La iniciativa fue presentada por la diputada del Frente Grande Tere Cubells y apunta principalmente a empleados y jubilados de la Administración Pública Provincial. El proyecto contempla un sistema de alerta temprana, un programa para consolidar y regularizar deudas y asesoramiento financiero gratuito. También busca prohibir prácticas abusivas de cobranza.
Jueves, 27 de agosto de 2026
La diputada provincial del Frente Grande Tere Cubells presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Prevención y Protección frente al Sobreendeudamiento de los Trabajadores, con el objetivo de establecer límites a los descuentos sobre los salarios y generar herramientas para prevenir que las obligaciones financieras terminen comprometiendo los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas.
La iniciativa alcanza a los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados y autárquicos y demás entidades comprendidas en el régimen provincial de liquidación de haberes. También contempla mecanismos de adhesión para municipios y otros organismos públicos y prevé que personas residentes en la provincia con deudas de consumo documentadas puedan acceder al régimen a través del Nuevo Banco del Chaco u otras entidades que suscriban convenios.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que las deducciones voluntarias destinadas al pago de préstamos, créditos, anticipos, cuotas de mutuales, cooperativas y otras obligaciones financieras no podrán superar, en conjunto, el 30% del haber neto mensual del trabajador.
El límite alcanzaría a la totalidad de las deducciones voluntarias autorizadas por el empleado, aunque quedarían excluidas las retenciones obligatorias establecidas por ley, decisiones judiciales y otros conceptos que determine la reglamentación.
Además, el proyecto establece que los descuentos voluntarios no podrán provocar que el trabajador quede sin ingresos suficientes para afrontar sus necesidades básicas. La autoridad de aplicación podría establecer medidas adicionales de protección para quienes acrediten una situación de vulnerabilidad económica.
La iniciativa también plantea una restricción para las entidades que otorguen nuevos créditos mediante descuento directo de haberes: antes de aprobar una operación deberán verificar la capacidad de pago disponible y no podrán autorizar nuevos préstamos si el trabajador ya supera el límite establecido.
Un registro para saber cuánto se debe
Otro de los instrumentos previstos es la creación de un Registro Provincial de Obligaciones con Descuento de Haberes, que funcionaría bajo la órbita de la autoridad de aplicación.
El registro debería reunir información sobre cada operación, incluyendo la entidad acreedora, monto original, saldo pendiente, cantidad de cuotas restantes, valor de la cuota, tasa de interés, Costo Financiero Total, fecha de otorgamiento y finalización y estado de la obligación.
Cada trabajador tendría derecho a consultar gratuitamente el detalle de las obligaciones registradas a su nombre y conocer qué porcentaje de su salario se encuentra comprometido por descuentos.
El proyecto propone además implementar un sistema de alerta temprana para detectar situaciones de riesgo financiero. Entre los indicadores previstos aparecen las deducciones voluntarias superiores al 25% del salario neto, la existencia de múltiples créditos simultáneos, un aumento sostenido del endeudamiento, cuotas vencidas o impagas, pedidos reiterados de refinanciación y el uso recurrente de anticipos de haberes.
Cuando se detecte un nivel elevado de riesgo, el trabajador podría acceder gratuitamente a una instancia de orientación financiera, que tendría carácter confidencial y no podría generar sanciones, perjuicios laborales ni modificaciones en sus condiciones de empleo.
Un programa para consolidar las deudas
La propuesta también crea un Programa Provincial de Consolidación y Regularización de Deudas de los Trabajadores, destinado a quienes se encuentren en situaciones de sobreendeudamiento o mora.
Entre sus objetivos se encuentran unificar obligaciones, reducir la cantidad de cuotas mensuales, mejorar las condiciones financieras, evitar la acumulación de intereses punitorios, prevenir acciones judiciales, recuperar capacidad de pago y disminuir progresivamente el nivel de endeudamiento. Para ello, el Poder Ejecutivo podría celebrar convenios con el Nuevo Banco del Chaco, bancos, cooperativas, mutuales y otras entidades habilitadas.
La iniciativa establece, además, que las refinanciaciones destinadas a solucionar situaciones de sobreendeudamiento deberán brindar información detallada sobre capital, intereses, gastos, Costo Financiero Total, cantidad y valor de las cuotas, monto final a devolver y diferencia entre la deuda original y el total de la refinanciación.
Otro de los capítulos está destinado a prevenir la mora y evitar que las dificultades financieras deriven directamente en acciones judiciales. Ante la falta de pago de una obligación cuyo descuento se realice sobre los haberes, la entidad acreedora deberá informar al trabajador el monto adeudado, los intereses aplicables y las alternativas disponibles para regularizar la situación.
Además, antes de iniciar una demanda judicial, deberá ofrecerse una instancia de negociación o regularización de la deuda. El proyecto también prohíbe prácticas de cobranza que impliquen intimidación, hostigamiento, amenazas, exposición pública del trabajador o comunicación de la deuda a terceros que no estén autorizados.
El costo financiero deberá estar visible
La iniciativa apunta también a modificar la forma en que se informa el costo de los créditos. Antes de contratar una operación, el trabajador debería recibir información clara sobre el monto solicitado, cantidad y valor de las cuotas, tasas de interés, Costo Financiero Total, monto total a devolver, gastos y comisiones, consecuencias del incumplimiento y porcentaje del ingreso que representará la cuota.
Las entidades que otorguen créditos mediante descuento de haberes deberán mostrar de manera visible el Costo Financiero Total y no podrán utilizar como único dato destacado una tasa de interés que no refleje el costo completo de la operación.
El proyecto incorpora además un Programa Provincial de Educación Financiera para Trabajadores, que ofrecería herramientas gratuitas sobre presupuesto familiar, endeudamiento responsable, tasas de interés, costo financiero, tarjetas de crédito, refinanciaciones, prevención de la mora y derechos del consumidor financiero.
También se plantea crear un Observatorio Provincial del Endeudamiento de los Trabajadores, que debería elaborar informes trimestrales sobre la evolución del endeudamiento y la mora en la provincia, el porcentaje promedio de ingresos afectados, las refinanciaciones, los créditos con descuento de haberes y la evolución de tasas y costos financieros, sin individualizar a los trabajadores.
Más de 10.000 trabajadores
En los fundamentos, Cubells sostiene que el problema del sobreendeudamiento de los empleados públicos chaqueños no es nuevo y recuerda que la provincia ya reconoció años atrás la necesidad de proteger el carácter alimentario de los salarios.
El proyecto también menciona que en diciembre de 2025 el Gobierno provincial anunció una línea del Nuevo Banco del Chaco destinada a consolidar deudas de agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial. Según los fundamentos de la iniciativa, en marzo de 2026 el Gobierno informó que ese régimen continuaba vigente y que más de 10.000 personas habían accedido a la herramienta.
Para Cubells, estos antecedentes muestran que no alcanza con ofrecer refinanciaciones cuando el problema ya está instalado, sino que es necesario incorporar mecanismos de prevención, transparencia y educación financiera.
“El propósito final es sencillo: que ningún trabajador de la Provincia del Chaco tenga que elegir entre pagar sus deudas y garantizar las necesidades básicas de su familia”, sostiene la diputada en los fundamentos del proyecto.
