La investigadora de adolescencias y juventudes explica por qué la salida nunca es punible, algo que no pareciera entender la sociedad y gran parte del arco político incluyendo a LLA.
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Por Ines Hayes
La especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles Vanesa Salgado, investigadora en el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del Foro por los Derechos de la Niñez y de la Campaña No a la Baja analiza los alcances de la nueva legislación penal juvenil y advierte sobre el retroceso en materia de derechos humanos al tiempo que cuestiona la falta de evidencia empírica detrás de las medidas punitivas.
“El principal cambio que impone el régimen penal juvenil expresado en la Ley 27801 y su decreto reglamentario es que se agranda el sistema penal reteniendo en él a más chicos y chicas y por más tiempo, perdiendo a su vez la especialidad que debe tener un sistema penal juvenil”, explica la especialista a Las12.
Delincuentes ¿cada vez más chicos?
Salgado detalla que con la reforma se baja la edad de punibilidad, de los 16 actuales a los 14 aun cuando el Comité de los Derechos del niño recomendó especialmente al estado argentino en 2022 que se abstuviera de disminuir la edad de punibilidad. Pero además explica que “se quita la proporcionalidad de la pena, entonces los chicos podrán estar presos más tiempo más allá del delito cometido, si bien se estipula un máximo de 15 años no se acuerda la proporción aplicable para los diferentes delitos, entonces pueden existir adolescentes con penas altas por delitos graves y otros con misma pena por delitos de menor impacto o daño ocasionado”.
La situación se agrava además porque se suman los delitos plausibles de ser penados con prisión para las adolescencias, como hurtos, daños, lesiones leves, violación de domicilio, amenazas. Antes eran delitos punibles para adultos, pero no para los menores de 18 años. Salgado detalla que “el principio de interés superior del niño y el de protección especial para niños, niñas y adolescentes, ambos consagrados en nuestro marco normativo, exige la especialidad para el tratamiento de cualquier situación en la que se vean involucrados menores de 18 años. Definitivamente adultos y niños en ninguna circunstancia deben ser mirados de la misma manera por el Estado. Para garantizar los mismos derechos se requieren acciones específicas y especiales de protección cuando se trata de niños, niñas y adolescentes”.
Cabe recordar y subrayar que la incidencia de los menores en la criminalidad global es mínima (alrededor del 2% en la provincia de Buenos Aires) y no existe evidencia estadística que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca la delincuencia o mejore la seguridad, ¿lo saben a esto y lo ignoran?
-El proyecto que se convirtió en Ley no se basó en evidencia, en estadísticas, se basó en relatos construidos sobre hechos puntuales de gran impacto público. Que la estadística sea baja no les quita relevancia a los hechos, pero se hace una utilización de esos casos puntuales para construir un sentido, construir una realidad instalando que el principal problema en nuestro país es el delito interclase, y que los delitos son cometidos por jóvenes cada vez más jóvenes. Una falacia sobre otra.
En un país además absolutamente desigual…
-Claro, en un país donde el 40% de sus chicos y chicas viven en hogares pobres con privaciones importantes para su crecimiento y desarrollo, la elección de desdibujar ese problema y configurar como problema principal el delito contra la propiedad privada no es inocente. De esta manera consiguen generar consensos políticos y sociales para agrandar el sistema penal, en lugar de invertir en políticas sociales que garanticen vidas dignas, crecimiento adecuado, cuidados, educación, salud. Agrandar el sistema penal es gobernar a través del castigo, de la violencia, es disciplinar a través de las fuerzas de seguridad a los mismos sectores de la sociedad a los que el Estado vulnera derechos de forma sistemática.
¿En vez de ocuparse del hambre, se ocupan de las penas?
-Las embestidas punitivas sobre los más jóvenes para tapar problemas graves como el desempleo, el acceso a la salud, la cobertura de la protección social, entre otros, es una estrategia que no es nueva y que habilita consensos -sobre presupuestos falaces-, para que el sistema penal avance ahí donde debieran existir políticas sociales de fortalecimiento familiar, de acompañamiento a trayectorias de vida de las y los adolescentes, de promoción del deporte, de generación de empleos dignos, de construcción de comunidad.
Si se llevan adelante políticas y se dictan leyes sobre diagnósticos errados estaremos cada vez más lejos de soluciones reales.
Es un régimen que criminaliza la pobreza, en lugar de ocuparse de ella, ¿no es cierto?
-Las niñas, niños y adolescentes son vulnerables por el solo hecho de ser chicos, de estar en crecimiento de necesitar del mundo adulto para su cuidado y desarrollo. Todos los problemas sociales tienen un impacto diferenciado y agravado en la niñez y adolescencia, y a la vez por constitución nacional y tratados internacionales son ellos y ellas quienes deben gozar de una protección especial.En ese sentido lo que debe discutir el parlamento y diseñar los ejecutivos nacionales y provinciales son políticas sociales que atiendan los problemas que impactan sobre las niñas, niños y adolescentes. Lo que deben debatirse es como ahí donde hay vulneraciones extremas se construyen acciones para la protección efectiva. Nada de eso se hace con el sistema penal.
Sistema penal: la organización del castigo
“El sistema penal no educa, no resocializa, no repara, el sistema penal castiga. Es la organización del castigo. Para eso fue creado y así funciona. En nuestras latitudes de países desiguales el sistema penal ha sido utilizado y es utilizado como mecanismo de gobierno de las poblaciones más desprotegidas, más vulneradas en sus derechos. El sistema penal persigue pobres, capturas pobres, encarcela pobres. Tanto las policías, como la justicia, como el encierro, son parte de una misma cadena punitiva que tiene como “clientela” especialmente a las poblaciones jóvenes que habitan las barriadas populares. Esto no quiere decir que los pobres cometan más delitos que los ricos, quiere decir que son los perseguidos por el sistema penal”, explica Salgado.
Una sociedad que permita que a sus chicos y chicas se los gobierne a través del castigo como primera alternativa es una sociedad que será cada vez más violenta.
¿Cuál es el impacto en el ámbito escolar?
-La escuela es un factor de protección de por sí, el lugar de encuentro diario con pares, con adultos capaces de escuchar, de encuentro con el conocimiento y en muchos casos el espacio de la comensalidad, no obstante, en el último tiempo hemos asistido a situaciones donde la escuela se ve amenazada como ese lugar seguro para la comunidad. Las violencias en ámbitos escolares no pueden analizarse ni atenderse separadas de las violencias estatales, que por acción u omisión son las que producen y reproducen una forma del vínculo social a través de mecanismos violentos.
La empatía se aprende, el respeto por el otro se aprende, a vivir en una sociedad de iguales se aprende. Si desde los poderes del estado se promueve un vínculo con los más chicos a partir de la amenaza del castigo por sobre otras enseñanzas y posibilidades de experiencias, si se los calla en lugar de brindarles espacios para la participación y el protagonismo, entonces en lugar de aprovechar la oportunidad que brinda la escuela estaremos exigiéndole respuestas a problemas que la exceden. Lo que sucede en la escuela es producto de lo que sucede fuera de ella y viceversa. La inversión debe estar en educación, en salarios docentes, en infraestructura edilicia, en espacios de cuidado, en planes de alfabetización, en propuestas renovadas de aprendizajes, en becas que acompañen las trayectorias educativas. No en cárceles para chicos.
Es insólito y cruel que en lugar de estar debatiendo el presupuesto necesario para aumentar las Becas Progresar que acompañan las trayectorias educativas, (que están congeladas en treinta y cinco mil pesos desde 2024), estemos debatiendo cuánta plata se necesita para hacer lugares de encierro para nuestros pibes.
Muchas organizaciones de derechos humanos, de mujeres, sindicales, juveniles están en contra de este régimen, ¿cómo van coordinando las actividades conjuntas?
-Durante más de 20 años hemos logrado impedir la sanción de leyes que avancen punitivamente sobre los más chicos y chicas. De diversos espacios expresamos desde hace tiempo que era una deuda con los y las adolescentes adecuar el sistema penal juvenil, la justicia juvenil a la convención de los derechos del niño y en armonía con la ley 26061 de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero la ley actual lejos de lograr esa adecuación es regresiva en materia de derechos humanos, es en muchos puntos peor incluso que aquella de la dictadura. No hemos avanzado, hemos retrocedido.
No obstante, desde organismos internacionales como UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño, los organismos de derechos humanos de nuestro país, pasando por miles de organizaciones políticas y sociales que acompañan a los chicos en los territorios en los que viven, sindicatos, organizaciones eclesiásticas, representantes del poder judicial, legisladores e incluso representantes de poderes ejecutivos de diversas jurisdicciones del país, seguimos esgrimiendo toda la producción académica, las estadísticas nacionales e internacionales, las experiencias de vida de nuestros chicos y chicas, para proponer soluciones concretas a problemas reales. Seguimos construyendo redes que sostengan a los más chicos y denunciando que ninguna sociedad resuelve problemas de política criminal persiguiendo niños y niñas, lo cual además de ser cruel es absolutamente ineficiente.
Publicado en Página/12
