El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario, con la actuación unipersonal del juez Osvaldo Facciano, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a tres hombres por integrar una asociación ilícita tributaria que, entre 2018 y 2024, emitió casi 40.000 facturas apócrifas por $10.000 millones a través de 150 usinas, generando un crédito fiscal de IVA superior a los $2.000 millones.
Miércoles, 8 de julio de 2026
Tres hombres fueron condenados en el marco de un acuerdo de juicio abreviado por haber conformado, entre 2018 y 2024, una asociación ilícita fiscal dedicada a la emisión de facturas electrónicas apócrifas. La decisión quedó en manos del Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario, integrado de forma unipersonal por el juez Osvaldo Facciano, quien homologó el entendimiento alcanzado entre las defensas y el Área Investigación y Litigio Casos Complejos-Oficina Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari, representado en la audiencia por los fiscales coadyuvantes Ignacio Falconi y María Virginia Sosa.
Marcelo Fabián Frontini y Gabriel Oscar Acosta recibieron cuatro años de prisión como autores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto en el artículo 15 inciso C de la ley 27.430. El contador público Guillermo Luis Pigozzi, en tanto, fue considerado partícipe secundario del mismo delito: se le impusieron tres años de prisión de ejecución condicional y una inhabilitación especial de seis años para ejercer su profesión. El juez Facciano dispuso además el decomiso de un vehículo Audi A4, una camioneta Ford Ranger Limited, $1.318.000 en efectivo y diversos dispositivos electrónicos de almacenamiento y comunicación.
Una “usina de papel” de alcance millonario
La organización, conocida mediáticamente como “la banda de los contadores” por la profesión de uno de los imputados, operaba principalmente en las localidades santafesinas de Casilda y Sanford. Según la investigación, entre el 1° de enero de 2018 y el 7 de mayo de 2024 el grupo emitió 39.195 comprobantes electrónicos a través de la creación de 150 usinas apócrifas, por un monto neto de $10.948.592.132. Esa operatoria generó un crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado de $1.652.546.622.
A esa maniobra se sumó otra de menor escala pero igualmente relevante: entre el 25 de enero y el 29 de mayo de 2024, mediante la creación de 9 usinas apócrifas adicionales, habrían emitido 1.579 comprobantes manuales y tickets electrónicos por $997.373.944,11, con un crédito fiscal de IVA de $166.341.748,89, según los registros de ARCA.
Escuchas, tareas de campo y el rastreo de una IP
La pesquisa combinó escuchas telefónicas con numerosas tareas de campo, que permitieron reunir una amplia cantidad de prueba. Ese material fue clave para que la exAFIP Rosario detectara que, a través de una IP particular, distintas personas jurídicas realizaban maniobras mediante usinas generadoras de miles de facturaciones.
A partir de esa detección, y de las medidas ordenadas por la Unidad Fiscal Rosario, se identificaron las computadoras asociadas a los comprobantes electrónicos, se individualizó a los responsables y se estableció el rol que cada uno cumplía dentro de la organización.
