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La asesora de Niños, Niñas y Adolescentes de Resistencia, Natalia Facchin, volvió a pedir a la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial que confirme de manera urgente el fallo dictado en primera instancia que le ordenó al gobierno de Leandro Zdero garantizar los derechos de los niños y adolescentes residentes en el ex Espacio Convivencial Alternativo Nº 1 de la capital chaqueña. La funcionaria judicial denunció una nueva situación de “negligencia y vulnerabilidad” en el suministro de medicación a los niños residentes por la escasez de personal. Mientras tanto, desde medios oficialistas se publicitan los “beneficios sociales” que tendrá encarcelar a los niños desde los 14 años. 

Miércoles, 9 de septiembre de 2026

“Ha quedado acreditado el estado de violencia institucional y responsabilidad estatal”, señala el último dictamen firmado por la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de Resistencia, Natalia Facchin, en el que solicita la confirmación “en todas sus partes” del fallo que ordenó al Poder Ejecutivo la reformulación integral del ex Espacio Convivencial Alternativo Nº 1 de Resistencia. Desde hace más de un mes, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, integrada por las juezas Fabiana Bardiani y María Teresa Varela, tiene en sus manos una definición.

En su última presentación solicitando el dictado urgente de sentencia, Facchin denunció una nueva situación de “negligencia y vulnerabilidad” en el suministro de medicación a los niños residentes, ante la falta de personal suficiente en los distintos turnos, lo que viene advirtiendo desde hace al menos un año y medio, cuando impulsó la acción de amparo que derivó en una histórica sentencia dictada por la jueza Civil y Comercial Nº 4, María Eugenia Barranco Cortés, a principios de junio pasado. Entre otras medidas, el fallo ordenó refacciones edilicias, garantizar personal suficiente y calificado, asegurar atención médica permanente y conformar un equipo técnico interdisciplinario con dedicación exclusiva.

La medida fue apelada por el gobierno de Leandro Zdero y el Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de la gestión de estos dispositivos de contención de las infancias, solo atinó a modificarle el nombre a “Centros de Resguardo”.

El 7 de agosto pasado, las juezas Fabiana Bardiani y María Teresa Varela llamaron a autos para dictar sentencia. Más de un mes después, el silencio es ensordecedor, a pesar de los reiterados planteos de la asesora de NNA. Durante los últimos días, trascendió que el gobierno de Leandro Zdero habría pagado 11 millones de pesos a la hija de la jueza Bardiani por una serie de servicios para la última Fiesta Internacional de Pesca del Dorado en la Isla del Cerrito, lo cual agrega más ruido a una demora por demás inexplicable en dar respuesta a más 30 niños y bebés que se encuentran en un estado de extrema vulnerabilidad, mientras desde los medios oficialistas se publicitan las bondades de encarcelar a los niños desde los 14 años.

 

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