Desde hace más de un año, una abogada de Resistencia viene batallando contra la obra social provincial para que cumpla con una sentencia que le ordenó cubrir una cirugía para remover un tumor en su maxilar. Para el juez que hizo lugar a la acción de amparo, los argumentos dados por el organismo fueron “desaprensivos”.
Jueves, 2 de julio de 2026
Inés Pilmayquén Reina viene dando una verdadera batalla para conseguir que su obra social, el InSSSeP, cumpla con un fallo judicial que le ordenó cubrir el tratamiento para su diagnóstico de “deformación de rama inferior de la mandíbula izquierda”. El amparo se presentó en el año 2024 y obtuvo sentencia definitiva a su favor en febrero del 2025. Desde ese momento Inés espera que la obra social efectivice la derivación al Hospital Austral Universitario de Buenos Aires.
En la sentencia, a la que pudo acceder LITIGIO, se leen argumentos de la obra social para rechazar el amparo que rozan la crueldad y fueron calificados por el Juez como “desaprensivos”. La obra social se escudaba en que el tumor era benigno y pedía además que la derivación sea pedida por otros profesionales especialistas distintos a los que presentó la paciente.
El magistrado dio por acreditada la urgencia de la intervención -hace más de un año- basándose en las pruebas que acreditan que sufre dolores extremos, deformación progresiva del rostro, afectación motriz. Le reconoció su derecho a ser atendida por profesionales de su confianza ya que necesita una cirugía cerebral que podría extenderse por ocho horas con una intervención de al menos tres cirujanos.
Sin embargo, el InSSSeP sigue sin otorgar la derivación, por lo que Inés decidió pedir la aplicación de astreintes ante el incumplimiento. En la actualidad se ve obligada a tomar altas dosis de morfina para mitigar el dolor. Aún así el padecimiento es tan intenso que se desmayó en la vía pública, permaneciendo internada por tres días. Hasta el momento la obra social sólo autoriza nuevos estudios que sólo confirman que el tumor sigue creciendo. La presión que ejerce sobre el nervio trigémino afecta al sistema nervioso central que produce cefaleas discapacitantes, vómitos y dolores agudos en todo el cuerpo.
Es tan grave la situación que en agosto del 2024 el IPRODICh (Instituto Provincial Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad) le otorgó el certificado de discapacidad.
El amparo fue dictado por el Juez Héctor Sandoval, quien integra la Cámara del Crimen 1 y lo definió en Sala Unipersonal. El magistrado resaltó que el derecho a la salud posee el más alto grado de protección constitucional y convencional. Explicó que el InSSSeP brinda un sistema de afiliación obligatorio e integral, por lo que debe garantizar servicios de salud amplios que permitan al afiliado atenderse con profesionales de su confianza cuando la gravedad del caso lo requiera, por encima de las limitaciones de sus reglamentos internos.
