La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció penalmente al director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, y al exdirector de la delegación Córdoba del organismo, Marcos Patiño Brizuela, por no acatar la medida cautelar que ordena restablecer la provisión gratuita y automática de medicamentos esenciales a los afiliados. La causa tramita ante el Juzgado Federal N°3 de Córdoba y ambos funcionarios ya fueron citados a indagatoria.
Martes, 11 de agosto de 2026
La APDH, con el patrocinio de los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente, había presentado el 13 de diciembre de 2024 un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mendoza para frenar los cambios que PAMI introdujo en su cobertura de medicamentos. El juez interviniente dictó una medida cautelar el 16 de mayo de 2025 en favor de los afiliados cordobeses y, el 22 de octubre de ese año, extendió el alcance de la orden a los afiliados de todo el país.
La cautelar dispuso suspender la aplicación de las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 del INSSJP —el organismo que administra PAMI—, que habían modificado el esquema de entrega de medicamentos vigente desde 2017. En los hechos, la orden judicial buscaba reponer el programa “Vivir Mejor” y garantizar que el listado de medicamentos esenciales llegara en forma automática y gratuita a los afiliados con receta de su médico de cabecera.
El incumplimiento y las multas
Según relató la APDH, desde que se dictó la cautelar las autoridades de PAMI —tanto a nivel nacional como en la delegación Córdoba— se negaron de manera sistemática a cumplirla en su punto central: la reactivación automática del listado de medicamentos gratuitos. La organización sostuvo que esa negativa se mantuvo pese a las sucesivas intimaciones del Juzgado Federal de Mendoza y a la aplicación de astreintes (multas diarias) durante más de un año y medio.
Con ese cuadro, la APDH presentó en septiembre de 2025 la denuncia penal ante la Fiscalía Federal N°2 de Córdoba, que recayó en el Juzgado Federal N°3 a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. La organización pidió investigar la eventual responsabilidad de Leguizamo y Patiño Brizuela como autores, cómplices o instigadores de desobediencia a la autoridad (artículo 239 del Código Penal), actos discriminatorios (Ley 23.592), estafa procesal (artículo 172) y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 249), sin descartar que de la investigación surjan otras figuras penales. Según informó la APDH, ambos funcionarios ya fueron imputados y citados a indagatoria, mientras el proceso sigue su curso.
En su comunicado, la organización calificó la situación como “de enorme gravedad” en términos institucionales, al considerar que funcionarios designados por el Gobierno nacional desconocen resoluciones de la Justicia Federal. La APDH fue más allá y enmarcó el conflicto dentro de lo que definió como una política deliberada del Gobierno de Javier Milei contra jubilados y pensionados, a la que calificó de “genocidio silencioso” en referencia al impacto combinado del recorte en medicamentos y el deterioro de los ingresos jubilatorios frente al costo de vida. Se trata de una caracterización propia de la entidad denunciante, no de una calificación judicial. La causa quedó radicada en la Justicia Federal de Córdoba y continúa en etapa de instrucción.
