Tras la postergación de la fecha original del 7 de agosto, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia reprogramó para el 21 de agosto, a las 8:30 h, el comienzo del juicio contra Sergio Salomone, Analía Tejero y Leopoldo Carrena. Los tres están acusados de lavar activos provenientes del contrabando de cocaína hacia España y Portugal orquestado por el fallecido abogado Carlos Salvatore, en la causa conocida como “Carbón Blanco”. Ayer, la Cámara Federal de Resistencia confirmó el rechazo a una denuncia penal de Carrena contra el fiscal Federico Carniel y el juez del TOF Jorge Gallino, con las que buscaba demorar el juicio.
Jueves, 13 de agosto de 2026
Por solicitud de una de las defensas, el Tribunal Oral Federal de Resistencia decidió postergar el inicio del juicio oral contra los acusados de ser testaferros del jefe narco Carlos Salvatore, condenado en la histórica causa “Carbón Blanco” por comandar el contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa camuflada en bolsas de carbón vegetal embaladas en la provincia del Chaco. El inicio de las audiencias estaba previsto para el 7 de agosto pasado.
La demora en la incorporación de una prueba que debe remitir el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema de Justicia llevó a uno de los abogados defensores a solicitar la postergación de la audiencia que tuvo recepción favorable por parte de los jueces subrogantes del TOF de Resistencia, Jorge Gallino y Mariela Rojas que resolvieron reprogramar el comienzo de las audiencias: ahora será el viernes 21 de agosto, a las 8:30 h. El Ministerio Público Fiscal y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) estuvieron en desacuerdo. En el banquillo de los acusados estarán sentados el nadador Sergio Salomone, su pareja Analía Tejero, y Leopoldo Carrena, considerado el cerebro financiero de la organización encabezada por Salvatore.
Revés para la estrategia de Carrena
En el interín, se produjeron novedades en los estrados judiciales. Según lo que puso saber LITIGIO, este miércoles 12 de agosto la Cámara Federal de Resistencia le asestó un nuevo revés a la estrategia de la defensa del imputado Carrena que apuntaba a lograr el apartamiento del fiscal del juicio, Federico Carniel, y del juez del TOF de Resistencia, Jorge Gallino. El tribunal desestimó la apelación de la defensa de Carrera contra la decisión del Juzgado Federal de Resistencia que desestimó por inexistencia de delito una denuncia penal que el imputado formuló contra Carniel, Gallino y un funcionario de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La denuncia por los delitos de presunto peculado de uso, fraude procesal, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, administración fraudulenta, falsedad ideológica, encubrimiento, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado, apuntaba contra los tres denunciados por distintos roles en la gestión de los vehículos secuestrados en el marco de esta causa y que eran propiedad de empresas representadas por Carrena.
Al resolver la apelación de Carrena, la Cámara —integrada por los jueces Enrique Bosch, Rocío Alcalá y Patricia García— sostuvo que, tratándose de delitos que protegen bienes jurídicos como la administración pública y la fe pública, Carrena no reviste la calidad de víctima, y que tampoco había solicitado formalmente constituirse como parte querellante. Por esa razón, el tribunal concluyó que carece de legitimación para recurrir la desestimación y declaró inadmisible el recurso.
El debate que arranca el viernes 21 de agosto tiene su origen en la causa “Carbón Blanco”, en la que el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a penas de entre 12 y 21 años de prisión a los integrantes de una organización que, entre 2005 y 2012, contrabandeó alrededor de mil kilos de cocaína camuflados en cargamentos de carbón vegetal despachados desde la ciudad chaqueña de Quitilipi. Entre los condenados se encontraba el abogado y empresario Carlos Salvatore, considerado el jefe de la organización delictiva. El caso que ahora llega a juicio es la derivación patrimonial de aquella causa: la investigación sobre quiénes pusieron en circulación, con apariencia lícita, el dinero que dejó ese negocio ilegal.
Carbón Blanco, la causa madre
La causa se inició en el año 2017 como una derivación del caso “Carbón Blanco” y fue requerida a juicio en abril de 2023 por el fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad. En el expediente, se mantiene como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) por decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los imputados son Sergio Salomone y Analía Tejero, a quienes se apunta como presuntos testaferros de Salvatore, y Leopoldo “Polo” Carrena, considerado como el presunto arquitecto financiero de las maniobras de lavado de activos de Salvatore en la zona de Florida, Estados Unidos.
En la primera causa derivada de “Carbón Blanco”, la viuda de Carlos Salvatore, Silvana Susana Vallés; y su suegro Santiago Vallés Ferrer, fueron condenados a 7 años y medio de prisión por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico; y el socio de Salvatore, Ricardo Gassan Saba, a 9 años de prisión por el mismo delito. Fue en marzo de 2019. En aquel proceso, la hija del líder narco, Carla Salvatore, había sido absuelta, aunque luego Casación revocó su absolución. En un nuevo juicio, el TOF de Resistencia la condenó a 5 años de prisión, sin embargo Casación le redujo la pena a 3 años de ejecución condicional.
Los imputados
El requerimiento de elevación a juicio contra Sergio Salomone y Analía Tejero, matrimonio domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, fue presentado por el fiscal general Carlos Amad el 5 de abril de 2023. Según esa pieza, Salomone —abogado y comerciante que se presenta además como nadador con sponsors que costeaban sus 65 viajes al exterior— fue vinculado por comunicaciones telefónicas y electrónicas a la administración de bienes de Salvatore desde 2005, incluida su designación como director suplente de la firma Renthouse SA.
La fiscalía le atribuye haber adquirido, mediante negocios jurídicos simulados, inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell, y haber recibido, tras la muerte de Salvatore, una póliza radicada en la Isla de Man cuyo saldo —cerca de 908.000 dólares— intentó transferir a una cuenta en Suiza compartida con Tejero. A ella se le imputan inversiones en los mismos negocios inmobiliarios y la titularidad de otras propiedades en la Ciudad de Buenos Aires.
Más de un año después, el 15 de mayo de 2024, la fiscalía amplió la acusación con un segundo requerimiento contra Leopoldo Daniel “Polo” Carrena, comerciante de Mar del Plata. Según ese escrito, Carrena constituyó y operó como agente registrado o gerente de más de 40 sociedades en Estados Unidos —la mayoría radicadas en Florida—, que utilizó para comprar y revender, entre testaferros de su entorno, al menos seis propiedades en Miami Beach y Aventura. La fiscalía sostiene que esas operaciones, hechas a valores por debajo de mercado y en plazos de pocos meses, buscaron alejar el dinero de su origen ilícito y dificultar la identificación de sus verdaderos dueños.
A los tres imputados se les atribuye el delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por la habitualidad, por haber actuado en banda y por la intervención de personas jurídicas, en infracción a los artículos 303, inciso 1, y su agravante del inciso 2, apartado A, y 304 del Código Penal (ley 26.683). En el caso de Salomone y Tejero, la imputación incluye además el artículo 278 de la ley 25.246, vigente al momento de los primeros hechos investigados.
Lo pendiente
El requerimiento de elevación a juicio de abril de 2023 también pidió que continúe la instrucción respecto de otros procesados en el expediente —Gabriel José Morón, Ariel Morón, Gladys Peregal y Pablo Alejandro Buscaglia—, cuya situación procesal no forma parte del debate que se abre esta semana. Eduardo Antonio Macri, otro de los procesados originales, murió durante la instrucción y fue sobreseído por extinción de la acción penal en marzo de 2021.
Por otro lado, también está pendiente de juicio otra derivación de la causa “Carbón Blanco”. Se trata del tramo vinculado a tres agentes aduaneros de la delegación Barranqueras que se encuentran imputados como coautores del delito de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de actos culposos que posibilitan el contrabando. Es por no haber controlado los cargamentos de la empresa chaqueña Carbón Vegetal Del Litoral SRL.
