El gobierno nacional oficializó el nombramiento de Ana Juan como titular del Juzgado Federal de Hurlingham, creado por ley en noviembre de 2015 y nunca puesto en funcionamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue menos de diez días después de que su marido, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, dictara la resolución que apartó a los querellantes damnificados por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, en una causa que investiga la intervención del propio presidente Javier Milei en la promoción de la misma.
Miércoles, 15 de julio de 2026
El Boletín Oficial publicó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, con competencia en los partidos bonaerenses de Merlo e Ituzaingó. El nombramiento, que completa uno de los cuatro pliegos que ya contaban con acuerdo del Senado, tiene un dato que lo carga de sentido político: Juan es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que tiene a su cargo la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el episodio que salpica más de cerca al propio Milei desde que asumió la presidencia.
La designación llegó apenas días después de que Martínez de Giorgi firmara un fallo que le complicó el camino a la acusación en ese expediente. El viernes 3 de julio, el juez apartó a dos grupos de querellantes —entre ellos inversores que habían sido aceptados como acusadores privados por la Cámara Federal— tras un planteo del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados y señalado como el nexo entre Milei y Hayden Davis, el creador del token. Con esa resolución, esos querellantes perdieron la posibilidad de pedir medidas de prueba, insistir con indagatorias o apelar decisiones, y quedaron reducidos a un rol secundario en la causa.
El propio fallo abrió, además, una discusión de fondo: Martínez de Giorgi puso en duda que las pérdidas sufridas por los inversores alcancen para hablar de una estafa, al sostener que “aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley”. Los querellantes desplazados ya anunciaron que apelarán ante la Cámara Federal.
Un pliego que dormía desde 2015
El Juzgado Federal de Hurlingham fue creado por la ley 27.225 y todavía resta que la Corte Suprema determine su habilitación definitiva. Según consignó Palabras del Derecho, Ana Juan había transitado sin éxito tres audiencias públicas previas, durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, sin lograr que su pliego llegara a votarse en el recinto del Senado. Esta vez, en cambio, consiguió una amplia mayoría de senadores para obtener el acuerdo.
El contraste entre los intentos fallidos de las gestiones anteriores y la rápida concreción bajo la administración de Milei alimenta la lectura política del nombramiento: la designación de la esposa de Martínez de Giorgi se conoció en el mismo momento en que el juez debe resolver el futuro de la causa que más incomoda al oficialismo, y en el que Novelli —el hombre que, según las constancias judiciales, tenía a Milei al teléfono cuando el mandatario tuiteó sobre el lanzamiento de la moneda— logró un primer respaldo judicial a su estrategia de defensa.
Un gesto hacia el juez de la causa que más preocupa al oficialismo
El nombramiento de Ana Juan se interpreta como una señal directa hacia el juez que tiene en sus manos el expediente $LIBRA. La lectura no es menor: la causa investiga si el propio presidente incurrió en alguna responsabilidad al promocionar en sus redes sociales una criptomoneda que se derrumbó minutos después de su lanzamiento y que terminó bajo sospecha de estafa, con perjuicios económicos para miles de inversores.
La resolución de Martínez de Giorgi también incorporó un dato que podría ser clave en el desarrollo futuro de la causa: calificó a $LIBRA como una “memecoin”, es decir, una moneda digital sin un proyecto concreto detrás, creada a partir de una tendencia y altamente volátil. La definición contrasta con la que había dado el propio Milei el 14 de febrero de 2025, cuando presentó a $LIBRA como un “proyecto privado que se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”.
Mientras la Cámara Federal deberá definir ahora la permanencia de los querellantes apartados —y resolver además la integración de la Sala I, en medio de la disputa por el reemplazo de Leopoldo Bruglia y la continuidad de Pablo Bertuzzi—, la novedad institucional de la semana terminó siendo la carrera judicial de la esposa del juez que decide sobre el expediente más sensible para el Presidente.
