La Cámara Federal de Resistencia ratificó la prisión preventiva del exmilitar en la causa que lo investiga por asociación ilícita vinculada a la Masacre de Margarita Belén. Los jueces advirtieron el riesgo latente de que el imputado obstruya la búsqueda de los restos de las víctimas desaparecidas.
Viernes, 17 de julio de 2026
El genocida Horacio Losito seguirá detenido. En una audiencia celebrada este viernes mediante plataformas digitales, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por la defensa del represor multicondenado. De este modo, el tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva (domiciliaria) y rechazó su pedido de excarcelación en el marco de la causa donde se lo investiga por el delito de asociación ilícita, derivado de su participación en crímenes de lesa humanidad.
El fallo lleva la firma de los jueces de cámara Patricia Beatriz García, Rocío Alcalá y Enrique Jorge Bosch, quienes consideraron que persisten de manera “sólida” los riesgos de peligrosidad procesal y entorpecimiento de la investigación.
Durante la audiencia pública, el representante de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, Diego Vigay, se opuso a la libertad de Losito. Argumentó que el riesgo procesal es concreto dado que la pesquisa penal continúa su curso, enfocada de manera prioritaria en la búsqueda, localización e identificación de los restos de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén que aún permanecen desaparecidas.
Entre las medidas probatorias que están pendientes de producción, el fiscal destacó los estudios de ADN sobre restos óseos hallados en la costa paraguaya del río Paraná.
Asimismo, la fiscalía alertó sobre la jerarquía militar que ostentó Losito (ex teniente y oficial auxiliar de inteligencia del Regimiento de Infantería N° 9 de Corrientes) y denunció que los movimientos geográficos realizados por el represor durante el período en que gozó temporalmente de libertad condicional coincidieron de manera alarmante con zonas vinculadas a la búsqueda de los cuerpos.
A este panorama se sumó un informe interdisciplinario de Casación Penal que detalló la total falta de empatía de Losito hacia los familiares y la ausencia de reconocimiento del daño infligido.
La libertad de Losito, que combatió en Malvinas con el padre de la actual Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, fue concedida en diciembre de 2024, a pocos días del aniversario de la referida Masacre, por el juez Juan Manuel Iglesias, del Tribunal Oral Federal de Resistencia.
Como antecedente, se sabe que cuando logró obtenerla por primera vez (en diciembre de 2023, también gracias a Iglesias, luego revocada por Casación) el propio condenado había festejado al grito de “Viva la libertad” y fue acompañado por quienes reivindican el accionar represivo durante la dictadura cívico-militar, considerando que con ello se iniciaba una “nueva época” en línea con las propuestas del entonces entrante gobierno de La Libertad Avanza.
En abril de 2025, a raíz de la “Semana de Malvinas” en el Senado de la Nación, el genocida fue convocado para que participe de la conferencia “Los guerreros de TOP Malo House hablan del feroz combate”, acto a cargo de Nicolás Kasanzew, uno de los asesores más cercanos a la vicepresidenta Villarruel.
Este acto tuvo como consecuencia marcados repudios en distintos sectores, incluso la Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco expresó su rechazo y preocupación ante el homenaje realizado al represor. En julio de 2025, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la libertad condicional que le había sido otorgada. La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia.
Estructuras de poder e impunidad
Al momento de fundamentar la resolución, el tribunal de alzada respaldó la postura fiscal. Los magistrados señalaron que el riesgo procesal en causas de lesa humanidad no se mide por la capacidad física de fuga, sino por “los posibles vínculos que aún conserve con las estructuras de poder capaces de persistir en el país desde las cuales se habría perpetrado el delito”.
“La gravedad extrema de los hechos investigados lleva ínsito el propósito de asegurar la impunidad mediante el ocultamiento de la verdad”, remarcaron los jueces en la resolución, subrayando que la libertad de Losito representa un potencial amedrentamiento para testigos y víctimas, además de un peligro de alteración de pruebas esenciales para reconstruir el destino final de los desaparecidos.
La defensa oficial de Losito, ejercida por Juan Manuel Costilla, había fundamentado el pedido de libertad bajo el argumento de que el exmilitar ya purga una condena a prisión perpetua desde 2005 por otras causas, entendiendo de manera accesoria que los tiempos de detención debían unificarse o computarse de forma conjunta para dictar el vencimiento de los plazos de la prisión preventiva.
Sin embargo, la Cámara Federal desestimó de plano este agravio técnico basándose en el artículo 317 (inciso 2°) del Código Procesal Penal de la Nación. El tribunal dictaminó la estricta autonomía de los cómputos, aclarando que el encierro sufrido por condenas en expedientes ajenos no es transferible a nuevas investigaciones.
En esta causa específica por asociación ilícita —delito que prevé una pena máxima de 10 años—, la detención cautelar de Horacio Losito comenzó a computarse formalmente el 12 de junio de 2026. Al llevar apenas un mes bajo esta medida restrictiva, los jueces determinaron que se está muy lejos de alcanzar los límites temporales que habiliten legalmente una excarcelación.
Con esta resolución, la justicia federal de la región bloquea un nuevo intento del represor por conseguir la libertad y prioriza el resguardo de las líneas de investigación que buscan romper el pacto de silencio sobre el destino de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar.
Terrorismo de Estado, Malvinas y los juicios
Los problemas de Losito comenzaron en 2003. Era el agregado militar de la Embajada Argentina en Roma designado en 2001 por el expresidente, Fernando de la Rúa. Pero una carta de Mirta Clara (exdetenida política y viuda de Néstor Sala, asesinado en la Masacre de Margarita Belén) significó su caída en desgracia, según recuerda el periodista Gonzalo Torres en su libro “Juicio y castigo en el Chaco (volumen 1) – Causa Masacre de Margarita Belén (2010 – 2011)”.
“Horacio Losito no puede representar a nuestro país, al Ejército Argentino en su intento de democratización ante la cuestión pública, en momentos en que Italia exige juicio y castigo para los desaparecedores de sus ciudadanos y en que la Corte Penal Internacional rige como instancia de garantía en la observancia y concreción de las leyes”, decía la carta de Sala que llegó hasta el expresidente, Néstor Kirchner. Fue el propio Kirchner que luego de leer esa misiva ordenó el regreso inmediato al país de Losito para que rinda cuentas ante los tribunales argentinos.
Y así lo hizo: en 2008, fue condenado a 25 años de prisión en la Causa Regimiento de Infantería 9, en Corrientes, por torturas en el centro clandestino que funcionó allí. Por los testimonios de los sobrevivientes se supo que participó en allanamientos y en interrogatorios bajo tortura, junto con el genocida Juan Carlos De Marchi, apodado “el electricista” por su destreza en el manejo de la picana.
Cuando realizó su declaración indagatoria al comienzo del juicio, antes de la etapa de testimoniales, Losito hizo honor a su carácter: señaló que se atiene a los “reglamentos militares” desconociendo la potestad del Tribunal, y arremetió duramente contra fiscales, querellantes y hasta contra los camarógrafos de la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual.
Enojado por la posición original del banquillo de imputados, en diagonal a la silla que ocupan los testigos, pidió que durante las declaraciones testimoniales se lo siente en un lugar donde pueda “ver a la cara a los testigos”, lo cual le fue concedido, recordó el periodista Torres.
El 16 de mayo de 2011, tuvo otra condena. Pero esta vez a prisión perpetua y en el Chaco, por su papel como uno de los ejecutores directos de la Masacre de Margarita Belén, en un enfrentamiento fraguado contra detenidos y detenidas por razones políticas, quienes se encontraban maniatados y moribundos luego de un suplicio de varias horas durante la noche del 12 de diciembre en el comedor de la Alcaidía de Resistencia.
Durante los debates en Resistencia, se la pasó trajeado y en posición de firme, a veces de pie, gesticulando y “bajando línea” a los abogados que lo asistían o a sus compañeros de juicio. A la fecha, no pronunció palabra respecto del destino final de varias de sus víctimas desaparecidas.
Última condena
La última condena la recibió en noviembre de 2023. El Tribunal Oral Federal de Corrientes lo sentenció a 25 años de prisión junto a otros seis ex militares y ex gendarmes por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos contra más de 100 personas en la subzona militar 23 durante la última dictadura cívico – militar.
El juicio abarcó los crímenes cometidos en jurisdicción de la Brigada de Infantería VII, que tenía su sede en la ciudad de Corrientes y tenía responsabilidad sobre las provincias del noreste argentino, Chaco, Formosa, Misiones y parte de Corrientes.
En la región funcionaron varios centros clandestinos de detención, uno de los más importantes estuvo en el Regimiento de Infantería 9 (RI 9) de Corrientes, dependencia militar que llevó adelante la represión en la provincia.
