Diecisiete años después de la desaparición de Mario Fabián Golemba, un joven de 27 años, en la localidad misionera de Dos de Mayo, la Justicia Federal de Posadas ordenó la detención de 16 efectivos policiales, en actividad y retirados. La fiscalía sostiene que hubo una maniobra coordinada para encubrir el hecho mediante hipótesis falsas, omisiones en registros oficiales y versiones uniformes entre los funcionarios.
Martes, 11 de agosto de 2026
El 27 de marzo de 2008, Mario Fabián Golemba salió de la vivienda que compartía con su familia en Picada Indumar, en la localidad misionera de Dos de Mayo. Tenía 27 años y ese día había pedido turno con una nutricionista en la vecina ciudad de Oberá. Tras la consulta, envió mensajes de texto a su pareja y a sus familiares: volvería “cerca de la tardecita”. Nunca llegó. Desde entonces, no se supo más nada de él.
La investigación inicial quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá, que no logró establecer qué había pasado. Con el correr de los años, testigos de identidad reservada aportaron un dato que reorientó por completo la causa: según sus declaraciones, Golemba había estado detenido en la comisaría de Dos de Mayo, dependiente de la Policía de Misiones, donde habría sido golpeado. En junio de 2021, a partir de un planteo de la querella que representa a la familia, el expediente pasó a la Justicia Federal de Posadas, que empezó a investigar el hecho como una desaparición forzada de persona.
Las detenciones, casi dos décadas después
Ese recorrido llegó este lunes a un punto de inflexión. Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación a través de su portal Fiscales.gob.ar, a pedido de la titular de la Fiscalía Federal N°2 de Posadas, Silvina Gutiérrez, y por orden de la jueza federal María Verónica Skanata, la Gendarmería Nacional realizó este lunes procedimientos en distintos puntos de la provincia de Misiones. El resultado: 16 personas detenidas y una más prófuga, con pedido de captura.
Entre los imputados figuran el comisario retirado Evaldo Katz; los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge, actualmente en funciones en Seguridad Vial; los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; los radiooperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva, este último retirado; y Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra, Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer, los tres últimos también retirados de la fuerza.
La fiscalía les atribuye distintos grados de participación tanto en la privación ilegítima de la libertad de Golemba como en su permanencia bajo una custodia estatal clandestina, y en las maniobras posteriores para ocultar lo sucedido. Según la hipótesis acusatoria, no se trató de hechos aislados sino de la ejecución de un plan común, con aportes funcionales de cada uno de los imputados desde su rol dentro de la estructura policial.
Un “pacto de silencio”
De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, la comisaría de Dos de Mayo habría sido el escenario donde los funcionarios policiales utilizaron su propia estructura funcional y operativa para concretar la detención ilegal de Golemba, someterlo a violencia física y, finalmente, hacerlo desaparecer. Hasta hoy no se conoce su paradero ni fueron hallados sus restos.
La acusación —y aquí conviene subrayar que se trata de una caracterización de la fiscalía, no de un hecho probado en juicio— sostiene que desde el momento mismo de la desaparición se desplegó lo que denomina un “pacto de silencio institucional”, orientado a impedir que se conociera lo ocurrido. Según la imputación, ese entramado se habría sostenido mediante la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, omisiones en los registros oficiales, versiones uniformes entre distintos funcionarios policiales, contradicciones entre actuaciones judiciales y administrativas, y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado el curso de la investigación durante años.
La fiscalía agrega un argumento central para explicar el alcance de las detenciones: al tratarse la desaparición forzada de un delito de carácter permanente, la responsabilidad penal no se limita a quienes habrían ejercido la violencia directa contra Golemba. Alcanzaría también a quienes, tomando conocimiento de su presencia clandestina en la dependencia policial, habrían omitido denunciarlo o adoptar medidas para hacerlo cesar. Esos comportamientos, sostiene la imputación, habrían contribuido a preservar el pacto de silencio y a prolongar hasta hoy el desconocimiento sobre el destino del joven.
Una causa que cambió de fuero
La causa tramita actualmente ante la Fiscalía Federal N°2 de Posadas, a cargo de Gutiérrez, con la intervención del Centro de Reunión de Información “Misiones” (CRIMIS) de la Gendarmería Nacional. En la investigación también colaboraron la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), ambas dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Los allanamientos y las primeras declaraciones de testigos habían comenzado ya en 2022, según registran notas anteriores del propio portal de Fiscales. Lo que hasta entonces era una causa sostenida en testimonios reservados y hallazgos documentales derivó, este lunes, en la primera tanda de detenciones: diecisiete años y casi cinco meses después de que Mario Fabián Golemba saliera de su casa y no volviera.
