La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas rechazó un recurso con el que la defensa de Cristian Pereira buscaba frenar su llegada a juicio oral por trata de personas, y confirmó el requerimiento de elevación a juicio en su contra. Con esta resolución, la causa queda encaminada al debate oral tanto para el imputado como para su padre, Benito Pereira, quien no apeló la elevación a juicio. Ambos están procesados junto con Nilda Dammer, madre de Cristian, por la explotación sexual de una joven durante casi un año en una vivienda de Posadas.
Lunes, 3 de agosto de 2026
La causa por trata de personas que investiga la explotación sexual de una joven en Posadas entre 2018 y 2019 dio un paso decisivo hacia el juicio oral. La Cámara Federal de Apelaciones de la capital misionera rechazó el pasado jueves 30 de julio el recurso con el que la defensa de Cristian Fabián Pereira intentaba anular la elevación a juicio dispuesta en su contra, en la última instancia recursiva disponible antes del debate.
El tribunal, integrado por los jueces Ramón González, Juan Manuel Iglesias y Rubén Quiñones, confirmó que el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal y por la Defensoría Pública Oficial de la Víctima (DPOV) es válido, y con eso allanó el camino para que la causa pase a la etapa de debate.
Pereira llega imputado por trata de personas agravada por el uso de violencia y por el abuso de una situación de vulnerabilidad —según los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, conforme la ley 26.842—, por infracción a la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, y por abuso sexual gravemente ultrajante.
A diferencia de su hijo, Benito Pereira no presentó ningún recurso contra el requerimiento de elevación a juicio formulado en su contra, por lo que esa etapa quedó firme sin necesidad de que la Cámara se expidiera. Pereira, señalado como quien captó y explotó económicamente a la víctima a través de la prostitución forzada tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Posadas, deberá enfrentar entonces el juicio oral junto a su hijo. Ambos permanecen detenidos desde diciembre de 2024 y con procesamiento confirmado en enero de 2026.
Un intento fallido de frenar el debate oral
La defensa de Cristian Pereira había cuestionado que los requerimientos de elevación a juicio no describieran los hechos con la claridad y precisión que exige el artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación, lo que a su entender vulneraba el derecho de defensa y el principio de congruencia. También objetó que la acusación se sostuviera casi exclusivamente en el testimonio de la víctima, y cuestionó que la adhesión de la Defensoría Pública Oficial de la Víctima repitiera el mismo defecto formal que le atribuía al pedido fiscal. De manera subsidiaria, pidió el sobreseimiento de Pereira por falta de pruebas.
Al contestar la vista, la fiscal general ante la Cámara se pronunció por confirmar la validez del requerimiento. Sostuvo que no existía ningún perjuicio concreto que justificara anular lo actuado, y citó jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual la nulidad procesal no puede declararse en el solo interés de la formalidad ni “por la nulidad misma”.
Los camaristas coincidieron con ese criterio: señalaron que el requerimiento contiene los datos personales del imputado, una descripción de los hechos, su calificación legal y los motivos en que se funda, tal como exige la ley, y que su contenido coincide con lo ya planteado en la indagatoria y en el procesamiento —actos en los que, remarcó el tribunal, Pereira tuvo amplias oportunidades de ejercer su defensa. Para la Cámara, los planteos de la defensa no apuntaban en realidad a un defecto formal, sino a discutir el peso de las pruebas reunidas, una discusión que tiene su instancia propia en el juicio oral.
Con el rechazo del recurso y la confirmación de la resolución apelada, la causa contra Cristian y Benito Pereira queda entonces en condiciones de avanzar hacia el debate oral, mientras continúa en trámite la situación procesal de Nilda Dammer, cuyo procesamiento fue confirmado el mismo día por el mismo tribunal.
