En un nuevo guiño judicial al gobierno libertario, la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Gobierno a sostener el programa Volver al Trabajo, y desde agosto casi un millón de beneficiarios dejarán de percibir los 78 mil pesos mensuales. El fallo llega después de que el propio Ejecutivo, en abril, hubiera dado marcha atrás y restituido los pagos ante la presión judicial y social. Las organizaciones piqueteras ya anticiparon un plan de lucha con asambleas y cortes de ruta.
Martesa, 14 de julio de 2026
La Cámara Federal de San Martín revocó este lunes la cautelar que había obligado al Ministerio de Capital Humano a mantener el pago del programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo, y habilitó al Gobierno nacional a discontinuar de manera definitiva el beneficio a partir de agosto.
La decisión, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin sustento a más de 900.000 personas que hasta ahora percibían una prestación mensual de 78.000 pesos, uno de los ingresos más bajos entre los planes sociales vigentes.
El tribunal dejó sin efecto la resolución del Juzgado Federal de Campana, que en abril había ordenado sostener los pagos hasta tanto el Estado implementara una política sustitutiva que garantizara un nivel de protección equivalente. Los camaristas argumentaron que mantener el programa mediante una cautelar suponía un “adelantamiento del veredicto final” y remarcaron que el Poder Ejecutivo tiene plena facultad para diseñar, modificar o dar de baja programas sociales sin que los beneficiarios puedan alegar un derecho adquirido sobre su continuidad. También invocaron la presunción de legitimidad de los actos administrativos, un criterio que en los hechos blinda al Gobierno de cualquier revisión judicial mientras avanza con el desguace de los últimos programas de ingresos para los sectores más vulnerables.
Se trata del tercer vaivén judicial en torno a este beneficio en apenas unos meses. El Gobierno había anunciado el cese de los pagos para el 1° de mayo, pero terminó cediendo ante el fallo de Campana y depositó los montos correspondientes a mayo, junio y julio. Ahora, con la Cámara de San Martín de su lado, recupera el argumento para clausurar definitivamente el esquema y reemplazarlo por un programa de “capacitación laboral” que, según anunció la Secretaría de Trabajo, redireccionará los fondos hacia empresas y centros de formación en lugar de sostener transferencias directas a las familias.
Beneficio congelado
El trasfondo económico agrava el cuadro. El ingreso de 78.000 pesos quedó congelado desde que la gestión libertaria desacopló los programas sociales del salario mínimo, vital y móvil, del que hasta entonces representaba el 50%. De no haberse producido ese desacople, el beneficio debería rondar hoy los 186.200 pesos: la pérdida acumulada equivale a un 58% respecto de lo que marcaba la norma original y a un 76% si se la compara con la evolución de la canasta básica alimentaria. En paralelo, Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello— discontinuó el envío de alimentos a los comedores populares, un combo que golpea de lleno a la asistencia social en los barrios.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) la respuesta fue contundente: la organización sostuvo que “la Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores” y anticipó que continuará con acciones judiciales y reclamos callejeros. En la misma línea, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni cuestionó con dureza la medida y sostuvo que el Gobierno “reafirma el desprecio que siente por los trabajadores sociales de los comedores populares”, al tiempo que confirmó que “casi un millón de personas se quedan sin ingreso”. Belliboni adelantó además que las organizaciones “van a salir a responder con los métodos históricos del movimiento piquetero: asambleas y cortes de ruta”.
De no mediar una nueva intervención judicial, el programa dejará de pagarse a partir de agosto, cerrando uno de los últimos dispositivos de contención de ingresos para la economía popular que sobrevivía desde la gestión anterior, en momentos en que crece la conflictividad social por el ajuste sobre los sectores más postergados.
