El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó al coronel retirado Carlos Vega por la apropiación de Marcos Ramos y Elias Suleimán. En los fundamentos, recomendó al Poder Ejecutivo asegurar la continuidad de las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la identidad y a la búsqueda de esas personas. Las medidas incluyen la preservación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), de los archivos documentales vinculados al terrorismo de Estado y de los equipos especializados de investigación.
Lunes, 31 de agosto de 2026
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dio a conocer este 26 de agosto los fundamentos de la sentencia dictada el 19 de agosto contra Carlos Vega, coronel retirado del Ejército y exjefe de grupo en el Destacamento de Inteligencia 142, condenado a doce años de prisión como partícipe necesario de la sustracción, retención, ocultamiento y haber alterado el estado civil de Marcos Eduardo Ramos, el nieto recuperado Nº 128, y de su hermano por línea materna Elías Ismael Suleiman.
El fallo, dictado por las juezas Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano y el juez Federico Bothamley, incluyó además un extenso desarrollo sobre el derecho a la identidad y una serie de disposiciones dirigidas a garantizar su continuidad institucional.
Suleiman y Ramos fueron sustraídos en diciembre de 1976, cuando tenían 8 años y pocos meses de edad respectivamente, del ámbito de cuidado de su madre, Rosario del Carmen Ramos, desaparecida junto con el padre de Marcos, Pastor Dante Campos. Mientras que Elías Suleiman logró reencontrarse con su padre biológico poco más de un año después, la apropiación de Marcos Eduardo Ramos se extendió hasta 2018, cuando pudo recuperar su identidad biológica.
La doble dimensión del derecho a la identidad
Al fundamentar la extensión del daño causado, el tribunal explicó que el derecho a la identidad tiene una dimensión estática y otra dinámica. La primera, señalaron los jueces, es en general inmutable y se vincula con las características genéticas y fenotípicas de las personas y con su identificación registral. La segunda corresponde a un conjunto de atributos de la personalidad que varían con el tiempo y se relacionan con la concepción del propio ser y estar en el mundo, con las creencias y la ideología, y se explica en el ejercicio de lo que el fallo llama la libertad ontológica del ser humano.
El tribunal concluyó que la apropiación de ambas víctimas vulneró tanto la dimensión estática como la dinámica de su identidad, en tanto atacó sus identidades biológicas y sus “verdades biográficas”, además de afectar a sus familiares. En esa línea recogió el testimonio de la psicoanalista Fabiana Rousseaux, quien distinguió en el debate entre identidad biológica, jurídica y simbólica, y explicó que una apropiación produce una discordancia entre esas dimensiones que genera un daño en los sujetos y que se transmite a través de tres generaciones. También citó al perito Manuel Gonçalves Granada, quien remarcó que toda sustitución de identidad provoca un daño, pero que ese daño se agrava cuando ocurre en el contexto de una familia que busca activamente a esa persona y de padres desaparecidos.
Ya en el análisis de la figura penal, los jueces habían señalado que la sustracción de menores de diez años es un delito pluriofensivo: además de la libertad del niño o la niña, protege su derecho a la identidad, la patria potestad de los progenitores y el estado familiar, en línea con los artículos 7, 8 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen el derecho a conocer a los padres, la obligación estatal de preservar la identidad y de asistir al niño privado de ella, y el deber de no separarlo de su familia contra su voluntad.
La obligación permanente del Estado
Sobre el final del fallo, el tribunal hizo lugar al pedido de reparación integral formulado por el Ministerio Público Fiscal, al considerar que se corresponde con el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en materia de delitos de lesa humanidad, en particular la garantía de no repetición y el derecho a la verdad.
En ese marco, los jueces resolvieron reconocer que la búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una obligación permanente del Estado argentino, derivada de sus compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. A partir de ese reconocimiento, recomendaron al Poder Ejecutivo Nacional adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las políticas públicas destinadas específicamente a garantizar el derecho a la identidad y la búsqueda de esas personas, con mención expresa a la preservación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), de los archivos documentales vinculados al terrorismo de Estado, de los equipos especializados de investigación dedicados a la búsqueda e identificación de personas apropiadas y de los registros públicos relacionados con esos procesos.
El tribunal dispuso también garantizar la continuidad de los tratamientos psicológicos que necesitan Elías Ismael Suleiman y Marcos Eduardo Ramos, y solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación que gestione las reparaciones patrimoniales que les correspondan conforme a las leyes reparatorias vigentes.
Frente al pedido fiscal de publicar la sentencia en un diario local, los jueces respondieron que esa difusión ya está garantizada a través del Centro de Información Judicial, desde donde los medios pueden retomar la información sin necesidad de un trámite adicional.
Vega continuará cumpliendo la condena bajo prisión domiciliaria, con la incorporación de un dispositivo de monitoreo electrónico dispuesta por el propio tribunal. La sentencia no se encuentra firme: la defensa había dejado planteadas reservas de casación y de caso federal durante el debate.
