelantó que apelará el archivo. “Nos vamos a oponer a cualquier intento de archivar la causa respecto de Bruno Cipolini y vamos a hacer todas las presentaciones que sean necesarias para evitarlo. Hay demasiadas pruebas y demasiadas cosas que todavía tienen que explicar como para pretender cerrar ahora una investigación por la pérdida de una cantidad enorme de dinero de todos los saenzpeñenses”, sostuvo.
El diputado provincial apuntó directamente contra la falta de producción de prueba propia por parte de la fiscalía: “La Fiscalía tiene las pruebas. Y las tiene porque las buscamos, las conseguimos y las presentamos nosotros como querella. Lo increíble es que el actual equipo fiscal prácticamente no produjo medidas de investigación propias. Con todo lo que ya está dentro del expediente tienen elementos de sobra para avanzar y citar a Bruno Cipolini a declaración de imputado. Lo que falta no son pruebas: falta decisión de investigar”.
Pérez Pons también advirtió sobre lo que podría venir para el otro imputado en la causa: “Tenemos una preocupación todavía mayor: archivar respecto de Cipolini puede ser el primer paso para después hacer exactamente lo mismo con Landriscina. La inactividad de este equipo fiscal es abrumadora. Estuvieron mucho más ocupados intentando sacarme de la causa como querellante que investigando a los funcionarios que denunciamos”. Adelantó además que, de persistir esa inacción, pedirá la intervención de la Procuración y llevará el caso ante el Consejo de la Magistratura.
“No vamos a mirar para otro lado mientras intentan cerrar una causa sin investigar hasta el final la plata que se robaron de los vecinos de Sáenz Peña. Si quieren archivar, que expliquen por qué, con todas las pruebas que tienen sobre la mesa, no investigaron”, cerró.
