El proyecto del oficialismo propone modificar el Código Procesal Penal del Chaco para incorporar la “reiteración delictiva” como un elemento central al momento de evaluar el peligro de fuga o de entorpecimiento de una investigación. El proyecto tiene despacho de mayoría y podría ser tratado este miércoles en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura cuestionaron la iniciativa y advirtieron por el impacto que podría tener sobre un sistema penitenciario y policial ya desbordado.
Martes, 11 de agosto de 2026
La Cámara de Diputados del Chaco podría tratar este miércoles en el recinto el proyecto de Ley de Reiterancia, una iniciativa impulsada por el oficialismo que busca modificar distintos artículos del Código Procesal Penal provincial para ampliar los supuestos que pueden ser considerados por los jueces al momento de disponer medidas de coerción y, particularmente, prisión preventiva.
El proyecto cuenta con un despacho de mayoría de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad, que aconseja su aprobación. El dictamen, al que tuvo acceso LITIGIO, fue firmado por los diputados de “Chaco Puede” Edgardo Reguera, Maida With, Zulema Wannesson, Jorge Gómez, Laura Bisonni y Carina Botteri Disoff.
La iniciativa corresponde al proyecto 2634/24 y sus agregados 2959/24, 3138/24, 445/25, 484/25, 1805/25 y 2619/25. El despacho plantea modificaciones a los artículos 276 y 289 del Código Procesal Penal e incorpora un nuevo artículo 289 bis.
Qué establece la iniciativa
Uno de los principales cambios aparece en el artículo 276, referido a la restricción de la libertad. El texto mantiene como principio que las restricciones deben imponerse dentro de los límites indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, pero incorpora expresamente la “reiterancia delictiva” como un elemento que el juez deberá tener especialmente en cuenta para evaluar la existencia de peligro de fuga o de obstaculización de la investigación.
El proyecto define como reiterancia delictiva la situación de una persona que se encuentre imputada en una causa penal mientras, al mismo tiempo, tiene otro u otros procesos penales en los que también fue imputada. Para determinar esa condición, se considerará imputada a la persona que haya sido convocada a la formalización de la investigación preparatoria o a un acto procesal equivalente.
La modificación también alcanza al artículo 289, que regula la prisión preventiva. El despacho establece que, cuando existan elementos suficientes para sostener como probable la participación del imputado en el hecho investigado, la prisión preventiva podrá disponerse en casos de reiterancia delictiva, peligro de fuga y/o entorpecimiento de la investigación.
El proyecto contempla, además, el supuesto de delitos cuya pena permita eventualmente una condena de ejecución condicional. En esos casos, plantea que igualmente pueda disponerse la prisión preventiva cuando exista reiterancia delictiva o indicios de que el imputado intentará eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación.
Entre las circunstancias que el texto propone considerar para inferir la existencia de estos peligros aparecen la reiteración de actividad delictiva, la falta de residencia, la inexactitud del domicilio informado, una declaración de rebeldía en otro proceso, el sometimiento a un proceso anterior, el cese de una prisión preventiva anterior o una condena impuesta sin que haya transcurrido el plazo previsto por el artículo 50 del Código Penal.
Diez circunstancias
El despacho también incorpora al Código Procesal Penal el artículo 289 bis, denominado “Peligro de reiterancia delictiva”.
La nueva norma establece que, para decidir sobre el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, se deberá tener especialmente en cuenta la reiterancia y enumera diez circunstancias que podrán ser valoradas por los jueces.
Entre ellas figuran la existencia de procesos pendientes o condenas anteriores; la conducta del imputado en otros procesos que pueda revelar una intención de eludir a la Justicia; una declaración de reincidencia o la posibilidad de que sea dictada; antecedentes de rebeldía o captura; el incumplimiento de restricciones de acercamiento o reglas de conducta; y la importancia y extensión del daño causado a la víctima.
También se contempla si la persona intentó eludir a la Justicia o resistió el accionar de una fuerza de seguridad al momento del hecho, si actuó con violencia contra bienes o personas, si el delito fue cometido con armas o por más de dos personas y si proporcionó información falsa sobre su identidad.
Cuestionamientos
La iniciativa ya generó cuestionamientos desde organismos vinculados a la prevención de la tortura y la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.
En declaraciones a Ciudad TV, Darío Gómez, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, expresó su rechazo al proyecto y sostuvo: “Espero que no avance este proyecto”. Según explicó, el organismo fue consultado durante el trámite legislativo y presentó un dictamen en el que fundamentó su oposición.
Gómez advirtió que, tal como está planteada, la iniciativa podría generar cuestionamientos de constitucionalidad porque, a su criterio, podría vulnerar principios establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional.
Uno de los principales argumentos del Comité apunta al estado actual del sistema de encierro. Gómez sostuvo que se está dejando de lado que “el sistema penitenciario y el sistema policial están dinamitados” y señaló que, según un relevamiento realizado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, en la última década la población penitenciaria a nivel nacional aumentó un 50%, con una ocupación superior al 140% de la capacidad.
En el caso de las policías provinciales, mencionó particularmente la situación del Chaco, donde se alojan personas detenidas, procesadas y condenadas en comisarías. Según los datos citados por Gómez, durante la última década aumentó un 150% la cantidad de personas alojadas en ese sistema, con una tasa de ocupación cercana al 180%.
Desde esa perspectiva, el comisionado consideró que antes de avanzar con medidas que puedan incrementar la cantidad de personas privadas de libertad debería discutirse en qué condiciones funciona actualmente el sistema. También planteó la necesidad de recurrir a alternativas a la prisión, como dispositivos electrónicos u otras medidas que permitan reducir el nivel de hacinamiento.
Presunción de inocencia
El cuestionamiento jurídico central planteado por el Comité se relaciona con la presunción de inocencia. Gómez sostuvo que tener dos o más causas en trámite no convierte a una persona en responsable de los delitos que se le imputan mientras esos procesos no hayan concluido. En ese sentido, afirmó que la iniciativa podría afectar la presunción de inocencia y sostuvo que, tal como está planteada, “va camino a no funcionar”.
El proyecto que impulsa el oficialismo, en cambio, no establece una condena automática para quien tenga más de una causa, sino que incorpora la existencia de procesos simultáneos y otros antecedentes o conductas como elementos que deberán ser considerados al analizar el peligro procesal y la eventual necesidad de una medida de coerción.
Con el despacho de mayoría ya emitido, el debate se trasladará ahora al recinto. La discusión no solo estará centrada en la incorporación de la reiterancia al Código Procesal Penal, sino también en los límites de la prisión preventiva, la presunción de inocencia y la capacidad real del sistema penitenciario y policial chaqueño para absorber un eventual incremento de personas privadas de su libertad.
