La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña fijó para octubre y noviembre el juicio oral contra el exjefe de la comisaría de Taco Pozo Daniel Melchiori y otros cuatro policías. La Fiscalía los acusa por distintos hechos ocurridos durante un operativo contra integrantes de la Fundación “Todo por Todos”, en agosto de 2025. A Melchiori le atribuyen apremios ilegales agravados, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica. A los otros cuatro efectivos les imputan encubrimiento.
Jueves, 27 de agosto de 2026
Uno de los comisarios favoritos del actual jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, a quien incluso le había entregado un fusil FAL por su “destacada labor” contra el contrabando, irá a juicio oral acusado de una serie de graves delitos cometidos contra un grupo de médicos solidarios de la provincia de Córdoba.
Se trata del ahora exjefe de la comisaría de Taco Pozo, Daniel Melchiori. Sin embargo, no está solo. La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña fijó las fechas para el juicio oral y público contra Melchiori y los policías Mario Alberto Argañaraz, Juan Pablo Vizgarra, Ramón Esteban Rojas y Nadia Verónica Serrano, acusados por hechos ocurridos durante un procedimiento que tuvo como víctimas a integrantes de la Fundación Todo por Todos, un grupo de médicos y voluntarios que había viajado desde Córdoba para realizar actividades sanitarias y solidarias en la localidad.
Según pudo confirmar LITIGIO, el debate se desarrollará en cinco jornadas, a partir de las 10, los días 19 y 23 de octubre y 3, 6 y 12 de noviembre de 2026. La acusación que llegará al juicio surge del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial en Derechos Humanos, que consideró reunidos elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la responsabilidad de los cinco imputados.
La causa se inició por los hechos ocurridos el 17 de agosto de 2025, entre las 6.45 y las 7 de la mañana, cuando un grupo de médicos y voluntarios se preparaba para regresar a Córdoba después de sus actividades en Taco Pozo.
Según la acusación fiscal, Melchiori, que por entonces era el jefe de la comisaría local y tenía el rango de comisario principal, circulaba en un Toyota Corolla cuando interceptó una Volkswagen Amarok en la que viajaban Exequiel Roque Margonari, Francisco Tepsich y Gaspar Martínez Paz.
La fiscal Silvia Sluzar sostiene que Melchiori descendió del automóvil, acusó a Margonari de circular a alta velocidad e intentó quitarle las llaves de la camioneta. Ante la negativa del conductor a descender, habría comenzado a golpearlo a través de la ventanilla, con golpes de puño en el cuerpo y el rostro.
Poco después llegó el móvil policial PT-643, en el que se desplazaban Argañaraz, Vizgarra, Rojas y Serrano. De acuerdo con la acusación, los cuatro efectivos presenciaron la agresión y no intervinieron para impedirla ni denunciaron posteriormente el hecho. La fiscal sostiene que Margonari sufrió lesiones leves como consecuencia de los golpes.
El informe médico forense incorporado a la investigación consignó lesiones en la mucosa yugal y en los labios, compatibles con el impacto de un objeto contundente. El informe médico indicó que eran lesiones de carácter leve, con un tiempo estimado de curación de entre siete y diez días.
Los testimonios de Margonari y de sus acompañantes forman parte de los principales elementos reunidos por la Fiscalía. Tanto Francisco Tepsich como Gaspar Martínez Paz describieron una agresión contra Margonari y señalaron que los policías se encontraban en el lugar durante el episodio.
Médica detenida
El expediente también describe un segundo episodio ocurrido poco después. Según la acusación, integrantes de la Fundación Todo por Todos se dirigieron a la comisaría para pedir explicaciones por la agresión contra Margonari. En ese contexto, Melchiori habría ordenado a la cabo primero Nadia Verónica Serrano detener a la médica María Candelaria García Nebbia, sin que existiera un motivo legal para privarla de su libertad.
La mujer fue llevada al interior de la dependencia policial y permaneció en una oficina bajo custodia de Serrano y de la agente Marina Alejandra Valdivia. El hecho quedó registrado por los propios médicos en las afueras de la comisaría y se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando un repudio generalizado.
La propia investigación recoge distintas declaraciones sobre ese episodio. Valdivia relató que observó a Serrano ingresar con una mujer alterada y llorando, a quien identificó posteriormente como García Nebbia, y que permaneció con ella durante unos 30 o 40 minutos. Otros testimonios indicaron que la médica habría permanecido más tiempo dentro de la comisaría, sin que existiera una registración formal de su detención. La Fiscalía sostiene que la privación de libertad se produjo por orden de Melchiori y sin una causa legal que la justificara.
Bajo sospecha
Uno de los puntos más relevantes de la acusación contra Melchiori es un informe policial elaborado y firmado por el entonces jefe de la comisaría. En ese documento se dejó asentado que a las 7 Melchiori se había comunicado telefónicamente con la jueza de Paz y Faltas de Taco Pozo, Silvia Elena Arias, para informarle sobre el procedimiento. Según el acta, la magistrada habría dispuesto que Margonari fuera notificado por una supuesta infracción al artículo 96 de la Ley 850-J y García Nebbia por el artículo 60 de la misma norma.
Sin embargo, Arias declaró ante la Fiscalía que esa comunicación no existió a esa hora. Según su testimonio, se enteró del episodio alrededor de las 11 a través de redes sociales y recién recibió una llamada de Melchiori cerca de las 19. La jueza negó haber dispuesto las medidas que figuraban en el informe policial. Para la Fiscalía, esa contradicción constituye uno de los elementos centrales de la imputación por falsedad ideológica y también forma parte de la hipótesis de encubrimiento que sostiene respecto del procedimiento.
Cinco policías
El requerimiento de elevación a juicio establece una diferencia importante entre la situación de Melchiori y la de los otros cuatro policías. A Melchiori le atribuyen, como autor, los delitos de apremios ilegales agravados por cometerse con violencia —dos hechos en concurso ideal—, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional y falsedad ideológica, todos en concurso real.
La acusación sostiene que los dos hechos de apremios ilegales están vinculados con la violencia ejercida contra Margonari, mientras que la privación ilegítima de la libertad corresponde al episodio protagonizado por García Nebbia. La falsedad ideológica, en tanto, está relacionada con la constancia policial sobre la supuesta comunicación con la jueza Arias.
En cambio, Argañaraz, Vizgarra, Rojas y Serrano llegarán al juicio acusados como coautores de encubrimiento, en los términos del artículo 277 inciso 1 apartado d) del Código Penal. La Fiscalía considera que los cuatro efectivos conocieron la agresión contra Margonari porque se encontraban en el lugar y que, pese a su obligación funcional, no impidieron el ataque ni denunciaron al presunto autor. El requerimiento destaca además que distintos testimonios confirmaron que los cuatro policías se desplazaban juntos en el móvil PT-643.
Testimonios
Entre las pruebas reunidas aparecen las denuncias de Margonari, García Nebbia y Viviana del Valle Yzaguirre, el libro de novedades de la comisaría, expedientes policiales, informes médicos, fotografías y croquis de la dependencia, además de los testimonios de los integrantes de la Fundación y de distintos policías que se encontraban de guardia aquella madrugada.
El libro de novedades de la comisaría registró que Melchiori solicitó un móvil policial alrededor de las 6.50 para intervenir por una camioneta que supuestamente circulaba a alta velocidad. También dejó constancia de que el comisario había salido previamente de la dependencia en un vehículo particular y regresó alrededor de las 7.30. La investigación también incorporó los informes médicos de los cinco imputados, que concluyeron que todos comprendían la criminalidad de sus actos y podían dirigir sus acciones.
Se abstuvieron
Durante la investigación penal preparatoria, los cinco imputados fueron convocados a ejercer su derecho de defensa material y todos se abstuvieron de prestar declaración, según consta en el requerimiento fiscal. La Fiscalía consideró que el conjunto de elementos reunidos alcanzaba el estándar de probabilidad requerido para esta etapa y pidió que la causa fuera elevada a juicio para que sea el tribunal el que determine la responsabilidad penal de los acusados.
Ahora, con el juicio oral ya fijado, serán las pruebas producidas durante el debate y la valoración de los jueces las que deberán establecer si los hechos ocurrieron tal como fueron descriptos por la acusación y si corresponde atribuir responsabilidad penal a Melchiori, Argañaraz, Vizgarra, Rojas y Serrano.
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