El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a penas de hasta 17 años de prisión a 25 personas —19 de ellas expolicías bonaerenses, además de dos abogados y otros civiles— por integrar una estructura que, desde las delegaciones antidrogas del conurbano, extorsionaba a sospechados de narcotráfico, fraguaba actuaciones judiciales y se quedaba con parte de la droga secuestrada para reinsertarla en el mercado ilegal. En el caso más trascendente, conocido como “Leones Blancos”, se quedaron con 480 kilos de cocaína que distribuyeron en la costa atlántica.
Viernes, 14 de agosto de 2026
El 29 de diciembre de 2013, en una quinta de Moreno perteneciente al llamado clan Loza, dos enormes figuras de leones blancos decoraban el borde de la pileta. Ese detalle ornamental terminaría dándole nombre, años después, a uno de los expedientes centrales de esta causa. Aquel día se llevó a cabo un allanamiento que, según determinó la Justicia, había sido armado desde el inicio: un llamado anónimo disparó actuaciones falsas que derivaron en el operativo, donde se secuestró apenas una fracción de casi media tonelada de cocaína. El resto —más de 480 kilos— iba a bordo de una camioneta que había salido minutos antes de esa misma quinta y que fue interceptada por los propios policías que meses después serían acusados de organizar todo el procedimiento.
De esa carga, una parte —también cercana a la media tonelada— nunca llegó a figurar en ningún acta. Se la llevaron. La trasladaron hasta Santa Clara del Mar para venderla en la costa bonaerense, mientras otra porción, ya envasada al vacío, estaba destinada al circuito de exportación. Los peritos calcularon después que ese cargamento sustraído valía entre 2,6 y 2,8 millones de dólares.
El caso “Leones blancos” había sido anulado en 2016 por otro tribunal federal de San Martín, que dejó en libertad a los sospechados originales de integrar una banda narco. Pero esa nulidad, lejos de cerrar el expediente, abrió la puerta a una pregunta distinta: quién había fraguado el operativo que los llevó presos, y con qué fin.
De perseguir el delito a administrarlo
Nueve años y medio después de aquel allanamiento, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín dio una respuesta. Condenó a 19 expolicías bonaerenses —la mayoría de las delegaciones antidrogas de Quilmes y San Isidro— junto con dos abogados y otros cuatro civiles, en un juicio que llevó casi dos años de audiencias y que analizó, además de “Leones blancos”, otros cuatro expedientes conocidos como “Bustamante”, “Basaldúa”, “Santellán” y “Acosta”. En todos se repetía el mismo patrón: actuaciones fraguadas, extorsiones a personas investigadas por narcotráfico y cobro de dinero a cambio de dejarlas fuera de la persecución penal.
La fiscalía, a cargo de Marcelo García Berro junto a los auxiliares fiscales Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly, construyó a lo largo de cuatro jornadas de alegato una hipótesis que excedía el relato de policías corruptos aislados. Sostuvo que se trataba de una práctica organizada y sostenida en el tiempo, mediante la cual agentes destinados a combatir el narcotráfico terminaron interviniendo directamente en ese mercado: eligiendo qué organizaciones perseguir y a cuáles dejar operar, a cambio de un beneficio.
Las penas más altas
Por el caso “Leones blancos”, el comisario Marcelo Roberto Di Rosa —a cargo de la Delegación de Quilmes al momento de los hechos—, su jefe de Operaciones Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta recibieron algunas de las condenas más severas del expediente. Baeta y Di Rosa fueron considerados coautores de uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por haber sido cometida en forma organizada y por funcionarios encargados de perseguir ese mismo delito. El teniente José María Delgado recibió once años de prisión por los mismos hechos.
En el expediente “Bustamante”, que se sumó a “Acosta”, “Basaldúa” y “Santellán”, la pena más alta fue para el comisario Roberto Adrián Okurzaty, a cargo de la delegación de San Isidro, condenado a 17 años de prisión como organizador de la asociación ilícita y por delitos que incluyen falsedad de documentos en al menos 21 oportunidades y extorsión reiterada en tres causas distintas.
Entre los condenados también hay dos abogados, Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli, sancionados con penas en suspenso e inhabilitación para ejercer la profesión durante cuatro años, por su participación en maniobras de cohecho y extorsión vinculadas a la causa “Bustamante” y “Basaldúa”. El tribunal absolvió a otras seis personas que también habían llegado a juicio.
El exfiscal Scapolan, otra vez en la mira
Aunque no estuvo sentado en el banquillo, un nombre atravesó buena parte del alegato fiscal: el del exfiscal Claudio Scapolan, destituido en 2023, a quien la acusación señaló como parte de la complicidad que permitió sostener este esquema desde la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro. El tribunal ordenó remitir las constancias del juicio a la etapa de instrucción para que se sumen a las causas que ya investigan a Scapolan y a otros posibles responsables, tanto policiales como judiciales.
Además, dispuso comunicar el veredicto —cuyos fundamentos se conocerán recién el 7 de octubre— al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio Público bonaerense, al Ministerio de Seguridad de la provincia y a los organismos que investigan el narcotráfico y el crimen organizado, para que evalúen medidas que eviten que un esquema similar vuelva a repetirse. También se notificará la condena de los dos abogados a los colegios profesionales donde están matriculados.
La Comisión Provincial por la Memoria, que participó como querellante hasta ser apartada por una cuestión de legitimación procesal, había advertido durante el debate que los patrones descriptos en este juicio —allanamientos ilegales, prueba fraguada, detenciones arbitrarias, extorsiones— no eran una novedad, sino una práctica históricamente detectada en distintas reparticiones de la Policía bonaerense, especialmente en los territorios donde el Estado tiene menos presencia.
