Una denuncia por presunta trata de personas, explotación sexual y abuso sexual con acceso carnal reconstruye una serie de hechos que, según el relato de la víctima, se habrían extendido desde 2013 hasta la actualidad entre Resistencia, Corrientes y Paso de la Patria. La causa, en etapa preliminar, quedará radicada en la Justicia Federal de Resistencia luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara un pedido del Ministerio Público Fiscal para trasladarla a la provincia vecina.
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Según pudo saber LITIGIO, la causa se inició a partir de una denuncia presentada por la presunta víctima —identificada en el expediente solo con las iniciales E.R.G.— ante la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y al Ciudadano del Poder Judicial del Chaco. A partir de esa denuncia, la Justicia provincial declaró su incompetencia por entender que los hechos investigados podrían encuadrar en los delitos de promoción y facilitación de la prostitución y explotación económica, trata de personas y abuso sexual con acceso carnal, todos previstos en el Código Penal, y remitió las actuaciones a la Justicia Federal.
De acuerdo con los relatos de la denunciante reconstruidos en el fallo, la explotación habría comenzado en Resistencia —puntualmente en la zona de Plaza España— para luego continuar en la ciudad de Corrientes, en un local identificado como “Bacán”, entre 2013 y 2024. Posteriormente, siempre según esos relatos, habría mediado la intermediación de una persona identificada como “Ivone” en Corrientes, Paso de la Patria y Resistencia, y luego el manejo directo del principal denunciado, identificado únicamente como Sergio. Desde 2024, los hechos se habrían desarrollado en un departamento alquilado en Resistencia.
Se trata, por el momento, de una causa en etapa preliminar: no hay imputaciones formales ni un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y la información disponible surge exclusivamente de una resolución sobre competencia territorial.
El debate sobre qué tribunal debe investigar
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió este miércoles no hacer lugar al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que buscaba trasladar a la provincia de Corrientes la investigación de la causa. La jueza de Cámara Patricia García confirmó así la resolución dictada el 17 de julio por la jueza federal de primera instancia, Zunilda Niremperger, que había declarado la competencia de la Justicia Federal de Resistencia.
El MPF había apelado esa resolución por considerar que los hechos se localizaban primordialmente en Corrientes, tanto por el lugar donde habría ocurrido buena parte de la explotación como por la residencia de los responsables señalados, y que mantener la causa en Resistencia contradecía un criterio sentado por la propia Cámara en septiembre de 2025 en otro expediente. También argumentó que continuar con la instrucción en un tribunal sin competencia territorial exponía a la víctima a repetir su relato innecesariamente, con riesgo de revictimización.
García descartó ambos argumentos. Consideró que la naturaleza del delito de trata de personas —su ejecución progresiva y su carácter interjurisdiccional— impide que una sola etapa territorial, aunque haya sido la de mayor extensión temporal, determine por sí sola la competencia. Señaló además que tanto la víctima como los testigos propuestos residen en Resistencia, y que el expediente citado por el MPF como precedente presentaba características distintas a las de este caso.
Un punto central del fallo es procesal: la jueza advirtió que, pese a la gravedad de los hechos denunciados, la causa registra hasta ahora muy poca actividad investigativa. Desde la denuncia inicial, en mayo de este año, solo se incorporaron dos declaraciones testimoniales de la propia denunciante. No consta que se le haya tomado declaración bajo la modalidad prevista para víctimas de estos delitos, ni que se haya identificado o citado a los testigos mencionados, ni que se haya examinado la documentación aportada por la denunciante sobre ingresos vinculados a la actividad denunciada.
Por eso, la Cámara consideró prematuro resolver sobre la competencia territorial sin antes producir esas medidas mínimas, y sostuvo que la discusión podrá reeditarse una vez reunida mayor precisión sobre los hechos, si las partes insisten en sus posiciones.
Con esta decisión, la investigación continuará en el Juzgado Federal N°1 de Resistencia. Por tratarse de una causa en etapa preliminar y con reserva de identidad de la denunciante, no hay hasta el momento imputaciones formales ni medidas adicionales de las que se tenga registro público.
