En una audiencia que se desarrollará este miércoles, la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña escuchará a las partes y decidirá si confirma o revoca la decisión del Juzgado de Garantías de apartar al diputado denunciante Santiago Pérez Pons como querellante en la causa. La fiscal incorporada a la instrucción por el Procurador Adjunto dictaminó por avalar el apartamiento, en sintonía con los deseos del clan Cipolini de lograr el cierre del caso.
Martes, 14 de julio de 2026
La causa que investiga a funcionarios de la gestión Cipolini por presuntas irregularidades en la inversión de recursos municipales de Presidencia Roque Sáenz Peña en instrumentos financieros de alto riesgo se aproxima a un punto de no retorno. Es que al apartamiento del fiscal originario del caso, Marcelo Soto, que consiguió el intendente Bruno Cipolini a través de una maniobra que rozó la ilegalidad, luego se sumó la decisión del juez de Garantías, Luis Kubicek, de sacar de la causa al querellante, el diputado Santiago Pérez Pons. Esa medida fue apelada y aún no se encuentra firme. Sin embargo, todo parece indicar que en la audiencia que tendrá lugar este miércoles en la sede de la Cámara Segunda en lo Criminal de la Ciudad Termal quedaría sellada la suerte del caso y se confirmaría la salida de quien fuera el denunciante y quien había motorizado hasta ahora el avance de la investigación.
La resolución de apartar a Pérez Pons como querellante también tiene el aval de la fiscal de Cámara, Andrea Bastos, quien fue nombrada por el Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina, para colaborar en la investigación penal preparatoria que, tras un festival insólito de excusaciones, quedó finalmente en manos del fiscal Gustavo Valero. Todas estas señales agigantan las expectativas favorables del jefe comunal para avanzar con un cierre exprés de la causa en la que su mano derecha, el secretario de Gobierno, Diego Landriscina, fue imputado como presunto autor de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos, todos en concurso ideal.
Los argumentos de Pérez Pons contra el apartamiento
En el escrito de apelación contra la resolución del Juzgado de Garantías que resolvió apartarlo como querellante, el abogado del diputado Santiago Pérez Pons planteó como argumentos centrales que la resolución fue dictada cuando estaba pendiente una recusación contra el juez Kubicek, que no se identificó afectación real a la defensa ni a la investigación que justificara invalidar la admisión como querellante por parte del anterior fiscal y que el juez fragmentó y descartó de forma aislada la condición de denunciante, vecino y diputado provincial del querellante, sin ponderar el conjunto ni el contexto de delitos contra la administración pública municipal.
Otro eje fundamental del planteo fue que al estar investigados el intendente y funcionarios municipales, el propio Municipio no podía ejercer una defensa efectiva del patrimonio afectado, lo que reforzaba la necesidad de mantener al querellante.
La presentación de Pérez Pons también señaló que la exclusión se resolvió sin debate previo suficiente sobre la cuestión de legitimación y que existían alternativas menos gravosas que la exclusión total y definitiva de la querella.
Así las cosas, seguramente la decisión que tome tras la audiencia el juez de la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, Nelson Pelliza Redondo, en Sala Unipersonal, no solo resolverá una cuestión meramente formal sobre la legitimidad o no del diputado Pérez Pons para ser parte querellante en esta causa de alto interés público que involucra el manejo de millonarios recursos del Municipio de Sáenz Peña. También podría sellar el destino de la misma, teniendo en cuenta que el mayor impulso a la investigación corrió justamente por cuenta de la querella. Esto no haría más que confirmar las sospechas que rodean el caso desde un comienzo: que el clan Cipolini utilizaría todos sus recursos para cerrarlo lo más rápido posible.
