Una investigación conjunta de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la PROTEX permitió detectar una organización que captaba civiles y exintegrantes de fuerzas de seguridad a través de redes sociales, con la promesa de un sueldo de 3.000 dólares, para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. La causa, que comenzó tras un control migratorio en Ezeiza, terminó con el allanamiento de una vivienda en Tigre y la detención de una de las presuntas responsables; su pareja, también acusada, permanece prófuga.
Martes, 28 de julio de 2026
Fue en marzo, en la zona de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Cuatro hombres esperaban para abordar un vuelo con destino a Ucrania. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria empezó a hacerles las preguntas de rutina —quién les había comprado los pasajes, quién los recibiría del otro lado, qué iban a hacer allá— y las respuestas no encajaban. Ninguno de los cuatro sabía contestar con precisión. No tenían pasaje de regreso. No tenían dinero para sostenerse en el destino. Esa desprolijidad fue la primera fisura de una organización que, según pudo reconstruirse después, llevaba meses reclutando personas en Argentina para enviarlas a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.
El anzuelo en las redes
La oferta circulaba por plataformas web y prometía algo simple: incorporarse al ejército ucraniano por un período de entre seis meses y tres años, a cambio de un salario cercano a los 3.000 dólares. El contrato —cuando llegaba a existir— estaba redactado en ucraniano, y las tareas reales quedaban veladas bajo el argumento de que no podían revelarse por razones de seguridad. A quienes aceptaban viajar, además, les indicaban qué decir si algún oficial de migraciones o de la aerolínea preguntaba el motivo del viaje: debían responder que iban a trabajar en construcción.
Con el correr de la investigación, encabezada por la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), surgió un dato que agravaba el cuadro: entre los captados no solo había civiles, sino también exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad, un perfil que, según pudo saberse, resultaba especialmente buscado por los reclutadores.
Del rastreo digital al allanamiento
Pasaron meses de trabajo silencioso. Tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones, vigilancia discreta. El objetivo era llegar hasta quienes estaban detrás de las publicaciones y los contactos que habían recibido los cuatro hombres frenados en Ezeiza. La pesquisa condujo a una pareja: una mujer y su compañero, señalados como los organizadores de la captación y el traslado.
El fin de semana pasado, la Policía Federal Argentina allanó una vivienda en Tigre y detuvo a la mujer. Su pareja no estaba. Según pudo establecerse, había salido del país rumbo a Brasil pocos días antes del operativo y permanece prófugo. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Luis Armella dispuso indagarla por el delito de trata de personas, mientras se analiza el material secuestrado.
Una alerta que ya sonaba en toda la región
La causa de Lomas de Zamora no nació aislada. Ya en abril, los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano habían alertado a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes sobre maniobras similares de captación de argentinos hacia el frente ucraniano. Hablaban de una modalidad con indicios de organización estructurada y transnacional, con reclutadores locales que elegían perfiles —muchas veces de extracción militar—, armaban contingentes grupales y reservaban pasajes solo de ida hacia los países limítrofes con la zona de guerra.
El esquema, advertían, podía generar además obligaciones económicas atadas al traslado o al equipamiento, capaces de operar como un mecanismo de sujeción que recortara la libertad real de las víctimas para desvincularse: la frontera, señalaban, entre una oferta laboral riesgosa y una situación de servidumbre por deudas.
Ese mismo patrón reapareció, en julio, en una notificación morada emitida por INTERPOL a pedido de investigadores colombianos, que detectaron una lógica casi calcada: empresas fachada, contratos aparentes, promesas de sueldos altos y, ya en destino, confiscación de documentos, aislamiento y deudas ficticias para forzar la participación en combate. Cualquier intento de retractarse, según esa alerta internacional, era respondido con coerción y amenazas.
La causa argentina, tal como lo informó el portal Fiscales.gob.ar de la Procuración General de la Nación, sigue abierta: falta dar con el prófugo y determinar cuántas personas más pasaron por el mismo circuito antes de que los controles en Ezeiza frenaran, al menos por un momento, la cadena.
