La Cámara Federal Porteña confirmó el procesamiento de un matrimonio por la apropiación y sustitución de identidad del nieto 131, hijo de los militantes secuestrados y desaparecidos Lucía Nadín y Aldo Quevedo. También ratificaron el embargo por diez millones de pesos al considerar acreditadas las irregularidades en la inscripción del niño y la falsedad del certificado de nacimiento. Asimismo, la resolución ponderó el rol del imputado como Personal Civil de Inteligencia del Ejército, que se desempeñaba en el Batallón 601 durante la última dictadura cívico-militar para fundamentar la vigencia del procesamiento.
Viernes, 28 de agosto de 2026
La Cámara Federal Porteña confirmó el procesamiento de J. C. V. y S. G. L. por la apropiación y sustitución de identidad del nieto 131, hijo de los militantes secuestrados y desaparecidos Lucía Nadín y Aldo Quevedo. Los magistrados desestimaron los planteos de la defensa y ratificaron el embargo por diez millones de pesos al considerar acreditadas las irregularidades en la inscripción del niño y la falsedad del certificado de nacimiento. Asimismo, la resolución ponderó el rol del imputado como Personal Civil de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura cívico-militar para fundamentar la vigencia del procesamiento.
En una resolución firmada el 25 de agosto, a la que tuvo acceso LITIGIO, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico desestimaron la apelación presentada por la defensa oficial de J. C. V. y S. G. L., ratificando la medida preventiva previa que incluye un embargo sobre sus bienes por diez millones de pesos. Los imputados enfrentan cargos por los delitos de alteración del estado civil y de la identidad, falsedad ideológica de documentos públicos, y retención y ocultación de una persona sustraída siendo menor de edad.
Durante la revisión, los jueces de la Sala II rechazaron la hipótesis de la defensa sobre un presunto desconocimiento del origen ilegal del niño o de la falsedad de la documentación. En el fallo se destacó que el acusado se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia en el Batallón 601 del Ejército Argentino durante el periodo dictatorial, marco en el cual se desarrollaron de forma sistemática prácticas de persecución y apropiación de niños.
La investigación penal se inició formalmente en abril de 2019 a partir de una denuncia presentada por la fiscalía especializada, sustentada en averiguaciones iniciadas a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad tras una alerta recibida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Las pruebas incorporadas demostraron irregularidades insubsanables en el acta de nacimiento del menor, fechada en julio de 1978, la cual contenía registros hospitalarios inexistentes en el Hospital Penna.
Los análisis genéticos del Banco Nacional de Datos Genéticos confirmaron oportunamente la filiación biológica del hombre con el grupo familiar Nadín-Quevedo. La madre, Lucía Nadín, transitaba un embarazo de entre dos y tres meses al momento de su secuestro entre septiembre y octubre de 1977, tras lo cual permaneció cautiva en centros clandestinos de detención de la época.
