La fiscalía federal de Neuquén solicitó la elevación a juicio oral de 19 personas acusadas por la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos, el estudiante visto por última vez en 2003 dentro del boliche “El Fuerte”. El requerimiento sostiene que el personal de seguridad del local —integrado por militares, policías provinciales y civiles— funcionó como “un aparato organizado de violencia” y mantuvo desde entonces un pacto de silencio.
Viernes, 21 de agosto de 2026
La fiscal federal interina Luisina Tiscornia, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén, solicitó la elevación a juicio oral de 19 personas acusadas por su participación en la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos, el estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) visto por última vez dentro del boliche “El Fuerte”, también conocido como “Las Palmas”, en la madrugada del 14 de junio de 2003.
El requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, acusa a once personas como coautoras y a ocho como partícipes necesarias del delito de desaparición forzada de persona, previsto en el artículo 142 ter del Código Penal, que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión. Entre los imputados figuran seis militares del Ejército, cinco policías provinciales y tres civiles que conformaban la seguridad del local, además del dueño y el encargado del boliche, bajo cuya dirección —según la fiscalía— se organizaba todo el esquema de seguridad.
LITIGIO había cubierto en julio pasado un capítulo previo de esta misma causa: la Cámara Federal de Casación Penal había ordenado entonces que volvieran a estar procesadas ocho de estas personas —acusadas como partícipes necesarias por haber guardado silencio sobre lo ocurrido esa noche—, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca las hubiera sobreseído. Ese fallo de Casación, dictado por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Angela Ledesma, sostuvo que la desaparición forzada es un delito que se prolonga en el tiempo mientras los responsables no revelen qué pasó con la víctima, y que el silencio puede constituir en sí mismo una forma de participación en el hecho. Con el nuevo requerimiento de elevación a juicio, ese criterio queda reflejado en la imputación: ocho personas —entre ellas quienes cumplían tareas de limpieza, administración y monitoreo de cámaras— son acusadas como partícipes necesarias, mientras que otras once, entre las que se cuenta el personal que integraba directamente el operativo de seguridad, son acusadas como coautoras.
Un aparato organizado de violencia
El requerimiento fiscal describe un esquema de seguridad estructurado, en el que el personal —compuesto por militares que, según la propia fiscalía, complementaban salarios insuficientes con trabajo en el boliche, policías contratados a través de un convenio con la Dirección Provincial de Servicio de Policía Adicional, y empleados civiles— operaba bajo un control permanente ejercido por el dueño y el encargado del local, mediante un sistema de comunicación por handy y una red de cámaras de seguridad instaladas en los principales sectores del establecimiento.
Tiscornia sostuvo que ese personal solía trasladar a clientes conflictivos a un espacio identificado como “cuartito de seguridad”, donde eran agredidos física y verbalmente, y que existían antecedentes probados de violencia hacia quienes concurrían al lugar. La fiscalía destacó además que no existen registros de las cámaras correspondientes a la noche de la desaparición: los imputados explicaron esa ausencia alegando que se había acabado la cinta y no fue repuesta, versión que la fiscal consideró poco verosímil dado el control exhaustivo que se ejercía sobre el funcionamiento del local.
Según el requerimiento, esa misma noche se registraron al menos tres incidentes previos: una pelea que dejó sangre en el sector de enfermería, una agresión protagonizada por personal de seguridad en un espacio conocido como “el túnel” y un conflicto vinculado al sistema de control de ingreso mediante fichas. La fiscalía también señaló como indicios relevantes la destrucción de documentación policial y la ausencia de un registro, en el parte de novedades del Hospital Castro Rendón, sobre una llamada telefónica recibida por una trabajadora del hospital de una persona no identificada que dijo conocer lo sucedido.
“Con los elementos colectados se puede afirmar que la víctima fue retenida dentro del lugar, y luego trasladada para su ocultamiento a otro u otros lugares”, concluyó Tiscornia en el requerimiento, aunque aclaró que la búsqueda del paradero de Ávalos continúa en paralelo al avance de la causa penal.
Una causa que lleva más de dos décadas
Sergio Ávalos era oriundo de Picún Leufú y residía en las residencias universitarias de la UNCo. Su desaparición fue denunciada tres días después del hecho por el encargado de esas residencias, y la investigación tramitó inicialmente en la justicia provincial como una simple desaparición. Recién en 2014, tras un planteo de la querella acompañado por la UNCo y el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema declaró la competencia de la justicia federal para investigar el caso como una desaparición forzada, delito que involucra necesariamente a agentes del Estado. Desde entonces, la causa tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, donde se realizaron más de cien declaraciones testimoniales, relevamientos en cementerios de Río Negro y Neuquén y peritajes de ADN con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Con el pedido de elevación a juicio, la causa avanza hacia una nueva etapa procesal, mientras la familia de Ávalos —su padre, Asunción, de 93 años, y sus hermanos, entre ellos Mercedes— continúa esperando información sobre su paradero a 23 años de los hechos.
