La presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia advirtió sobre el impacto de la criminalidad transnacional que atraviesa a Chaco y Formosa. También habló sobre las demoras judiciales, las causas de lesa humanidad y el avance de la inteligencia artificial en los tribunales.
Martes, 11 de agosto de 2026
La frontera del nordeste argentino constituye uno de los principales desafíos para la Justicia Federal. Así lo planteó la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá, quien describió a la región como una “zona crítica” por el avance de delitos vinculados al narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y la trata de personas.
En una entrevista para Infobae, publicada el lunes en el marco del ciclo “Sr. Juez”, Alcalá explicó que la particularidad de la jurisdicción que abarca Chaco y Formosa está directamente vinculada con su condición geográfica y con las rutas utilizadas por organizaciones criminales para trasladar y acopiar estupefacientes.
“La zona del nordeste argentino, particularmente la Cámara Federal de Resistencia, de la cual formo parte y presido actualmente, tiene la particularidad de ser una zona crítica por la frontera con países como Paraguay”, sostuvo la magistrada.
Según detalló, en la región confluyen distintas modalidades delictivas. Mencionó causas relacionadas con estupefacientes, contrabando de mercaderías, cigarrillos, productos electrónicos y armas, además de fenómenos de delincuencia transnacional como la trata de personas.
Alcalá hizo especial hincapié en la situación de Formosa, por la extensión de su frontera seca y la existencia de pasos no habilitados. “Es una zona de paso o acopio de estupefacientes que conecta con grandes centros de distribución como Buenos Aires, Rosario, Mendoza y otros países, incluso Chile”, explicó.
En ese contexto, consideró que el fenómeno excede ampliamente a las provincias del NEA. El movimiento de drogas y otras actividades delictivas que se originan o atraviesan la región terminan teniendo impacto en distintos puntos del país.
Más recursos y personal especializado
Frente a ese escenario, la titular de la Cámara Federal de Resistencia señaló que desde el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura se contemplan las particularidades de los juzgados ubicados en zonas de frontera, aunque advirtió que todavía existen necesidades concretas. “También hace falta personal especializado, que muchas veces falta, para poder abordar esta criminalidad”, afirmó.
La jueza también destacó el cambio que implicó la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara, implementado el 1° de diciembre de 2025. A seis meses de su entrada en vigencia, explicó que el nuevo sistema modificó sustancialmente los roles dentro del proceso penal.
Mientras bajo el esquema anterior la investigación recaía principalmente sobre los jueces, el nuevo modelo le otorga al Ministerio Público Fiscal un papel central en esa tarea. “El juez toma otra impronta en el proceso”, explicó Alcalá.
Para la magistrada, el nuevo sistema deberá atravesar un proceso de adaptación y evaluación, pero consideró que el acompañamiento institucional seguirá siendo necesario, tanto en materia de recursos como de capacitación para las fuerzas federales que intervienen en la prevención y persecución de estos delitos.
El problema de las demoras judiciales
Alcalá también abordó una de las críticas más frecuentes hacia la Justicia: la demora en la resolución de los expedientes. Aunque el narcotráfico y los delitos de frontera concentran buena parte de la atención sobre la Justicia Federal, la magistrada recordó que los tribunales federales tienen competencia en múltiples materias. Entre ellas mencionó cuestiones civiles, de salud, seguridad social y demandas contra organismos del Estado nacional.
El volumen de expedientes en esas áreas, explicó, puede llegar a “duplicar o triplicar” al de las causas penales, generando un cuello de botella que impacta directamente en los tiempos de resolución.
“El número de recursos humanos es el mismo, pero hay herramientas de gestión para intentar que los tiempos sean los menores posibles”, señaló.
En ese punto, la falta de jueces no sería el único problema. Alcalá también puso el foco en la cantidad de funcionarios y empleados disponibles para tramitar los expedientes.
“Si bien aumenta la conflictividad y el número de causas, el personal sigue siendo el mismo”, sostuvo, y planteó la necesidad de redistribuir recursos y reforzar las secretarías que concentran mayor cantidad de expedientes.
27 años en la Justicia Federal
Alcalá lleva 27 años en la Justicia Federal. Se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Nordeste en 1999 y al día siguiente comenzó a trabajar en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral de Formosa.
Su recorrido incluyó la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, la Defensoría Pública Oficial y el Juzgado Federal de esa provincia, siempre vinculada al área penal. Posteriormente se desempeñó durante once años como secretaria penal de la Cámara Federal que actualmente preside. En 2016 concursó para acceder a una magistratura y en abril de 2018 juró como jueza de Cámara.
“Lo que cambió en estos años es que hoy puedo hacer lo que siempre quise: sentarme en una sala de audiencias, escuchar a las partes y tratar de decidir con prudencia y razonabilidad”, contó.
Su elección por el derecho penal, según relató, estuvo vinculada desde el comienzo con una fuerte vocación. “El derecho penal me cautivó y apasionó”, afirmó.
Las causas de lesa humanidad: “Fue muy duro”
Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria estuvo vinculado con las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Durante su paso por Formosa intervino en la instrucción de causas por tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y desapariciones forzadas ocurridas en centros clandestinos de detención, entre ellos La Escuelita y el Regimiento de Infantería de Monte 29. “Fue muy duro”, reconoció.
La dinámica de trabajo implicaba tomar testimonios de víctimas durante la mañana y avanzar por la tarde con las indagatorias de los imputados. Se trataba de investigaciones extensas, con numerosos testigos y acusados, en las que cada nuevo testimonio podía abrir una línea de investigación.
Alcalá también recordó su intervención, ya en la Cámara Federal, en la causa por la Masacre de Margarita Belén, uno de los principales procesos por crímenes de lesa humanidad de la región.
Para la magistrada, esas causas tienen una dificultad particular porque obligan a reconstruir hechos ocurridos décadas atrás a partir de testimonios, documentos y distintas líneas investigativas.
“Hay que conocer la verdadera historia para resolver adecuadamente”, resumió, vinculando su experiencia en la Justicia con aquella primera vocación universitaria que la llevó a estudiar Historia antes de inclinarse definitivamente por el Derecho.
Una Justicia que busca mostrarse
Otro de los planteos de Alcalá estuvo relacionado con la relación entre los tribunales y la sociedad. En su opinión, la Justicia atraviesa una etapa de transformación en la que debe abandonar una lógica de funcionamiento excesivamente cerrada y mostrar con mayor claridad cómo trabaja. “La justicia tiene que mostrar lo que hace”, sostuvo.
En la Cámara Federal de Resistencia, explicó, se incorporaron herramientas tecnológicas, encuestas de satisfacción, normas de calidad ISO y mecanismos de transparencia. La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal también permite avanzar hacia procesos más orales y decisiones tomadas en audiencia frente a las partes.
La magistrada consideró que la sociedad debe poder conocer no solo las decisiones de los jueces, sino también el trabajo de funcionarios y empleados que intervienen en cada expediente.
Inteligencia artificial, pero con decisiones humanas
La transformación tecnológica también llegó a la Cámara Federal de Resistencia. Alcalá confirmó que ya se utiliza inteligencia artificial para determinadas tareas, entre ellas la desgrabación de audiencias.
La herramienta, explicó, permite acelerar procesos que anteriormente demandaban mucho más tiempo, aunque remarcó que existe un control humano sobre sus resultados.
Para Alcalá, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para mejorar la administración de justicia, pero existe un límite que no debería cruzarse: la decisión judicial. “La toma de decisiones tiene que seguir siendo humana”, afirmó.
En particular, señaló que existen cuestiones sensibles que requieren una valoración que excede cualquier herramienta tecnológica, como aquellas vinculadas con el interés superior de niños y niñas.
Desde una jurisdicción alejada del centro de atención que habitualmente concentra la agenda judicial nacional, Alcalá trazó así un diagnóstico que combina dos dimensiones: por un lado, el desafío de administrar justicia en una región atravesada por el narcotráfico y otras formas de criminalidad transnacional; por otro, la necesidad de modernizar los tribunales sin perder de vista que detrás de cada expediente existen conflictos y personas que requieren una respuesta judicial.
